Las reformas en el sistema de Salud y en la OSEP, la emergencia en seguridad, una ley de sueldos provinciales, las postergadas leyes de educación y de plan de ordenamiento territorial, la reglamentación de las PASO provinciales, la definición de una nueva ley nacional de hidrocarburos, el diferendo con La Pampa por las aguas del Río Atuel y la difícil reapertura de las paritarias provinciales.
Estos son nueve de los temas inmediatos que volverán a ocupar la atención luego de que -con el subcampeonato bajo el brazo- la 'brazuca' deje de picar en Brasil y el Mundial 2014 llegue a su fin con la Argentina entre los dos mejores del mundo.
Durante los próximos diez días los dos temas excluyentes en la Legislatura provincial serán los del presupuesto 'actualizado y equilibrado' 2014 y el del endeudamiento por 800 millones de pesos para refinanciar deuda, capitalizar el Fondo de Transformación y Crecimiento, subsidiar el transporte y financiar obra pública.
Estos dos temas clave -más la negociación conjunta del presupuesto 2015 desde setiembre- tendrán incidencia directa en la definición de siete de los nueve puntos del listado de lo que viene.
No obstante, los bloques de la Legislatura no se reunirán a armar una agenda común, hasta que el 22 y 23 de julio no dejen cerrados los temas vitales de reciente entendimiento.
Todo se producirá mientras se define un nuevo tipo de relación entre el justicialismo y el radicalismo tras haber alcanzado -a trece meses del proceso electoral- una coincidencia que supone el crecimiento de los sectores acuerdistas sobre los 'duros' en ambas fuerzas: eso es Ciurca sobre Pérez en el PJ y Vaquié sobre Cornejo en la UCR.
El nuevo escenario genera interrogantes sobre un eventual reflotamiento de la reforma constitucional. Y sobre el reposicionamiento del Poder Judicial (en especial del presidente de la Corte, Pedro Llorente) en momentos en que continúa pendiente la discusión sobre autarquía y reforma judicial.
Ley de Sueldos
Se espera que esta misma semana -una vez acalladas las vuvuzelas- el gobierno provincial y el SUTE se reúnan en la comisión de evaluación bimestral de la evolución de los precios y su incidencia en los salarios.
Este encuentro debió llevarse a cabo a mediados de junio, pero -Mundial mediante- todo pasó para julio. Será el primer encuentro evaluatorio de un tema tan sensible como el de los salarios públicos, entre el Gobierno y un gremio, y es un adelanto de lo que sucederá el 26 de agosto con ATE y Ampros por las paritarias.
"Vamos a evaluar el impacto en el salario de los trabajadores con el incremento del Indice de Precios al Consumidor Nacional Urbano, que es un indicador más aceptado y reconocido que las mediciones anteriores del Indec", confirman en el gobierno provincial.
El tema se abordará cuando el oficialismo -con apoyo opositor- propicia en la Legislatura una ley de Sueldos en la que el ingreso del Gobernador ocupe la punta de la pirámide y nadie cobre por encima de ese tope.
La Casa de Gobierno maneja cifras de junio que muestran a 600 empleados públicos con un sueldo bruto superior al del Gobernador. En el Poder Judicial cumplen funciones 358 de ellos que cobran entre 102 mil y 42 mil pesos, en su mayoría magistrados.
En la planilla del Ministerio de Salud aparecen 201 afortunados -casi todos profesionales médicos- cobrando más que el Gobernador, con brutos de 42 mil a 82 mil pesos.
En Desarrollo Social 27 sueldos 'VIP' van de 42 mil a 72.500 pesos, en su gran mayoría en el área de Niñez y Adolescencia. En el Tribunal de Cuentas siete agraciados reciben de 48 a 51 mil pesos. Y en el Ministerio de Trabajo, en el área de Penitenciaría, aparece un sueldo de 43.800 pesos.
En la discusión sobre la aprobación de la ley de sueldos de la provincia aparecieron diferencias entre ambas cámaras, ya que Diputados estableció topes salariales y Senadores los rechazó, al impulso de un proyecto de ley de Sueldos (con techo en el Gobernador de aplicación progresiva) propiciado por el senador justicialista, Fernando Simón.
Mientras tanto, los ocho acuerdos paritarios firmados con gremios estatales carecen aún de validez legal por falta de aprobación legislativa.
Seguridad, la cuenta pendiente
Otro de los temas que volverá a cobrar interés -ni bien todo el mundo comience a sacarse de la cabeza el gorro celeste y blanco de cuatro puntas- es el de la inseguridad, con su ya habitual abordaje ciclotímico según refleje el ritmo de las desgracias.
Luego del crimen del turista neocelandés, la bicameral de seguridad reactivó sus sesiones semanales y a principios de junio el Senado aprobó -con sólo un voto en contra- un proyecto de ley que declaraba, por un año, la emergencia en seguridad.
Contemplaba además la incorporación de agentes policiales, la adquisición de móviles, la incorporación de tecnología, un plan de video-vigilancia y la puesta en funcionamiento de un registro de ADN; entre otros puntos
También la revisión de otros proyectos sobre portación de armas ilegales, la competencia de la Justicia provincial en narcocriminalidad, reformas en la seguridad vial con más cuerpos especiales y el control de ingresos y egresos en el tránsito de bienes y personas a la provincia.
El tema se empantanó por las diferencias entre el gobernador, Francisco Pérez y el vice, Carlos Ciurca que impidieron avances en Diputados.
Tras un acuerdo, ambos coincidieron en que el proyecto de declaración de emergencia 'tiene aspectos positivos' ya que contempla un compromiso de acompañamiento legislativo y promueve acciones del Ejecutivo, como la adquisición de 72 móviles y 15 camionetas, la compra de 560 cámaras a través de una licitación del BID; el llamado a licitación para un nuevo penal y la construcción de una penitenciaría federal con 400 plazas 'a inaugurar a fines de 2014'. Sin embargo, el tema aún permanece en Diputados, para su tratamiento, a la espera de que en Brasil, suene el silbato final.
