Una distinción que sirve para entender el orden político y la vida en sociedad es el par conceptual público-privado. Viene dado por la doble condición del hombre, individual y social. Lo público es aquello que es de todos y se encuentra dispuesto para uso y disfrute de todos. Sobre lo privado hay algún tipo de restricción en su propiedad y/o uso.
La distinción entre público y privado no es precisa: existe de hecho una relación de causalidad entre uno y otro. Es en virtud de que desde lo público se reconoce la necesidad de lo privado, que se le concede a este último la posibilidad de ser.
Hay propiedad privada porque una comunidad determinada reconoce, a una persona determinada, el derecho de tener como suyo un bien determinado. Hay un interés público en que exista la propiedad privada, ámbitos de intimidad o formas restrictas de acceso a determinados bienes.
Pero estas nociones, que son tan útiles, en ocasiones se confunden con otras, igualmente útiles pero que es preciso diferenciar. Frecuentemente se identifica el ámbito público con el Estado. El Estado sirve al interés público, pero hay dimensiones de lo público que exceden al Estado. Lo público debe incluir al Estado, aunque a veces no es así.
Al identificarse lo público con el Estado se denomina "privatización" a toda operación de venta o enajenación de organismos o funciones del Estado a entidades de titularidad privada. Aquí aparece la segunda confusión: creer que lo privado está determinado por la rentabilidad económica. Lo cierto es que hay muchas dimensiones de lo privado: la intimidad (privacy, en inglés) es una de ellas.
Durante los noventa, fruto de ideologías antiestatales pero también de intereses muy concretos y de una crisis económica persistente, en la Argentina se puso en marcha una política de privatizaciones: la venta (a veces, a precio vil) de empresas públicas y también de funciones del Estado, como el sistema de jubilaciones y pensiones. Se hizo atendiendo a supuestas razones de interés público.
La privatización menemista, con todo lo funesta que fue, tuvo una ventaja: preservó los límites del Estado, mantuvo su contorno, al entregar tanto la propiedad de los organismos privatizados como la función que desempeñaban. Lo privatizado dejó de ser Estado. Pobre ventaja al fin: los imprescindibles controles estatales nunca funcionaron, por desidia o complicidad.
El kirchnerismo, contradiciendo el discurso con el que pretende legitimarse, desarrolló un nuevo modelo de privatización. Retuvo la propiedad de los organismos estatales (en otros casos los reestatizó, como YPF, Aerolíneas o el sistema previsional) pero privatizó su uso y disfrute. Esta privatización del usufructo se aplicó en diversos ámbitos y en diferentes formas:
1. De empresas públicas y organismos estatales. El esquema de reparto de cuotas de poder es diferente en el caso de los partidos, que poseen una estructura de tipo vertical-centralizado, del de los movimientos, en los que la adhesión al proyecto depende de los beneficios que se obtengan.
Así, ministerios, secretarías, organismos descentralizados, empresas públicas son repartidos entre las organizaciones que lo componen: Kolina, Evita, La Cámpora, Nuevo Encuentro, etc. Cada uno obtiene fondos del organismo asignado, desarrolla su propia clientela, designa personal propio, prioriza proveedores y prestadores de servicios, y se beneficia con contrataciones circulares.
2. De las políticas públicas. Algunas políticas sociales, como la de vivienda o asistencia social, son gestionadas y llevadas a cabo por organizaciones que se integran en el kirchnerismo: es el caso de la Tupac Amaru o Sueños Compartidos. En ambos casos han sido comprobadas irregularidades en la ejecución de fondos y la asignación de beneficios.
3. Del concurso de la iniciativa privada. Existe un interés público en el concurso de empresas privadas para realizar obras o cumplir funciones que el Estado no puede hacer. En orden a este interés, deben contemplarse condiciones y calidad del servicio prestado, costos, plazos de realización, etc.
Cuando esa convocatoria se hace con criterios que benefician prioritariamente al prestador de servicios, se produce una privatización de hecho. Es lo que sucede con el llamado "capitalismo de amigos" y las ventajas otorgadas a las empresas vinculadas al poder por medio de testaferros o participaciones accionarias.
4. De la esfera pública. Es el lugar virtual donde se expresan, confluyen e intercambian discursos de interés público o común. Es obligación primaria del poder constituido sostener el libre acceso a esa esfera y respetar las voces, en ocasiones disidentes, que se emiten en ese ámbito. Si el poder silencia o descalifica discursos alternativos o disidentes atribuyéndolos a intereses privados espurios, lo que hace es privatizar esa esfera en su propio beneficio. No es propiamente pública: pasa a ser un espacio subordinado, de propaganda facciosa.
5. De la identidad nacional. Cuando una facción ideológica se arroga, en virtud del poder del Estado que detenta, el uso y la interpretación de la memoria, los mitos y los símbolos de una comunidad, privatiza en beneficio propio todo ese complejo de representaciones que es común y compartido. Las fantasías fundacionales del kirchnerismo y el aparato mediático-cultural a su servicio, van precisamente en ese sentido.
6. De los espacios públicos. Durante el período kirchnerista ha proliferado sin pausa ni moderación la privatización de los espacios urbanos y suburbanos, en dos formas diversas. La primera es la de las clases altas y medias altas, en barrios cerrados y countries.
La segunda es la que se produce en las que Guillermo O'Donnell definiera como "zonas marrones": las poblaciones marginales y barrios pobres en los que se verifica una baja penetración del Estado. En estas áreas operan sistemas de poder privado (o privatizado), vinculados con el delito y el crimen organizado, frecuentemente integrados por actores sociales que poseen cargos públicos.
7. De la voluntad política. El kirchnerismo ha privatizado también la voluntad política ciudadana, forzándola mediante beneficios (subsidios, planes sociales, empleo público, contratos, cláusulas proteccionistas: hay para todos y todas) a razonar el voto en términos individualistas, bloqueando o desalentando las motivaciones de tipo común o colectivo.
En su discurso del 30 de enero, Cristina hizo explícita esta estrategia: "Por eso siempre le digo a la gente que se fije cómo le va a ella personalmente, en su vida cotidiana, en su vida diaria, y recién después mire el diario y saque sus conclusiones".
La lista no es exhaustiva. Ni la materia de privatización es exclusivamente los bienes o las funciones del Estado, ni sus beneficiarios son exclusivamente los intereses económicos o financieros.
Hay una privatización ilegítima de los bienes públicos por parte de quienes son precisamente los responsables de su custodia, preservación y promoción: políticos y funcionarios. No hay privatización más perversa, porque está protegida por un "camouflage" ideal: es prácticamente invisible.
De hecho, todo acto de corrupción es un modo ilegítimo de privatización: emplear un bien público para beneficio personal.
Resulta difícil apreciar hoy los efectos que tales violaciones, atropellos y manipulaciones del interés público tendrán en el futuro del país. Lo cierto es que sólo un proyecto político que tenga una perfecta conciencia de lo público y también de la relevancia -dentro de ese interés- de lo privado, puede restablecer un balance y una interacción fecunda que hoy se ha perdido, para perjuicio de casi todos.
