Con un apego al reglamento que pocas veces tuvo, el kirchnerismo se opuso ayer a darle un tratamiento expeditivo al nuevo escándalo del juez federal Norberto Oyarbide al admitir públicamente, esta semana, que en diciembre paró un allanamiento en una causa penal a pedido de la Casa Rosada.
Luego de haber concedido por la mañana tratar el tema por la tarde, el bloque kirchnerista en el Consejo de la Magistratura se negó a ello por la noche y sólo poco antes de las 21 se comprometió a tratar las tres denuncias contra Oyarbide por este tema el próximo jueves en la comisión de Acusación. Esta comisión la preside la senadora oficialista Ada Iturrez y como consejero-instructor de las denuncias quedó a cargo el diputado también oficialista Carlos “Cuto” Moreno.
“Existe en la sociedad la sospecha de que en el juzgado de Oyarbide hay una asociación ilícita dedicada a extorsionar personas y que el juez no es ajeno”, había dicho por la mañana el diputado radical Oscar Aguad. Es que el magistrado quedó en la mira luego que el cambista Guillermo Greppi denunciara a fines del año pasado que policías que allanaron la mutual Propyme le exigieron una coima de 3 millones de pesos con el supuesto aval del juzgado a su cargo.
El llamado “bloque opositor” en el Consejo quería incorporar el tema sobre tablas -por fuera del orden del día- a raíz de la confesión del juez, es decir que paró el allanamiento a pedido del subsecretario de Legal y Técnica Carlos Liuzzi, y por las tres denuncias que ayer mismo por la mañana entraron al cuerpo.
El kirchnerismo -en alianza con los jueces que integran el organismo- también quiso incorporar otro tema no pautado en el orden del día- y lo logró, con el rechazo de Aguad, el senador radical Mario Cimadevilla y el abogado porteño Alejandro Fargosi, identificado con el Pro.
Esto es la aprobación de los reglamentos para los concursos de candidatos a jueces y de las subrogancias de los juzgados vacantes a partir de la nueva ley de reforma del Consejo, temas no tocados por la Corte al vetar el año pasado la parte sustancial de la reforma judicial a la que se le puso el nombre de “democratización de la Justicia”. El oficialismo logró aquí mostrar un avance en el organismo, paralizado durante los dos últimos años.
Pero en el tema Oyarbide, al que siempre defendió ante otras acusaciones, el kirchnerismo se mostró casi inflexible. “Tenemos la obligación de cumplir con la Constitución y la ley. Oyarbide tiene el derecho de defensa como cualquier otro”, expresó Moreno hacia el final de la larga jornada.
Ocurre que la oposición pretendía que el plenario del cuerpo se constituyera como comisión y en ese acto notificara al juez de las denuncias en su contra y lo invitara a dar explicaciones y ejercer su defensa.
Los camporistas que se integraron al cuerpo este año (el secretario de Justicia, Julián Alvarez y el diputado Eduardo “Wado” De Pedro) ni abrieron la boca, lo mismo que el juez Mario Fera.
No estaba claro lo que hubiera pasado si se aplicaba el criterio de la mitad más uno, como pedía el también juez Ricardo Recondo. El abogado mendocino Daniel Ostropolsky recordó que ese criterio ya se había aplicado con el juez federal (también mendocino) Walter Bento, cuya causa sobre Cablevisión fue directamente anulada por la Corte. El senador neuquino Marcelo Fuentes -otra espada kirchnerista- acusó a los radicales de “montar un show mediático”.
