El afán del Gobierno por actualizar la base de contribuyentes para mejorar la recaudación impositiva sin tocar alícuotas encendió la mecha de un conflicto ante la inminencia de ajustes superlativos del impuesto Inmobiliario. Es que el régimen de Autodeclaración de Inmuebles que alcanza a parcelas particulares y productivas, además de superficies comerciales cuyo avalúo fiscal supere $ 2 millones, o bien estén cotizadas en $ 15 millones o más, hizo que las quejas ya se traduzcan en acciones judiciales ante la Corte contra el fisco provincial.
El alcance de la medida no es menor. Para Rentas hay al menos 675.000 parcelas en la provincia y alrededor del 1,2% entran al régimen. Según cálculos de los declarantes, la mayoría de las parcelas afectadas recibirán facturas del impuesto Inmobiliario entre 400% y 600% más elevadas que las actuales, aunque algunas tendrán subas aún mayores.
Llevado a números concretos, el dueño de un viñedo de Luján de Cuyo ya sabe que de los $ 32.000 que paga actualmente, le espera un salto abismal hasta cerca de $ 450.000 en las próximas boletas. Y en algunos barrios, sus propietarios proyectan que, al aplicarse la actualización del avalúo fiscal, se cuadruplica el monto.
En contra de la medida
Cuando faltan 48 horas para que se cierre la actualización y empiece a plasmarse en los nuevos valores, no son pocas las bodegas organizadas en torno a planteos judiciales de inconstitucionalidad contra la medida. Paralelamente, desde Bodegas de Argentina recogieron la inquietud y apuntan a ganar tiempo.
"Estamos analizando pedir prórroga. Se entiende que se paga poco y hay una ley provincial detrás, pero el cimbronazo es muy fuerte", dijo el gerente de Bodegas de Argentina, Juan Carlos Pina.
La entidad se basa en los planteos de 40 de sus asociados reunidos en la mañana del martes para solicitar una entrevista con el ministro de Hacienda Lisandro Nieri, a quien llevarán cifras contundentes del impacto: algunos viñedos pasarán a pagar cinco a seis veces más.
Los representantes del sector primario ven a la autoevaluación como un agravante. "Al impacto de esta medida hay que sumarle el 19% de aumento de mano de obra y el incremento un acumulado del 600% en tarifas", consignó Emiliano Palazzo, de la Federación de Cámaras Vitivinícolas.
Rodolfo Paulucci, de bodega Altavista, estimó que la base del impuesto Inmobiliario se multiplicará por 10 a partir del próximo bimestre para sus 100 hectáreas productivas repartidas entre Vistalba, Tunuyán y Tupungato.
Los productores frutícolas tampoco son excepción. Tras calificarlo de "desprolijidad", Daniel Brunetti, dueño de una finca de más de 50 años con 10 hectáreas de durazno en Godoy Cruz, consideró que "el Estado debe determinar la valuación por superficie y por zona e informar mejor".
Alfredo Cecchi, vicepresidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM) se mostró de acuerdo con el pedido de inconstitucionalidad, y de igual modo apoyó una extensión hasta tanto la Corte resuelva la medida.
Consultados por Los Andes, desde el Ministerio de Hacienda de Mendoza señalaron que "es antipático pagar más impuesto, pero no habrá excepciones". Pese a ser parte de un reclamo creciente, por ahora descartan una prórroga del plazo para actualizar valores, que en principio vence el jueves 31 de mayo.
Reclamos legales
La Cámara de Desarrollos presentó un recurso de amparo firmado por sus miembros y abierto a la adhesión individual de quienes se consideren afectados. Bajo la carátula en autos N°13-04327364-1 "Farres Pablo Daniel c/ Gobierno de Mendoza y ATM p/Acción de Inconstitucionalidad", la acción colectiva ingresó a la Sala 2 de la Corte, casi en simultáneo con el expediente "Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios c/Gobierno de Mendoza", que debe resolver la Sala 1 del máximo Tribunal. Antes de resolver la cuestión de fondo, la Corte deberá tratar una precautelar que solicita extender el plazo del 31 de mayo al 30 de junio.
