A la citación del juez Claudio Bonadío a la ex presidenta Cristina Fernández por la causa denominada “de los cuadernos”, hay que sumar ahora la confirmación del inicio del juicio oral y público en contra de la senadora nacional por el supuesto direccionamiento de la obra pública a favor del empresario detenido, Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, a través de más de medio centenar de contratos viales en la provincia de Santa Cruz.
Esta nueva instancia, definitoria ya, que deberá atravesar la ex presidenta a fin de mes, toma más trascendencia porque el tribunal encargado del juicio determinó que éste se encuentra en condiciones de ponerse en marcha. Esto fue dado a conocer en respuesta al planteo de la defensa de Cristina Kirchner, que pidió la postergación del juicio hasta que estuviese concluida la instrucción suplementaria. En los fundamentos, los tres jueces estimaron que cuando se incorpore al expediente la pericia de referencia estarán a resguardo, desde el punto de vista del trámite judicial, el libre ejercicio de la defensa, entre otros aspectos.
En ese mismo sentido, hay que incluir y destacar la cercanía del juicio oral que deberá enfrentar Milagro Sala, la líder de la organización Tupac Amaru, en la importante megacausa que se tramita en los ámbitos judiciales jujeños por el desvío sistemático de fondos de la obra pública durante los años en los que el kirchnerismo condujo al país. Más allá de toda conjetura y especulación es fundamental que el combate a la corrupción que debe dar la clase dirigente argentina incluya procesos judiciales como el que involucra a la ex Presidenta y su entorno y también a la muy influyente dirigente jujeña, responsable del montaje de una suerte de Estado paralelo en la provincia norteña durante los años de su avasallante presencia social y política.
Definitivamente se requiere una justicia independiente de presiones e intereses políticos o hasta especulaciones sobre si conviene o no acelerar o “dormir” procesos según el parecer de los poderes de turno. En este largo año electoral, con innumerables fechas de convocatoria a las urnas por la gran cantidad de desdoblamientos en las provincias, que debe entregarle al país un nuevo Presidente, cada ciudadano convocado a expresarse en las urnas debería fijarse como obligación, indagar entre los candidatos qué piensa cada uno de ellos de la corrupción enquistada en el país. Se trata de un mal no menor, algo que debe terminar algún día con la erradicación total de todos los estamentos del Estado que han sido flagelados por dichas prácticas.
Así también, debería evaluarse y compararse qué actitud adoptaron ante los hechos de corrupción las distintas gestiones a través de los últimos años. Esto, más allá de la indudable necesidad de valorar las políticas públicas que influyen sobre las muy válidas inquietudes de los argentinos, como la marcha de la economía, los alcances de la indomable inflación o el castigo del narcotráfico y la inseguridad.
