Empiezan a acumularse las causas en la Justicia Federal para frenar los aumentos del gas natural en Mendoza. Al expediente que desde 2014 viene engrosándose a raíz de una medida cautelar que suspendió subas de hasta el 200%, ahora se suman nuevas actuaciones en busca de neutralizar las actualizaciones de tarifas a raíz de la quita de subsidios que sin embargo Ecogas ya empezó a facturarle a los usuarios de la región.
Luego de admitir la solicitud, la titular del Juzgado Federal nº 2, Olga Pura de Arrabal, deberá resolver en éstos días si aprueba otro recurso de amparo con ese fin, el segundo en 2 años. Es el que integra el expediente 10266/2016, impulsado por la asociación de defensa del Consumidor Protectora, que también reclamó, sin éxito, que se declare inconstitucional la resolución Enargas I/3730.
Tanto a Ecogas como al ente regulador le caben 3 días hábiles para informar al respecto, según confirmaron desde el juzgado que se declaró competente en la causa. El término correrá, una vez notificados, desde esta semana.
“Previo al tratamiento de la medida cautelar, requiérase al Poder Ejecutivo nacional, al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Distribuidora de Gas Cuyana y Gas del Sur S.A. que produzcan el informe previsto en el artículo 4 de la ley 26.854, que dé cuenta del interés público comprometido”, resolvió Arrabal.
Para llegar a esa instancia, Protectora promovió una acción colectiva ante la magistrada “por afectación de los derechos de incidencia colectiva de los usuarios residenciales de gas de redes de la Provincia de Mendoza”. E idéntica solicitud al titular del Juzgado Federal de San Rafael, Eduardo Puigdéndolas, área servida por Camuzzi Gas del Sur.
Pero en la misma presentación también solicitó que declare inconstitucionales tanto la resolución habilitante del Enargas, como las del Ministerio de Energía de la Nación, nº 28 y 31. Aduce la supuesta violación del artículo 42 de la CN, al considerar un perjuicio “a la salud y economía familiar”, al deber de brindar información adecuada, y al principio de igualdad y equidad, en torno a la presunción de haberse aplicado un trato discriminatorio y arbitrariedad con los usuarios mendocinos (por las nuevas condiciones para acceder a una Tarifa Social o subsidiada).
Mientras tanto, ya empezaron a facturarse los nuevos valores tanto para cargo fijo como el variable ($ por m3). Para la categoría residencial promedio el valor unitario trepa de $ 0,35 a $ 2,50, o sea un 600% más, aunque en otros segmentos llega hasta los $ 4.
“No se ha satisfecho la necesidad información a través de una audiencia pública para considerar los números que sustentan el ajuste, ni la decisión de evaluar a Mendoza como provincia de gran amplitud térmica, que sin embargo se equipara a Buenos Aires y Santa Fe”, remarcó José Ramón, apoderado de Protectora.
En tal sentido, la jueza rechazó el planteo de inconstitucionalidad, “dado que no se advierten por el momento circunstancias graves y manifiestas” que lo justifiquen, “ni la afectación al derecho de una tutela judicial efectiva, ni se acredita el perjuicio que irrogaría a la actora (Protectora) recabar el informe (artículo 4 de ley 26854), toda vez que está destinado a ser rendido en un lapso breve”, señala el dictamen.
Causas distintas, mismo fin
Son argumentos reiterados en relación al amparo al que la jueza dió cabida a partir de 2014, con sucesivas prórrogas hasta ahora, con el cual sólo se aplicó uno de los 3 tramos de incrementos autorizados por la Secretaría de Energía entre abril y agosto de ese año. Dicha causa sigue sin una resolución de fondo, con un denominador común en el que insiste Protectora: la falta de una audiencia pública para tratar la modificación de cuadros.
El 17 de marzo, la Justicia dispuso emplazar al perito designado a presentar un análisis técnico-contable de Ecogas en el plazo de 10 días hábiles. Debido a una notificación tardía (fue a fines de abril), el término aún no se cumple pero el informe viene demorándose desde mediados de 2015.
Por otra parte, el lunes 2 de mayo ingresó por Mesa de entradas del tribunal un nuevo pedido de prórroga del anterior amparo. Su vigencia actual de 30 días se cumple el viernes 6, y la petición es extenderlo otros 120 días.
Según la secretaria del Juzgado, Natalia Neme, más allá de que falte completar la pericia y del reiterado pedido de extensión “tampoco está en estado de dictarse sentencia definitiva porque no se ha agotado la instancia probatoria que conlleva la pericia”.
Mientras tanto, la nueva causa sigue su curso. Desde Protectora, como parte demandante, ya comenzaron a despachar notificaciones a la sede Mendoza del Enargas, a las oficinas de Distribuidora de Gas Cuyana en Córdoba, y a Balcarce 50, en Capital Federal, domicilio de la Casa Rosada.
Con el antecedente de Puigdendolas (falló contra las 3 subas en 2014), confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones, Ramón no descarta unificar causas.
“Antes esperamos que la Justicia mantenga el grado de sensibilidad social que demuestra desde 2009, cuando empezó a aplicarse el cargo por el gas importado”, concluyó el abogado actuante.
Quieren más gente con beneficios
Liderado por Gustavo Correa, secretario general de la CTA de los Trabajadores, alrededor de 60 organizaciones sindicales, barriales y dirigentes políticos integran un frente común frente al aumento de las distintas tarifas de servicios públicos.
De acuerdo a lo manifestado, uno de los ejes es lograr que se amplíe el Registro Único de Beneficiarios de Tarifa Social, que restringió las condiciones de acceso al beneficio de mantener una tarifa subsidiada, y la forma de gestionarlo (sólo vía web del Ministerio de Energía). De acuerdo a datos extraoficiales, de un universo potencial de 300 mil usuarios, en Mendoza por ahora sólo puede ingresar un 30%.
“Hemos tomados dos ejes, luz y gas, las de subas más violentas, en principio, militando institucionalmente vía manual y virtual los formularios para que cientos de trabajadores que cobran menos de 2 salarios mínimos puedan conservar los subsidios. Es una situación muy seria para comercios pyme e incluso pequeños productores con el riego agrícola, que pagaban $ 800 y ahora $ 4.000”, consignó Correa.
La organización en la que participan también Uniones vecinales y Centros de jubilados, acredita haber reunido unos 1.000 formularios. “Queremos articular con legisladores provinciales alguna estrategia local, teniendo en cuenta que no hay presencia del Ministerio de Energía nacional en Mendoza”, añadió el dirigente.
Paralelamente, Protectora solicitó al gobernador Cornejo una gestión para rever condiciones de acceso al Registro de Exceptuados, como también en pos de la audiencia pública. Hasta ahora, sin respuesta.
