Presentación general del tema
La cooptación y avasallamiento de la Justicia Nacional es un hecho que no necesita demostración. Es durante el gobierno cristinista cuando se ha iniciado y acentuado esta tendencia demoledora al Poder Judicial de la Nación.
La tarea ha sido asumida, principalmente y en forma extraoficial, por la Asociación Justicia Legítima creada por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, e integrada por el defensor de la Justicia de Buenos Aires, Mario Kestelboim, con la asistencia como orador al acto inaugural del ex magistrado español Baltasar Garzón, destituido en España y contratado como asesor por Cristina por un sueldo de varias decenas de miles; el Consejo de la Magistratura, la Comisión de Juicio Político de Diputados y la organización política creada por Carlos Zannini y Máximo Kirchner, La Cámpora.
La demostración más evidente de esta persecución se concentra en el intento de remoción del fiscal José María Campagnoli, del camarista Luis María Cabral y del ministro de la Corte Suprema Carlos Fayt. Por otra parte, y con anterioridad, la ley de Democratización de la Justicia, declarada inconstitucional, pretendía la designación de magistrados por el Consejo de la Magistratura por vía electoral.
Esto, en consonancia con la declaración del secretario de Justicia de la Nación, Julián Alvarez, en el sentido de que “los jueces deben hacer política”, es una clara manifestación en contra de la República y la división de poderes.
La Corte Suprema de Justicia nacional
Cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia en 2003, estaba en funciones la Corte menemista, en la que se producía la "mayoría automática" a favor del gobierno de Carlos Menem en todos los casos. Ha sido tendencia de los regímenes políticos contar con un Poder Judicial adicto como una deformación de la democracia republicana.
El presidente K dispuso, entre sus primeras medidas, reformar la integración de aquella Corte y cubrirla con jueces probos y acreditada solvencia jurídica y moral.
Fue muy elogiada por aquél y por su cónyuge hasta que, en el primer gobierno de Cristina, comenzó a dictar fallos adversos a los intereses K, y entonces ella y sus colaboradores inmediatos se expresaron en forma peyorativa respecto de la Corte y, en especial, de su presidente, Ricardo Lorenzetti, a punto tal que se lo tildó de “jefe de la oposición”, y Zannini expresó que “para esto no los designamos”.
Fue una clara comprobación de que los K nunca quisieron una Corte y un Poder Judicial independientes sino jueces incondicionales y adictos al régimen.
Pero el escándalo se produce cuando los jueces, a mi entender tardíamente, comienzan a investigar no solo las actuaciones del Gobierno sino las de sus principales exponentes.
El affaire Amado Boudou con sus testaferros y cómplices José María Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele -en el cobro de siete millones de pesos por “asesoramiento” al gobierno de Formosa para renegociar su deuda con la Nación (¿?), a través de la sociedad The Old Found, y en el “caso Ciccone” fábrica de billetes, con la misma sociedad- provocó el desplazamiento del procurador general de la Nación, Esteban Righi, de sus funciones, en el que presuntamente Boudou y compañía se quedó con el total de su capital accionario por métodos presumiblemente delictuosos y apresuró el procesamiento del Vicepresidente, acumulado a otros delitos menores pero resonantes por los métodos empleados para cometerlos. Increíblemente, y para escarnio de la República, Boudou sigue en funciones apañado por la Presidente y su séquito, invocando la teoría de la “presunción de inocencia”. Ignoran, la “exitosa abogada” y sus asesores, que esta presunción es aplicable en procesos penales pero el juicio político está en la Constitución y se requiere la comisión de delitos o la falta de idoneidad o mal desempeño en ejercicio de sus funciones; en estos últimos no se exige la presunción de inocencia.
El Senado, que actúa como tribunal político, no puede condenar penalmente, solo destituir y remitir la causa a la Justicia para que investigue la eventual comisión de delitos.
Existen varios pedidos de juicio político a Boudou, y todos han sido rechazados gracias al voto negativo del oficialismo legislativo. Y así tenemos un Vice escondido pero que actúa en representación de la Presidente y de la Nación en los países extranjeros a los que no asiste o no puede asistir Cristina, para vergüenza de todos los argentinos.
Esta situación se acrecienta cuando las causas penales comienzan a circundar a Cristina y a su hijo, en particular por la causa “Hotesur” en la que se investigan delitos y lavado de dinero en especial, vinculado a Lázaro Báez, presunto testaferro de los K. Y hace eclosión con el caso Nisman, su muerte violenta y dudosa calificación como suicidio u homicidio, el día antes en el que el Fiscal debía declarar ante el Senado sobre el frustrado pacto con Irán y la actuación de Cristina y demás acusados, entre ellos D’ Elía.
Son numerosas y diversas las denuncias penales contra la Presidente y sus más jerárquicos colaboradores, a punto tal que el Gobierno requiere un blindaje especial en la Justicia para autoprotegerse de los procesos en marcha y de los eventuales que puedan surgir a partir del 11 de diciembre de 2015.
La imprescindible autoprotección judicial
Como dije, el Gobierno necesita con desesperación jueces adictos. Comienza por la Corte, intentando designar al abogado Roberto Manuel Carlés en sustitución del renunciante Raúl Zaffaroni, su discípulo acreditado. Fallas y declaraciones juradas dudosas impiden que Carlés obtenga la aprobación del Senado por la bancada opositora.
Entonces comienza una película de ciencia ficción. Se designa a una joven legisladora, Anabel Fernández Sagasti, mendocina e incondicional cristinista y kirchnerista, como presidente de la Comisión de Juicio Político de Diputados para que inicie una investigación preliminar sobre la idoneidad del casi centenario juez Carlos Fayt, sin que exista denuncia de juicio político porque el prestigio, también casi centenario, del juez no les permite semejante aberración. Es obvio que se quiere desplazar a Fayt por viejo para contar con otra vacante y poder designar a un “juez militante”.
Este desprecio por la sabiduría y experiencia de un juez intachable y probo me recuerda las permanentes enseñanzas del papa Francisco sobre la “cultura del descarte” de pobres, niños y ancianos, y la paradoja de este gobierno con su relato de la inclusión social y la protección irrestricta de los derechos humanos.
