El kirchnerismo ha hecho de la falsificación de la realidad, del engaño (y autoengaño) un culto a lo largo de doce años. Sin datos estadísticos reales sobre casi nada, ha construido el mentado relato sobre un puñado de falsedades, repetidas hasta la náusea. Un caso emblemático es el meneado tema de la reindustrialización del país, que se habría desindustrializado por las políticas neoliberales de los ’90.
Ese proceso de recuperar una industria que se habría perdido ya lo había anunciado Raúl Alfonsín en 1983, bajo el lema “levantar las persianas de las fábricas cerradas”. Tanto en aquella etapa, como en la iniciada en 2002 con Eduardo Duhalde, la política económica estuvo orientada a un proceso de sustitución de importaciones o modelo de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI).
La política de ISI tiene larga historia, fue fundamentada y promovida por nuestro compatriota Raúl Prebisch, a mediados del siglo pasado, impulsada por la Cepal que él dirigía y adoptada por gran parte de los países latinoamericanos.
La Argentina en realidad ya había iniciado un proceso de ISI durante los años ’30 a consecuencia de la crisis mundial, proceso intensificado durante la Segunda Guerra Mundial, que dificultaba o impedía importar productos industriales, repuestos e insumos. Luego del golpe militar de 1943, y durante el gobierno de Perón, la ISI se adoptó como política deliberada, en el marco de ideas y políticas que propendían a la autosuficiencia nacional y del rechazo de los beneficios de la especialización y del comercio internacional.
Ese proceso comenzó por lo que entonces se denominaba la “industria liviana”, esto es: aquella que elaboraba productos sencillos como repuestos de máquinas y equipos, herramientas, muebles, artículos para el hogar, etc. Es decir, bienes que no requerían grandes requisitos de inversiones y tecnología y eran intensivos en el uso de mano de obra, que provenía de un fuerte proceso de desplazamiento de la población rural hacia los centros urbanos.
Esos bienes gozaban de una total protección por altos aranceles aduaneros, cupos, prohibiciones de importar, que les permitían tener un mercado interno cautivo, sin competencia. También el Estado apoyó a las empresas industriales con abundantes créditos, a tasas negativas de interés, dado que ya había aparecido el fenómeno de la inflación. Esos créditos se financiaron con los recursos de las cajas de jubilaciones, por entonces con amplios superávits.
Más adelante el desarrollismo dio un “salto cualitativo” en esta política proponiendo como objetivo desarrollar la denomina “industria pesada”, acero, productos químicos y petroquímicos, bienes de capital, energía y combustibles, con el propósito de alcanzar lo que por entonces se denominaba integración vertical de la industria.
Las medidas de política económica fueron muy similares, protección arancelaria, créditos “blandos”, mercado interno garantizado. En el caso del gobierno de Frondizi se sumó la apertura de estas actividades a la inversión extranjera directa. El resultado del proceso de ISI fue que la Argentina se constituyó en el país donde el sector industrial tuvo una alta participación en el PBI e igualmente en la población ocupada en esas actividades.
Pero esas políticas tuvieron varios aspectos negativos, que con el tiempo se convirtieron en una severa carga para la economía y el bienestar de la población. Una industria ineficiente, sin capacidad de competir en los mercados internacionales, con fuerte atraso tecnológico, necesitada de creciente protección, dependiente siempre del crédito generoso de la banca estatal y de ventajas impositivas.
A su vez esas políticas de protección industrial tuvieron un fuerte sesgo antiexportador, especialmente contra el sector agropecuario. Estos llevaban a la paradoja que la industria protegida necesitaba cada vez más dólares para importar los insumos que requería y el sector exportador, desalentado, producía cada vez menos. Es el mismo fenómeno al que asistimos ahora, del cual el cepo cambiario es su mejor expresión.
Finalmente cabe preguntarse si es verdad que el país se ha reindustrializado. Datos confiables son contundentes en desmentir tal afirmación. La participación de la industria en el PBI es del 16%, contra el 17,3% del período ’93/’99. El empleo industrial está en un 16% frente al 20% de los ’90 y las exportaciones son similares a las de entonces, gracias al acuerdo de la industria automotriz en el Mercosur.
