Nucleados en un colegio profesional desde hace cinco años, los kinesiólogos de Mendoza aseguran que se encuentran en una situación preocupante.
Por un lado, debido a la precariedad de los contratos a los que acceden sus colegiados y por el otro, porque cada vez mayor cantidad de personas ofrecen servicios de su profesión sin estar habilitados para ello. La semana pasada se reunieron con integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados de Mendoza para pedirles herramientas para poder actuar frente a estas amenazas.
"La problemática de la profesión tiene un abordaje bastante amplio, pero el frente más grande de lucha es el intrusismo", comenzó a explicar el licenciado Rubén Michiels Bello, presidente del Colegio de Kinesiólogos de Mendoza. Tal como aseguró, cada vez más gente presta servicios de kinesiología sin ser profesionales.
“Estas personas hacen cursos de dos o tres semanas y empiezan a trabajar por montos irrisorios, una competencia desleal para el profesional que tiene que movilizar mucho dinero en la universidad, en capacitarse, hacer cursos y posgrados”, manifestó el referente.
En este sentido se refirió principalmente a los masajistas, pero también mencionó a los compositores, a los quiroprácticos que no son kinesiólogos y a otros como profesores de educación física y psicomotricistas.
"El problema está en que estas personas desconocen la anatomía, la fisiología y las patologías, por lo que pueden terminar haciéndole daño al paciente", remarcó.
Michiels Bello reconoció además que les es muy difícil combatir este ejercicio que consideran ilegal porque lo único que pueden hacer es denunciarlo ante el Ministerio de Salud.
"No tenemos el poder de policía para accionar directamente contra otras profesiones, ni para ingresar a instituciones para poder controlar", señaló. Por esta razón, el presidente del colegio solicitó ante los diputados de la Comisión de Desarrollo Social herramientas para poder actuar al respecto.
"Buscamos que el Ministerio de Salud nos habilite a controlar, que podamos participar cuando se habilita una institución y tener más poder de policía, poder actuar para frenar el intrusismo y las contrataciones individuales", enumeró el referente.
Por otra parte, aseveró que es fundamental generar conciencia en la sociedad para que se pongan en manos de profesionales habilitados. "Queremos concientizar para que recurran a un profesional con título porque está en juego su salud", destacó a la vez que señaló que en la página web del colegio están publicados los datos de los kinesiólogos habilitados. "En toda la provincia colegiados son 2.200 profesionales", precisó.
Michiels Bello también se refirió a un proyecto para modificar la Ley 5.040 que regula el ejercicio de la Kinesiología en Mendoza presentado en 2017 por los senadores Daniela García y Eduardo Giner (UCR). "Esto va a ampliar y modernizar la incumbencia de kinesiología, le da más herramientas al kinesiólogo para demostrar que las personas hacen un ejercicio ilegal", añadió.
Regular la profesión
Por su parte, la diputada Marcela Fernández (UCR), quien preside la Comisión de Desarrollo Social, explicó que la reunión con los kinesiólogos se dio en el marco de un reclamo de los profesionales del rubro que se dedican al área de discapacidad que se ven afectados por el atraso en los pagos a los centros de rehabilitación que tienen convenio con el gobierno nacional.
"Sentados a la mesa empezaron a hablar de una situación muy precaria que tienen los profesionales de kinesiología, que dependen mucho del lugar en el que van a trabajar y del trato directo del profesional con el centro", recordó.
Para ella es fundamental actuar al respecto ya que esta situación termina perjudicando al paciente. Además mencionó una ausencia con respecto a la regulación de la práctica.
"Esto lo podemos resolver pidiéndoles a los médicos que indiquen cuánto tiempo el paciente tiene que estar en terapia y con qué método para que los pacientes puedan exigir”, explicó.
En cuanto a la competencia desleal de los profesionales, reconoció que es más complicado avanzar al respecto. "Porque es parte de la voluntad de la gente. El punto a analizar ahora es el funcionamiento del Ministerio de Salud como órgano habilitante, de control de policía", aseguró. De todas formas manifestó la voluntad de legislar sobre el tema.
"Es difícil establecer una prohibición de ciertas prácticas, porque muchas veces no funciona, por lo que hay que ver cómo podemos avanzar", expuso. La diputada se comprometió además a estudiar el proyecto presentado por los senadores para ver de qué forma se puede complementar y enriquecer.
