Las buenas películas suelen tener un momento clave, ése en que un gesto, un diálogo, una imagen, resumen de qué se trata.
No es que esté todo dicho, pero cuando José López, secretario de Obras Públicas durante doce años y medio de gestión nacional del kirchnerismo (y antes, funcionario de doce años de gestión provincial del gobernador Néstor Kirchner en Santa Cruz, y antes aún, de casi dos años de gestión municipal del intendente Néstor Kirchner en Río Gallegos) apareció a horas insólitas con un arma larga, revoleando bolsos y valijas con millones de dólares, divisas exóticas y relojes caros y saltando los muros de un convento del conurbano bonaerense, sintetizó bastante bien de qué se trató la "década ganada".
El surrealismo de la situación superó incluso las imágenes, difundidas en marzo pasado, en las que se ve a Martín Báez, hijo mayor de Lázaro; al contador de la firma familiar, Daniel Pérez Gadín; al ex marido de Eliana Calabró, Gabriel Rossi, y a otros actores de reparto, contando millones de dólares en "la Rosadita", cueva financiera que los Báez habían arrebatado al joven playboy y financista Federico Elaskar, situada en el mismo edificio en el que Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y sus hijos tenían dos departamentos y cinco cocheras que alquilaban al zar del juego, Cristóbal López.
Complejo, dicho sea de paso, que también habitaron Amado Boudou y el banquero Jorge Brito, por cuyo banco pasó el dinero con que Alejandro Vandenbroele y "Nariga" Núñez Carmona, secuaces y seguramente testaferros del ex vicepresidente, buscaron quedarse con la ex Ciccone, la proverbial "Máquina de hacer billetes", que el kirchnerismo legislativo estatizó luego sin siquiera preguntar quiénes eran los dueños.
Aquellas imágenes de marzo hicieron insostenible para el juez Sebastián Casanello seguir arrastrando los pies en "la ruta del dinero K", causa iniciada en abril de 2013, y éstas de ahora recayeron en el juzgado de Daniel Rafecas, donde dormía desde 2008 una denuncia de Elisa Carrió contra López quien, a partir de 2003, manejó el principal rubro de acumulación del kirchnerismo: los sobreprecios y "retornos" en la obra pública, con contratos por un total de 102.000 millones de dólares.
La potencia, la grosería de la situación, hizo que aparecieran la "indignación" y el "desgarramiento" de otrora apóstoles del kirchnerismo y la triste carta de CFK, que se tomó más de 24 horas para decir por Facebook que no fue ella quien dio tantos millones a López. Que si de algún lado había salido ese dinero, era del sector privado.
Y no, es al revés. Todo indica que el dinero de los sobreprecios en Obras Públicas (OOPP) no "salía" del sector privado sino del Presupuesto nacional; "pasaba" por el sector privado y "retornaba" a los reKaudadores.
Allí fungían el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; su secretario de Transporte, Ricardo Jaime (hoy preso por la compra de más de 300 millones de dólares de material ferroviario inservible a Portugal y España); su encargado de OOPP, López, y Claudio Uberti, quien estaba a cargo de las concesiones y peajes ruteros y manejaba la "embajada paralela" en Venezuela, hasta que Kirchner lo corrió cuando en una de sus operaciones quedó expuesta la valija con 800.000 dólares del venezolano Guido Antonini Wilson.
A esta altura, no hay dudas del latrocinio más allá de lo que eventualmente prueben (u oculten) procesos a cargo de jueces como Casanello y Rafecas. Allí, en el Poder Judicial, reside un problema aún más importante que decenas, centenares o incluso miles de millones de dólares robados al erario público: contar con magistrados que impartan justicia en vez de administrar impunidad.
Ojalá la aprobación senatorial a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, como nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia, sea un símbolo de tiempos mejores. Rosatti dejó de ser ministro de Justicia de Néstor Kirchner tras negarse a firmar un decreto (el 565/2005) por el que el entonces presidente autorizó el pago de sobreprecios del 86% en la construcción de tres cárceles federales (en Güemes, Salta; Mercedes, Buenos Aires; y Coronda, Santa Fe), en un período en el que la inflación no llegaba al 10% anual.
Rosenkrantz prologó hace dos años un libro sobre la "Cosa juzgada fraudulenta", esto es, la posibilidad de reabrir juicios cerrados con carácter de "Cosa juzgada" si en su trámite hubo "fraude procesal", concepto que apunta a la posible reapertura de causas de enriquecimiento ilícito y corrupción.
El "caso López" no mejora ni un ápice la situación económica y social, empantanada en una inflación que no da signos claros de ceder; una fuerte caída real de los salarios y la consecuente debilidad del consumo, el empleo y los niveles de actividad. La mejoría prometida para el segundo semestre es posible pero no tiene garantía y, en el mejor de los casos, será modesta.
Al "kirchnerismo residual" esas imágenes de película (a las que en las últimas horas se agregó la captura en Paraguay de Ibar Pérez Corradi, señalado como "autor intelectual" del triple crimen narco de General Rodríguez, y el descubrimiento en el convento de esa misma localidad al que López arrojaba millones, de tres bóvedas cuanto menos sospechosas) le quitan autoridad para impulsar la "resistencia popular", aunque podrían sumarle la determinación del desesperado.
Al Gobierno, en tanto, le dan aire político -como evidenció el amplio margen que el peronismo no kirchnerista dio en el Senado a los nombramientos de Rosatti y Rosenkrantz- y le alivian la tarea paradójicamente difícil de explicar lo obvio: no fue magia, fue mafia.
