La campaña electoral nacional continúa su marcha bajo el manto de desconfianza ciudadana que dejó la elección de Tucumán del 23 de agosto, provincia donde todavía no se sabe quién ganó o si se deberá volver a votar. Aunque el Gobierno nacional negó desde un primer momento cualquier posibilidad de que haya existido fraude y culpó a la oposición de preparar un clima de crisis institucional para deslegitimar "preventivamente" la elección presidencial del 25 de octubre si en la misma resulta triunfador el Frente para la Victoria, esta semana la Casa Rosada dio el brazo a torcer y aceptó hacer algunos cambios para dotar de mayor transparencia a los comicios venideros.
El Director Nacional Electoral, Alejandro Tullio, de origen radical pero kirchnerista converso, mandó notas a la Cámara Nacional Electoral, el máximo órgano de la Justicia Electoral, que venía solicitando desde hace mucho tiempo medidas al respecto. Por ahora, el oficialismo nacional se estaría comprometiendo a poner GPS en los camiones del Ejército que se encargan de trasladar las urnas, a montar un circuito de televisión cerrado que permita a los partidos ver cómo se cargan los datos en el Correo durante el escrutinio provisorio, a comprar papel carbónico para que haya copias de las actas de escrutinio y a confeccionar un sobre-funda inviolable para que dichas actas no puedan ser abiertas ni manipuladas desde que son firmadas por las autoridades de mesa hasta que llegan al lugar donde se carga la información.
Estas medidas ofrecidas por la Casa Rosada no son todas las que pide la oposición ni las organizaciones de la sociedad civil que luchan por un sistema electoral más transparente, quienes directamente reclaman que se eliminen los telegramas del Correo, que en Tucumán han sido la mayor prueba de fraude, y que además se tomen decisiones para desalentar el robo de boletas, como por ejemplo que se dé a los presidente de mesa un fajo extra de papeletas de todos los partidos para que las usen cuando los ciudadanos no encuentran en el cuarto oscuro la boleta del candidato que desean votar.
Este giro del Gobierno nacional en pos de la transparencia tiene como origen la urgencia por correr el manto de sospechas que hoy cubre a todo el proceso electoral en curso y por devolver al mismo la confianza que la ciudadanía ha perdido. Según la mayoría de las encuestas que trascendieron luego de las PASO nacionales, el kirchnerismo no está en condiciones hoy de ganar en primera vuelta. Pero algunos de estos estudios proyectan la posibilidad de que el Frente para la Victoria sí pueda obtener el triunfo en esta instancia pero sólo por la cantidad mínima de votos exigida por la Constitución. De modo que si Daniel Scioli se convierte en el próximo presidente el 25 de octubre por superar por poco el 40% de los votos (y obtener 10 puntos de diferencia sobre su inmediato perseguidor) necesitará más que nadie que su victoria no se vea empañada por dudas de fraude e irregularidades como las que persisten en Tucumán. Nada menos que la legitimidad de origen del próximo gobierno está en juego en todo esto.
Mientras el oficialismo empieza a dar muestras de sensatez a cuentagotas (recordemos que la Presidenta no condenó las urnas quemadas en Tucumán y su alter ego, el candidato a vicepresidente Carlos Zannini, sostiene que es la oposición la que busca herir de muerte a la democracia), la campaña presidencial fluctúa entre denuncias de corrupción u operaciones mediáticas y los primeros esbozos de Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa por decir y explicar qué harán con los grandes temas sin resolver que les dejará como pesada herencia Cristina Fernández. Las hipótesis sobre devaluaciones y ajustes drásticos o graduales comienzan a estar en la mesa de discusión. Aunque todos están empeñados en negar estos escenarios para no espantar votantes, los tres principales candidatos decidieron presentar en sociedad los rostros de sus eventuales gabinetes económicos para transmitir confianza. Están dando así señales de quiénes podrían ser los ejecutores de decisiones difíciles que el próximo gobierno deberá tomar para encauzar la economía post-cristinista.
Scioli se mostró con Miguel Bein, el hombre más heterodoxo de la "city" porteña que seduce tanto a los mercados como al ala más racional del kirchnerismo. Bein posiblemente no acepte ser su ministro de Economía pero es, sin dudas, el mejor comunicador que puede enseñar Scioli para llevar tranquilidad con propuestas tan lógicas como alejadas de los sermones de Kicillof contra empresarios y posibles inversores. Bein no tiene empacho en criticar algunos subsidios a sectores ricos de la sociedad que el kirchnerismo ha sostenido durante doce años. Reconoce que el campo argentino pasa un mal momento, que hay que acordar tras una dura negociación con los "buitres" y que el cepo al dólar hay que sacarlo pero teniendo ojo porque las reservas del Banco Central "han perdido liquidez".
Macri, consciente de la pésima imagen que tiene Carlos Melconián, mandó a hablar con los medios a Rogelio Frigerio (nieto), un hombre que sintoniza con el discurso desarrollista -no sólo por el apellido- que el mismo oficialismo busca hacer propio pero que a la vez defiende las dos medidas más polémicas que promete el candidato de Cambiemos: la eliminación del cepo cambiario y de las retenciones al agro desde el primer día de gobierno.
Massa, en tanto, muestra como cartas ganadoras a Roberto Lavagna y a Aldo Pignanelli, quienes en el gobierno de transición de Eduardo Duhalde sentaron las bases del despegue económico que luego supo aprovechar Néstor Kirchner.
En rigor, no hay tantas diferencias -sólo matices- entre las visiones de Bein y Lavagna. Lo que sucede es que Massa entiende que Scioli no podrá poner a Bein al frente de la Economía y deberá nombrar a alguien sin poder real -como podría ser su actual ministra bonaerense, Silvina Batakis- que deberá lidiar con la tropa que Kicillof dejará en organismos como el Banco Central que son clave para la programación económica. "No podrá hacer nada porque Cristina lo retará", dice Massa sobre el gobernador bonaerense.
Mientras estos temas realmente cruciales empiezan a asomar tímidamente, la campaña también se enreda en denuncias de corrupción y acusaciones cruzadas que son moneda corriente en la política argentina y a la que nos hemos acostumbrado como sociedad, al punto de que hoy para muchos argentinos es algo natural que haya corrupción en el Gobierno nacional, en el de las provincias o en los municipios.
El caso del periodista deportivo Fernando Niembro, primer candidato a diputado nacional de Cambiemos en provincia de Buenos Aires, y sus negocios poco claros con el Gobierno porteño a través de una empresa sin empleados ni infraestructura, deja a los socios de Macri como Elisa Carrió, que siempre luchó contra la corrupción y el capitalismo de amigos, en un lugar incómodo. Cínicamente, el kirchnerismo salió a llevar agua para su molino golpeándose el pecho, pese a que esta misma semana la querella en la causa por la tragedia de Once, donde murieron más de 50 personas, pidió 15 años de prisión para dos ex funcionarios de Transporte del gobierno de Cristina Fernández: Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Se los acusa de haber entregado subsidios a las firmas que operaban las líneas de trenes que no fueron usados para mejorar los coches como el que se estrelló en Once sino que fueron directamente a los bolsillos de empresarios amigos. La corrupción mata pero en Argentina se ha naturalizado.
