Apropiarse es tomar para sí algo, sea un ente ideal, un derecho o una cosa. Esa apropiación puede ser legal y legítima cuando se han cumplido los requisitos que las normas jurídicas establecen para ello.
Puede ser manifiestamente ilegal cuando es producto del robo, del delito; puede estar en esa zona gris que hemos ido creando en nuestro país con las ocupaciones de viviendas, terrenos, empresas quebradas, que paulatinamente parece que vamos a aceptar como “normales” y luego “legalizamos”.
Queremos reflexionar aquí sobre un tipo de “apropiación” más sutil, casi etérea e invisible, pero cuyas consecuencias son extremadamente nocivas para el país. Se trata nada menos que de la apropiación del Estado.
En un sustancioso documento elaborado por el Foro de Convergencia Empresarial, titulado “El rol del Estado y el buen gobierno republicano”, que hemos comentado en esta columna hace unos días, se ha definido con precisión dos conceptos que en nuestro país están habitualmente confundidos, Estado y Gobierno.
“Cuando en este documento nos referimos al concepto de Estado, lo hacemos recordando que Estado y Gobierno no son sinónimos. Y que la ciudadanía no debe permitir que los gobiernos -nacional, provinciales y municipales- se apropien del Estado”.
Señalando que la existencia de un Estado eficaz es esencial para la vida de una sociedad, destacan que “el Estado es la expresión de sus elementos sustantivos -población, territorio, soberanía-, sintetizados en una estructura de poder constitutivo de la cual es titular el propio Estado que éstos conforman”.
Ese Estado debe distinguirse del modo en que ese poder es ejercido por aquellos ciudadanos que son elegidos, o designados, para ocupar esos poderes.
Para ponerlo más sencillo, el Estado son los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo Judicial- y las múltiples dependencias que los componen; los gobernantes ejercen siempre transitoriamente su representación, pero el Estado no son ellos, no es de ellos.
El Estado es, en definitiva, la Constitución, la ley general e igual para todos los habitantes, el Estado es el estado de derecho, lo contrario de la discrecionalidad, del autoritarismo del “yo hago lo que quiero”.
Es aquí cuando deben insertarse las reflexiones sobre la apropiación del Estado y sus consecuencias. En primer lugar, es necesario insistir en la hipertrofia del Estado en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal.
Esa hipertrofia tiene al menos dos aspectos a destacar: por un lado, su desmesurado tamaño e ineficiencia y, por otro, el notable cercenamiento de las libertades y derechos de los ciudadanos, establecidos y garantizados por la propia Constitución.
Hay que decirlo sin tapujos, los habitantes de nuestro país nos hemos convertido en prisioneros del Estado; los ocupantes de él, los que se apropiaron de él, nos dicen a diario qué estamos obligados a hacer y qué nos está prohibido hacer. Quienes se han apropiado del Estado se han convertido en un verdadero “ejército de ocupación” del país.
¿Quiénes son los integrantes del este “ejército”? Obviamente, en primer lugar, los gobernantes electos y reelectos, muchos indefinidamente. Cuando no pueden hacerlo, hacen elegir a sus parientes; hay familias enteras, en particular en los municipios, que se suceden a sí mismas constituyendo verdaderas “tribus” cuya única ocupación ha sido estar y vivir del Estado.
Por cierto, la burocracia pública, en todos sus niveles, se ha acrecentado extraordinariamente en los últimos años, sin proceso de selección alguno. A la administración se ingresa vía parentesco, protección política, amiguismo. Igual que en el caso de los “electos”, aquí también grupos familiares amplios constituyen verdaderas y prósperas pymes con jugosos ingresos, muy superiores a las pymes que producen bienes o prestan servicios.
En última instancia, quienes se han apropiado del Estado son las múltiples organizaciones sindicales de empleados públicos, hoy los más fuertes, los que junto con los gremios del transporte paralizan totalmente al país. Esos sindicatos, mediante la parodia de una paritaria que no es tal, obtienen hoy incrementos salariales desmesurados que recaen sobre las espaldas de la sociedad productiva.
Quedan por cierto otros “apropiadores” del Estado, las “empresas del capitalismo de amigos”, la siempre renovada “patria contratista”, y las que reciben miles de millones de pesos en subsidios que nadie controla pero en las que sí hay “buenas participaciones”.
