Lo ocurrido en La Rioja, con la muerte de un cadete en su primer día de instrucción en la Policía de esa provincia, sólo puede ser calificado como un hecho absurdo, aberrante e incomprensible, que exige la mayor de las penas hacia quienes obligaron a realizar los ejercicios y hacia quienes permitieron -en este caso los oficiales superiores- que se "cumpliera" con viejas y perimidas prácticas que deben ser erradicadas definitivamente.
Es sabido y archiconocido que en un afán por imponer el respeto hacia sus superiores, en algunos organismos militares y policiales se aplicaba (¿y se aplica?) la denominada y comúnmente conocida como "ley del gallinero", lo que en los hechos se traducía en que quienes ingresaban a primer año en los institutos debían respetar a los de cursos superiores.
Es sabido que muchas veces también se han producido situaciones graves por el solo hecho de que, quizás por ser demasiado jóvenes como para advertir los errores que cometen, someten a los de cursos inferiores a "bailes" y ejercicios fuera de lugar porque superan las capacidades humanas de realizarlos.
Eso parece ser lo que sucedió en La Rioja, cuando se supo de los inaceptables tormentos a que fueron sometidos los aspirantes a cadetes de la policía de esa provincia en su primer día de instrucción y que provocaron la muerte de uno de ellos y severas consecuencias físicas a otros 12, que debieron ser internados.
Con 40 grados de temperatura, los aspirantes fueron sometidos a intensos ejercicios físicos al rayo del sol, sin permitirles beber agua, mientras sus superiores vaciaban en el piso las botellas. Apareció inclusive una foto en la que una suboficial pateaba a uno de los jóvenes que tenía la cabeza sumergida en agua putrefacta.
En ese grupo, Emanuel Garay, de sólo 18 años de edad, sufrió una deshidratación aguda, que le produjo una insuficiencia renal que derivó en su muerte. En la instrucción de tropas de las Fuerzas Armadas se admiten movimientos vivos que pueden llegar a la extenuación de la tropa, pero los reglamentos impiden aplicarlos como castigo y mucho menos como tormento, que es lo que ocurrió en La Rioja.
Quedó claramente establecido que en el castigo propinado a los aspirantes no hubo una finalidad pedagógica sino más bien actitudes de sadismo, lo que obliga a aplicar una pena ejemplar hacia quienes obligaron a los ejercicios y a una profunda investigación hacia la actitud asumida por quienes conducían la escuela, porque es muy factible que quienes aplicaron los "ejercicios" contaran con su consentimiento.
Inmediatamente después de conocido el hecho, el gobernador de La Rioja dispuso el desplazamiento del jefe de Policía y del secretario de Seguridad, mientras decidió el traspaso de la escuela del Ministerio de Gobierno al de Educación. El presidente de la Nación, por su parte, recibió a los padres del cadete fallecido, a quienes les prometió la designación de un veedor para que supervise el proceso penal y la decisión de proponer cambios en la instrucción de las policías provinciales. Los padres del chico muerto reclamaron justicia, "porque a mi hijo lo dejamos bien y sano a las cinco de la mañana y a la tarde lo estábamos llorando", agregando que "no fue uno sino 17 los cadetes que se desvanecieron y muchos están en grave estado".
Hace 24 años también se produjo una muerte absurda, la del soldado Omar Carrasco en el cuartel de Zapala, como consecuencia de los intensos "bailes" a los que fue sometido y que fue la causa para que el entonces presidente, Carlos Menem, tomara la drástica decisión de poner fin al servicio militar obligatorio y remplazarlo por el voluntario.
En el caso del cadete riojano, surge la necesidad de que la Justicia actúe con la celeridad y la seriedad que el caso reclama, aplicando las penas que correspondan a quienes llevaron a la práctica los "ejercicios" y también hacia quienes los autorizaron a realizarlos. Esas penas deben quedar como ejemplo para evitar hechos similares en el futuro.