"El régimen falta a tres principios constitucionales. Va en contra de la garantía de igualdad y la razonabilidad, porque la alícuota sigue siendo la misma y el fisco intenta avanzar por avalúo y por valor de mercado, planteando inequidad. El tercer principio al que falta es la confiscatoriedad, dado que implica un incremento que compromete una parte importante del ingreso de los afectados", argumentó Pablo Chesi, uno de los abogados que impulsan la acción.
Desde Palmares Open Mall su gerente, Diego Lago, admitió que también prevén, más allá de completar la autodeclaración, adherirse al planteo judicial. "El avalúo no ha sido sistemáticamente gradual, sino todo lo contrario, y eso atenta con las empresas", comentó.
Otros centros comerciales mantienen la sintonía. Adolfo Cioffi, de la Barraca Mall admitió evaluar cómo accionar legalmente, aunque sin dejar de presentar la autodeclaración. A su criterio, con este cambio se verán aún más afectadas la operaciones. "Tenemos un socio carísimo, que es el Estado, y esto debe modificarse si no atenta con la rentabilidad de las empresas", apuntó.
Por su parte, Eduardo Martín, director ejecutivo del Grupo Presidente y directivo de la Cámara, indicó que resulta lógico que se actualicen los montos de valúo fiscal, ya que más del 70% de las propiedades de Mendoza pagan menos de 1000 pesos al año. Sin embargo, "consideramos que es injusto que el resto deban pagar montos irrisorios, solo porque la propiedad está dentro de un barrio cerrado y el valor de mercado de ese bien es más alto que la misma vivienda pero en un barrio que no lo es. Planteamos que hay desigualdad en el tema. Porque hay algunos que pasarán a pagar más de 20 mil pesos al año, y se trata de trabajadores de clase media con una vivienda de no más de 120 m2, cuando la misma afuera paga 1.000 pesos, lo mismo que abona de Directv", puntualizó Martín, quien detalló que en el caso de las viviendas hay algunos que pasarán a pagar 200% más.
“El avalúo no ha sido sistemáticamente gradual y progresivo, sino todo lo contrario, y eso atenta con las empresas”, puntualizó el representante de la Cámara.
Cómo cumplir en tiempo y forma
La autodeclaración de inmuebles surge de la Ley 9.021 de Avalúo Fiscal y se hace a través de la Declaración Jurada de Valuación de Inmuebles (DJVI), disponible solo de manera online en la página web de Administración Tributaria Mendoza (www.atm.mendoza.gov.ar) desde el 1 de abril de este año hasta el 31 de mayo.
A diferencia de 2017, la autodeclaración incluye parcelas cuyo avalúo fiscal supere $ 2 millones para el Gobierno y propiedades (casas, fincas, galpones, edificios) cuyo precio de mercado sea de $ 15 millones o más. Para verificar las valuaciones actuales se debe consultar el valor que aparece en la última boleta o bien consulta la versión digital en la web de ATM.
Cabe indicar que esta valuación incluye tanto valor del terreno como de las mejoras realizadas. Por lo tanto, a la hora de hacer el cálculo no se debe considerar sólo el valor de la vivienda en sí, sino también otros ítems, como por ejemplo piscinas y cualquier clase de ampliaciones.
Las claves
Qué valor debe declararse
Debe declararse el valor de mercado estimado, es decir el precio al que se vendería a un tercero.
Cómo será el cálculo
Alícuota sobre “base imponible”: 50% de valor declarado, no menos a 2017 incrementado en 20%.
La cuenta de ATM
ATM recalculará el impuesto inmobiliario 2018 y si el contribuyente debe abonar más la diferencia se realizará en cuotas ya vencidas al 15 de junio de este año, como así también la opción anual.
Multas por incumplimiento
Si no se presenta la “autodeclaración” o la misma fuere incorrecta o incompleta, ATM puede aplicar multas por los incumplimientos sin acción administrativa previa que van desde los $ 3.500 a $ 50.000.
