Encerrado en los obstinados argumentos de su círculo íntimo, Francisco Pérez recibió esta semana tal vez el golpe más duro. Incluso peor que aquellos mazazos que en dos cuotas le había deparado el año pasado el calendario electoral nacional cuando la UCR se impuso en los comicios legislativos.
Si aquella derrota había dejado un sabor amargo, se explicaba en la incipiente ola corporizada en el cambio de clima social que preanuncia el debatido fin de ciclo kirchnerista. Ahora, este revés propinado por la Suprema Corte de Justicia, al hacer lugar al amparo presentado por el radicalismo por la modificación de la Ley de Contabilidad, parece ser más un fruto de la insistencia en los errores propios y algún desdén sobre el sentido de las normas; pero en especial, de cierta subestimación del poder de fuego de los adversarios.
Una luz al final del camino. Mientras tanto, y pese a la pirotecnia verbal y la escalada de los últimos días con amenazas incluso de iniciar juicio político a los supremos que firmaron la polémica resolución, los radicales tiran mensajes de paz: estarían dispuestos a discutir en breve el presupuesto 2014, incluso con algún endeudamiento “controlado”, si eso fuera necesario. Lo único que piden es acordar condiciones y variables de lo que ellos estiman será no sólo el último año de Pérez al frente de la provincia, sino también el inicio de una transición que esperan -elecciones mediante- los favorezca. Una apreciación que podrá sonar apresurada pero que nadie puede negar que carezca de fundamentos.
La propuesta radical fue acercada ayer en estricta reserva a través del jefe partidario, Sergio Pinto. El interlocutor oficial fue el ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla. ¿En qué consistiría? En tres simples puntos. El primero, la derogación de la polémica ley de reconducción presupuestaria. El segundo, la elaboración de un “plan de austeridad fiscal” confeccionado por el propio Ejecutivo a fin de equilibrar un déficit de 1.000 millones de pesos. Y el tercero, el compromiso público radical de votar un presupuesto “realista” (sin deuda) y atado a la evolución de la recaudación de los meses de julio y agosto.
Y si para esa fecha “nos demuestran que les falta dinero para llegar a fin de año, también nos comprometemos en setiembre a votar la autorización de la toma de deuda por 500 ó 700 millones” para lo que proponen un crédito del Banco Nación con tasas cercanas al 17 %, ejemplifica un referente radical de peso y al tanto de las negociaciones.
Por su parte, voceros del Ejecutivo también confirmaron el encuentro sabatino y ratificaron asimismo su vocación de firmar la pipa de la paz. Sólo que en prudente vigilia, descreen que la propuesta antes descripta sea de todo el radicalismo. Ven, con temor, que sólo represente al sector que responde al liderazgo de Alfredo Cornejo.
Sin embargo, contraofertan con la recuperación del denominado “presupuesto alternativo” que oportunamente el sector que responde a Enrique Vaquié en Senadores le aportó al Gobierno y que luego fue desestimado por el PJ. Ese proyecto incluía un endeudamiento de un poco más de 700 millones de pesos. Uno de los pocos puntos de encuentro entre ambas visiones, que sin embargo, todos esperan que llegue a buen puerto.
Dogma o no dogma. Ahora, ¿cómo se llegó a este callejón casi sin salida? Es que leguleyos al fin, los radicales entendieron que la Justicia podía ser un límite (tal vez el último) a la obsesión compulsiva de financiamiento pergeñada por el ministro Marcelo Costa y asimilada al pie de la letra por el gobernador para romper el patrón “ortodoxo” de gestionar solamente según los recursos que un Estado tiene. Por el contrario, la experiencia de los últimos años ha propuesto a los mendocinos sumar a los ingresos propios la toma de deuda como un método sistemático que pagarán los próximos gobiernos pero que asignará el actual según sus propios criterios. Toda una delicadeza del neopopulismo.
Esta concepción “hetorodoxa”, si se quiere, ha incrementado exponencialmente el presupuesto provincial en los últimos años (menos visible en los ciclos expansivos de la economía y expuesto cuando llegan las eras recesivas como la que vivimos por estos días). Más complicado aún si la paridad legislativa como la que hoy impera en Mendoza dificulta no sólo la aprobación del presupuesto y hace directamente imposible (de no mediar acuerdos con la oposición) la autorización de endeudamiento que la Constitución provincial indica con claridad que debe hacerse con los dos tercios de los miembros de ambas cámaras.
