Después de haber transcurrido 15 años de la declaración del cese de pago de la deuda y dos reestructuraciones mediante (2005 y 2010), la Argentina sale de la situación de default. Sin duda estamos frente a un hecho de enorme trascendencia económica y política; puede comenzar otro tiempo para el país. Recordemos algunos pasos de este proceso que dan fundamento a la afirmación anterior.
Luego de las reestructuraciones citadas, un grupo de bonistas, esencialmente fondos de inversión especulativos, no aceptaron las condiciones del canje e iniciaron juicios en los tribunales de Nueva York, bajo cuya legislación se habían emitidos la mayoría de los bonos. El litigio duró varios años y la Argentina perdió en todas las instancias quedando la sentencia firme y definitiva en 2014. El gobierno anterior se negó a pagar, la deuda siguió acumulando intereses y punitorios. Además, el juez Griesa, que había fallado en primera instancia, impidió el pago a bonistas de los canjes. El país quedó fuera del mundo financiero.
Producido el cambio de gobierno, de inmediato se inició una negociación, facilitada por el mediador Pollack, designado por Griesa, con los fondos litigantes y en cuatro meses se logró un acuerdo. Acuerdo que, dadas las condiciones de extrema debilidad en había quedado el país, ha sido considerado satisfactorio. El juez había permitido que los tenedores de bonos que habían hecho demandas o que no tuvieran sentencias firmes, participaran también del acuerdo; ello permitió que a la fecha ingresaran 98% de los bonos. El Gobierno ha dejado abierta la puerta para que entren los que faltan y así evitar nuevos litigios.
El largo default ha costado muy caro al país, al bienestar de todos sus habitantes en términos de oportunidades de inversión perdidas, atraso tecnológico, deterioro notable de la infraestructura pública. El ministro de Hacienda ha estimado esta pérdida en U$S 100.000 millones; por no haber pagado el 4% de esa suma que era la sentencia. Así como las acciones del gobierno del presidente Macri habían vuelto a insertar a la Argentina en el mundo de las relaciones políticas y jurídicas, la salida del default la vuelve a insertar en el mundo financiero internacional.
Efectivamente, para poder pagar el acuerdo, conforme a la ley del Congreso que los aprobó, el Gobierno emitió deuda en el mercado internacional, bonos a 3, 5, 10 y 30 años, este último plazo era la primera vez de colocación voluntaria. Esta colocación era la “prueba de fuego” de salida del default, saber cuál sería la reacción de los mercados financieros. El objetivo del Gobierno era obtener U$S 15.000 millones suficientes para pagar el acuerdo y un resto para alguna eventualidad.
La oferta ha sido sorprendente para todos, alcanzó U$S 68.000 millones y las autoridades de Hacienda aceptaron tomar U$S 16.500 millones a tasas promedio de 7,2%. El excedente sobre el monto necesario para pagar a los Fondos se usaría para aliviar la emisión necesaria para financiar el déficit fiscal y reducir la tasa de inflación.
Ahora bien, de aquí en adelante viene el dilema para la Nación y las provincias, volver a endeudarse para pagar el pésimo gasto corriente que tenemos o tomar deuda, en forma muy prudente, para inversión pública. Lo primero es decididamente inaceptable, lo segundo requiere tener prioridades y proyectos muy bien evaluados desde el punto de la conveniencia y rentabilidad social de los mismos. La experiencia de la “plata tirada” de los últimos años debería estar presente todos los días en los escritorios de los funcionarios. Reemplazar el ajuste fiscal por deuda pública es una vieja enfermedad argentina; es indispensable estar muy atentos a no recaer en ella.
