Los que han justificado la actitud asumida por la señora Hebe de Bonafini cuando fue llamada a declarar en indagatoria, a falta de poder justificar jurídicamente su accionar, lo han tratado de hacer políticamente, intentando dividir al mundo entre aquellos que están con la Madre de Plaza de Mayo y aquellos que la odian.
Entonces, como esa es la única división que, maniqueamente, presumen existe, no les queda más remedio, argumentan, que apoyar siempre a la señora de Bonafini, haga lo que hiciere, porque quienes no lo hacen son sus enemigos.
Otros, que tratan desesperadamente de darle un viso de legalidad a su rebeldía frente a la citación judicial, opinan que la indagatoria no es una acusación sino un derecho y por lo tanto nadie puede ser obligado a ejercer un derecho. De allí, deducen, es totalmente legítimo que la señora se niegue a presentarse.
Todos esos argumentos, y una multitud más, fueron escritos luego de que Hebe de Bonafini decidiera hacer lo que hizo. Lamentablemente, esas posiciones pretendidamente ideológicas en el caso que nos ocupa se dan de bruces contra la realidad, porque la Justicia no ha convocado a dicha persona por algo relacionado con alguna cuestión política, sino en una causa en la que se está investigando un delito de corrupción.
Una causa, por otro lado, que no ha sido iniciada por este gobierno ni por ningún juez afín al mismo. Una causa que se debió comenzar en la gestión presidencial anterior aun contra la resistencia de sus autoridades. Es que la evidencia del delito cometido era tan pero tan firme, tan lapidaria, que ni con todo el apoyo político a su favor podría dejar de ser investigado.
En nombre de su historia grande y en salvaguarda de su buen nombre y honor, nada habría sido mejor para la señora de Bonafini que presentarse a declarar diciendo que está dispuesta a colaborar con la Justicia en todo lo que corresponda, no sólo para demostrar su inocencia sino para colaborar en la acusación de los que pueden haber cometido los desfalcos, siempre y cuando ella pueda justificar su absoluto desconocimiento del tema, como dice una y otra vez públicamente pero no se anima a afirmarlo ante el juez.
O sea, ella -y quien fuere- está en su derecho de criticar del modo que quiera a este gobierno y de expresar dentro de la ley todas las formas de protesta que la democracia permite, que por supuesto son amplísimas e incluso incorpora a aquellos que desprecian el sistema, siempre y cuando no se levanten contra él.
Pero en el caso que estamos analizando toda esa parafernalia ideologista es tan solo un pretexto para no colaborar en la búsqueda de la verdad, que es lo que no sólo la Justicia sino la sociedad toda reclama; y que deberían reclamar en primer lugar aquellos que creen a pie juntillas en la grandeza a prueba de todo de las conductas de Hebe de Bonafini a lo largo de su accionar público.
En fin, que así como la sociedad no se divide esquemáticamente entre malos y buenos, tampoco se divide entre los que aman y los que odian a Hebe de Bonafini. Porque cualquier análisis racional puede distinguir sin mayores dificultades a la Hebe de Bonafini que se resistió al poder dictatorial de quien, como cualquier persona, es citada a declarar en una causa en la que no se ponen en cuestión sus méritos sino que se la coloca en igualdad ante la ley con el resto de sus semejantes.
Actitud que, en este caso, ella y sus seguidores parecen haber olvidado sosteniendo, con su negativa a declarar, que pese a su ideología igualitarista, para ellos unos son más iguales que otros.
