Inaugurado en 1971, durante la gestión de Francisco Gabrielli, el dique El Carrizal está llegando al límite de su vida útil -estimada en 45 años para este tipo de obras- como consecuencia del incremento en la acumulación de sedimentos.
De allí que el Departamento General de Irrigación haya decidido adoptar algún tipo de medidas que permita que ese tipo de represa, la única obra en Mendoza destinada exclusivamente para riego, pueda continuar dando vida a miles de hectáreas y trabajo a decenas de miles de productores y trabajadores rurales.
Los daños provocados por el calentamiento global son quizás el motivo de mayor preocupación a nivel mundial. No fue casualidad que los países decidieran suscribir un protocolo -el de Kyoto- destinado a eliminar las causas que están generando un alza permanente de la temperatura en el planeta.
Ese protocolo, en los hechos, es respetado por la casi totalidad de los países, a excepción de los dos más contaminantes: China y los Estados Unidos. El primero aduce que, luego de centenares de años sin actividad industrial, necesita ampliar su desarrollo en ese aspecto, mientras Estados Unidos dice que no cumplirá con lo suscripto hasta tanto China no adopte el mismo criterio.
Más allá de ese problema -grave, por cierto- a nivel individual los países también realizan sus propios estudios a los efectos de establecer lo que puede ocurrir en el futuro. Se realizan estimaciones sobre precipitaciones níveas, se estudian los glaciares y hasta se realizan proyecciones a los efectos de cubrir las necesidades de agua de las futuras generaciones.
En el caso específico de Mendoza, cabría recordar un estudio del Departamento General de Irrigación, en el sentido de realizar grandes reservorios de agua de lluvia en las cercanías de las márgenes de los ríos a los efectos de utilizar el agua acumulada cuando la necesiten, en las épocas de menores precipitaciones.
En ese marco de situación se encuentra ahora el dique El Carrizal, donde se ha previsto la realización de una obra que demandará 19 millones de pesos -aunque las firmas interesadas fijaron 15 millones, en la licitación respectiva- que surgirá de fondos del organismo y del reembolso de los propios regantes, pero que permitirá asegurar el riego por 30 años más.
El Plan de Recuperación de la Vida Útil del Dique contempla la elevación del aliviadero en 1,50 metro, a través de una estructura de hormigón de 250 metros que se insertará en el aliviadero actual.
Se calcula que se recuperarán 52 hectómetros cúbicos de capacidad, lo que representa 54 por ciento del volumen perdido. Cabría señalar que han surgido algunas instituciones, importantes, que consideran que habría que profundizar los estudios y que deberían ser escuchadas.
Pero hay otras que piensan de manera individual sin mirar el conjunto, como sucede con algunos clubes ubicados en las márgenes, los que han manifestado su molestia porque el Departamento General de Irrigación no los consultó y exigen que el organismo los indemnice por las pérdidas que puedan llegar a sufrir. Afirman que se trata de instalaciones realizadas por muchas generaciones de emprendedores que se verán arruinadas.
Un planteo que pierde consistencia si se recuerda que esos clubes no son propietarios de las tierras sino que las recibieron en concesión, sin costo alguno, por diferentes administraciones provinciales. Y si bien es cierto que han realizado obras de infraestructura y parquización importantes que han dado vida a todo el perilago, no es menos real que no podrían haber llegado a la actual situación si hubieran tenido que adquirir los terrenos. También cabría recordarles que el interés de todos está por encima de los intereses individuales.
En este caso, según se indica, la ampliación del área de reserva de agua llevará beneficios a más de 99 mil hectáreas plantadas y a 20 mil productores, mucho más de las decenas de clubes que podrían resultar “perjudicados”, por más socios que cada uno de ellos pueda llegar a tener.
