Con gesto adusto, Rodolfo Suárez hizo el anuncio como al pasar. En medio de una larga argumentación sobre por qué cree que Mendoza necesita a la minería, deslizó la frase más importante de su alocución: “Voy a suspender la reglamentación de la ley”. Después siguió con la construcción del relato que el Ejecutivo pretende instalar ahora para ganar la batalla discursiva, sabiendo que perdió la de la calle.
El Gobernador se apoya en una “mayoría silenciosa” (como la llamó ayer) que creería en el mensaje oficial: la minería no es sinónimo de contaminación per se y la Ley 9.209 ha previsto los controles ambientales necesarios.
“Es evidente que esto no se está entendiendo en la sociedad”, dijo en otro pasaje de su alocución y lo atribuyó a las “mentiras”, el “miedo” y la “confusión” que se vierte “por las redes sociales”.
Mientras el Gobierno se refugió en el silencio tras la aprobación de la reforma de la 7.722, las marchas callejeras dieron visibilidad al reclamo ambientalista, que no se detuvo ni en Navidad. Ahora, Suárez corre de atrás para instalar su discurso.
Por eso en las asambleas por el agua leyeron el anuncio de ayer como un triunfo suyo o, mejor dicho, como una derrota del Gobierno. Hasta se envalentonan con lograr la derogación de la reforma, que el camaleónico PJ salió a respaldar ayer después de haberla votado hace seis días.
Pero en el Ejecutivo aún confían en que ganarán la batalla por el relato sobre la minería.
¿Cómo? Con suarismo explícito: apostando al diálogo al que ayer, tardíamente, el Gobernador convocó.
