Mendoza, cuna de la libertad sudamericana, es también la principal provincia vitivinícola y, desde 2005, una de las grandes capitales mundiales del vino.
Y a su principal centro urbano, la Capital, se lo valora por sus parques, con el General San Martín a la cabeza, y sus variadas plazas.
No obstante esas cualidades (y muchas otras de las que no podemos nombrar todas, entre las que se cuentan los circuitos de montaña, el Aconcagua y sus reservas naturales), la ciudad de Mendoza y los departamentos aledaños, no disponen de un adecuado tratamiento de sus residuos domiciliarios, algo superado hace tiempo en muchas urbes del mundo.
Es increíble pero real: nuestras basuras domiciliarias se sacan en bolsas de plástico a canastos individuales situados frente a nuestras viviendas, con residuos sin clasificar (vidrios, plásticos, cartón y desechos orgánicos) y son recolectados en horario nocturno por camiones que las compactan y luego las depositan en terrenos aledaños al norte del Gran Mendoza, donde, además de contaminar el ambiente, son focos de infección para la población que vive en los alrededores.
Aunque no se crea, aún son fuente laboral degradante y riesgosa para muchos mendocinos, no pocos niños entre ellos, que hurgan en ese “mar” de desechos en busca de cartones, papeles, vidrios y metales para comercializar.
Esto ocurre mientras la lucha contra la contaminación ambiental se proclama como prioritaria en el mundo entero, e inclusive estamos en las puertas de la XXV Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU, oficialmente COP25, que se realizará en diciembre en Santiago de Chile. No obstante el estado de convulsión que se vivió en el vecino país, ya se habría confirmado la realización de ese encuentro internacional.
Frente a este panorama, los ciudadanos nos enteramos que existe la posibilidad de conseguir un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para desarrollar en la zona norte de nuestro territorio y en el Valle de Uco, plantas recicladoras de los mencionados residuos, que además de ello producirán energía eléctrica.
Concretamente el programa se llama Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) y tendrá una base muy importante en Las Heras, donde se encuentra el vertedero controlado de residuos más grande del oeste del país, ya que recibe casi 70% de la basura que genera la población de Mendoza.
El otro componente de este plan tendrá por jurisdicción el Valle de Uco, con afectación directa a los tres departamentos que componen este oasis.
Es verdad que esta obra, de grandes dimensiones, implica tomar un préstamo por unos 25 millones de dólares que entregará el BID, de los cuales 20 millones serán destinados al tratamiento de residuos en Las Heras, y los 5 millones restantes al Valle de Uco.
No negamos que será una carga financiera más para el Estado mendocino, pero los beneficios que aportará a la solución de un gravísimo problema ambiental, serán de una enorme trascendencia.
Algo que nos acercará a los mendocinos al primer mundo y que ofrecerá una fuente de trabajo digno para quienes hoy buscan en los basurales, con toda la degradación que ello implica, su fuente de sustento.
Habiendo pasado las elecciones, provincial y nacional, los proyectos de infraestructura básica tienen que continuar y deben los políticos de uno y otro signo acercar consensos que no pongan en peligro la realización de emprendimientos como el que estamos comentando.
Es hora de que nuestros representantes legislativos piensen en el bien común, antes que en posibles beneficios partidarios. Que piensen en grande, para ganancia de sus votantes y en el bien común, antes que en los intereses partidarios que puedan estar en juego. Que piensen en el gran desafío ambiental que se puede trabar y, de esa forma, continuar con el estigma de los basurales a cielo abierto.
