Pese a la cautela pública para no preopinar ante la segura judicialización del asunto, en la Corte Suprema ven con preocupación los proyectos reformistas del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Fuentes del tribunal señalaron especialmente la transferencia de todas las facultades administrativas al Consejo de la Magistratura, que se ampliará con la elección popular de consejeros que irán en las listas partidarias y le dará una mayor politización al organismo, otra de las grandes preocupaciones.
“Lean los artículos 109 y 114 de la Constitución Nacional”, fue la recomendación del más veterano juez de la Corte, Carlos Fayt, a quienes lo consultaron sobre la iniciativa del kirchnerismo. El artículo 114 habla del “equilibrio” que debe tener el Consejo de la Magistratura entre los tres estamentos principales que lo integran: legisladores, jueces y abogados. El kirchnerismo ahora propone seis académicos y científicos, cuando hoy hay sólo uno. El número iguala al de los legisladores -oficialistas y opositores- y duplica a los representantes que tienen tanto jueces como abogados.
El artículo 109, en cambio, es el que afirma que el Presidente no puede “ejercer funciones judiciales” ni “arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. Esto es lo que denunciaron la semana pasada la AMIA y la DAIA por el acuerdo firmado por el Gobierno con Irán por los ciudadanos de ese país acusados por el fiscal Alberto Nisman por el atentado de 1994.
Los jueces del máximo tribunal se reunieron de manera informal el jueves para debatir sobre las iniciativas kirchneristas. Públicamente prefieren no opinar ante la posibilidad casi segura de que deban intervenir en el asunto cuando éste se judicialice. Pero en la Corte no desconocen que se trata de un recorte a sus poderes.