Justamente es esto lo que cuestionó el radicalismo, ya que la denominada “reconducción presupuestaria” que aprobó el gobierno en la Legislatura a través de mayoría simple habilita -de hecho- la venia para la toma de deuda que el oficialismo no obtuvo por otra vía. En este y otros espacios se consideró oportunamente que esa maniobra no fue más que un artilugio para violar Constitución. De allí parte la base de este enredo que hoy agobia a todos.
Por lo pronto, y más allá de que la Corte aún no se ha expedido sobre la cuestión de fondo respecto de la constitucionalidad o no de la modificación de la Ley de Contabilidad, y frente a ese atajo legal para “reconducir” el presupuesto 2013 ante la imposibilidad de acordar la pauta de gastos 2014, la sala I parece haber dado un mensaje de sentido común. Alejandro Pérez Hualde, Jorge Nanclares y Carlos Böhm (no firmó el fallo por estar de licencia) pusieron coto al uso irrestricto de endeudamiento que compromete recursos públicos a futuro y que a priori no cuenta con los dos tercios antes citados. Más allá de la antipatía y la furia que la resolución generó en el gobierno.
Una semana de terror. Sin embargo, probablemente ni el radicalismo, ni mucho menos la sala I contaban con el grado de histrionismo que Pérez y su gobierno exhibieron, lo que inmediatamente dio por caídas casi todas las obras, emprendimientos, subsidios y participación financiera alguna que el Estado tenga en la provincia. Esa sobreactuación, que pone en riesgo desde grandes e imprescindibles obras de riego, a plantas de tratamiento de residuos, viviendas, o el valor subsidiado del boleto de colectivos (¡¿?!) ha llevado la tensión institucional al máximo, justificando -incluso desde la óptica de un gobierno que ha sucedido a otro del mismo signo-, que el Estado provincial está al borde de la cesación de pagos.Del incendio. Del default, para decirlo en términos más a la moda. ¿Realismo o extorsión? ¿Caos o sincericidio?
En esa nueva y sorda batalla que desató esta semana entre el Gobierno y la UCR, desde el oficialismo se acusó a la sala I de “responder” a las expectativas políticas del radicalismo, e inmediatamente, se puso en marcha esa estrategia de victimización pensada para paralizar toda la obra pública (incluso aquella que depende del financiamiento nacional e internacional, que pese a la contraparte provincial no debería sufrir inconvenientes) para que cuando llegaran los reclamos poder facturárselos a la oposición.
Tal escenificación apocalíptica no parece haber calado hondo: los últimos presupuestos provinciales han subejecutado obra pública, esto quiere decir que no se gastó todo lo previsto pese a que las partidas existían, por lo que los opositores no creen que aunque existan dificultades adicionales, este año vaya a ser la excepción.
Asimismo, Pérez asumió con el compromiso de entregar el gobierno con “déficit cero” y por el contrario, cada año el rojo de las cuentas públicas ha ido en aumento. Y aún más, los voceros gubernamentales se quejan de que es inaudito que a esta altura del año Mendoza no tenga su presupuesto aprobado, algo que si efectivamente quisiera, el PJ y sus aliados podrían aprobar en cualquier momento en ambas cámaras con la mayoría simple que lograrían y -que en este caso- es apenas necesaria para contar con la pauta de gastos aprobada. Todavía más, en su edición de hoy, Los Andes revela que a mayo de este año la ejecución presupuestaria, producto de mayores ingresos, tiene un superávit de 1.300 millones de pesos. El mismo monto que Pérez reclama por endeudamiento.
Para la UCR esta instancia de la política judicializada tiene un alto valor simbólico porque pega allí donde más le duele al gobierno: la caja. Estiman, sin embargo, que la victoria no será tal hasta que la Corte defina el fondo del asunto, es decir, declare la inconstitucionalidad de la modificación de ley 8.667. Una decisión que esperan antes de que el asunto torne en abstracto, o se avecine la discusión del presupuesto 2015.
Lo cierto es que la política está fracasando. El clima generado parece habérsele ido de las manos a unos y a otros. Y no sólo eso, probablemente sea la de esta semana una clara fotografía de una provincia que se veía venir: esa que sin fondos, toca fondo. Antes de que eso suceda, será imprescindible retomar el diálogo, pero también sincerar posiciones para que ceder no sea tan difícil y que cooperar sea un poco más posible. La democracia es básicamente el reconocimiento del otro y la posibilidad de acuerdos. Todo lo que esta semana brilló por su ausencia.
