La justicia uruguaya también investigará a Lázaro Báez

El fiscal antimafia de Uruguay, Juan Gómez, impulsó una investigación penal para determinar si el grupo empresario de

Lázaro Báez

-ex socio del fallecido presidente Néstor Kirchner- lavó y fugó capitales a través del país vecino.

Así lo reveló hoy en Montevideo el diario uruguayo El País y precisó que el requerimiento del funcionario del Ministerio Público fue hecho en esa capital a la jueza en Delitos Complejos, Adriana de los Santos.

La fiscalía se expidió a raíz de la denuncia que la semana pasada radicaron en Montevideo los diputados argentinos Manuel Garrido (UCR) y Graciela Ocaña (CP), luego de las informaciones ventiladas por el programa "Periodismo Para Todos" (PPT).

Los legisladores pidieron que se investigue si dos sociedades uruguayas y otras con sucursales allí pertenecen a Báez o allegados al titular de la compañía santacruceña Austral

Construcciones.

En ese sentido solicitaron el bloqueo de las cuentas bancarias, en forma preventiva, de la empresa Teegan, con sucursal en Montevideo que estaría a nombre del hijo de Lázaro Báez.

Además de Báez, denunciaron al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; y a los hijos de Báez, Martín y Leandro; el supuesto 'valijero', Leonardo Fariña; el contador Daniel Pérez Gadín, el ex titular de la financiera SGI, Federico Elaskar; y Fabián Rossi, esposo de la modelo Iliana Calabró.

También solicitaron que se abra la pesquisa hacia las firmas Relway Company SA, Badial Sociedad Anónima, Teegan Incoporater, SGI Argentina SA; Austral Construcciones SA, SGI Bursátil Sociedad de Bolsa SA ; ATC Argentine Trust Company SA ; Vanquish Capital Group SA, SGI Inversiones y Participaciones SA, Organización de Asesoramiento y Consultora Internacional SA.

La lista -según un comunicado- se completó con las siguientes empresas: "Asesores Empresarios Corp SA, y Dalmaran SA" e incluyeron a los particulares: "Diego Alberto Guerri, Fermín Castro Madero, Jorge Ignacio Aguilar Sanz, Alejandro Ons Consta, César Gustavo Fernández, Juan Carlo Guillet, Jorge Norberto Cerrota y Juan Ignacio Pisano Costa ya que están o estuvieron relacionados con SGI.

En cuanto a la supuesta ruta del dinero, Garrido y Ocaña pidió que se investiguen los vuelos de avionetas privadas originados en Buenos Aires y Río Gallegos que aterrizaron en los aeropuertos de Colonia, Montevideo y Punta del Este.

Asimismo, reclamaron que se investigue la compra del campo "El Entrevero", en el departamento de Maldonado, supuestamente por parte de Fariña, que presuntamente habría pagado 14 millones de dólares aunque la propiedad valdría 4 millones.

En Buenos Aires, trascendió en los tribunales federales que el juez federal Julián Ercolini citará, para que la semana próxima declare como testigo, a Miriam Quiroga, ex secretaria de Kirchner que dijo haber visto "bolsos negros con plata" circulando en la Casa Rosada.

Ercolini, que asumió como tal en el Gobierno de Kirchner y en 2004 lo sobreseyó en una causa por el delito de enriquecimiento ilícito, tiene desde hace cinco años una causa por supuesta "asociación ilícita" contra el ex presidente.

Ayer la diputada nacional Elisa Carrió (ARI), autora de la denuncia original, se presentó en el juzgado y entregó copias de los videos de Quiroga en PPT.

Además de Kirchner, en esa causa están imputados De Vido, el entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime; el ex titular de la OCCOVI, Claudio Uberti; y los empresarios santacruceños Rudy Ulloa Igor, Cristóbal López y Lázaro Báez.

A todos ellos, Carrió los denunció por supuestas "asociación ilícita", "fraude a la administración pública", "abuso de autoridad", "violación de los deberes de funcionario público" y "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".

La denuncia estuvo firmada, además de Carrió, por los entonces diputados Adrián Pérez, Héctor Flores, Elisa Carca, Patricia Bullrich, Fernanda Gil Lozano, Fernanda Reyes, Fernando Iglesias, Elsa Siria Quiroz, Susana García, Fernando Sánchez y Juan Carlos Morán.