Como si fuera un libro de final incierto, el expediente Nº 9.282/2014, caratulado “Protectora ADC c/ Enargas y Ots. p/Amparo” sigue engrosándose.
Es ni más ni menos que la causa que desde hace ya un año y medio mantiene en suspenso la aplicación de nuevos cuadros tarifarios para el gas natural en Mendoza y que ahora, a punto de vencer la última prórroga de 60 días que aprobara la Justicia Federal, enfrenta otra extensión por 4 meses.
Es lo que, con 3 días hábiles por delante para terminar el año, debe determinar la Justicia Federal mendocina a partir de lo solicitado por la ONG el miércoles 23. Resta saber si será suficiente para que la titular del Juzgado Federal 2 de Mendoza, Olga Pura de Arrabal, resuelva la cuestión de fondo: si corresponde o no el ajuste de tarifas que en su momento Enargas y la Secretaría de Energía de la Nación, con varios aspectos cuestionados, autorizaron a Distribuidora de Gas Cuyana S.A.
De confirmarse, se tratará de la quinta prórroga consecutiva en curso del amparo, admitido en 2014 por 120 días pero cuya vigencia sucesivamente fue acotándose.
Es que la primera extensión fue de 90 días, con el atenuante de que entonces Arrabal autorizó un ajuste parcial en concepto de “costo de transporte y distribución” siempre y cuando no impactara en más de $ 22 en las facturas a pagar por los usuarios.
A su vencimiento el 30 de junio, y otra vez a solicitud de Protectora, el juez subrogante Walter Bento prorrogó la cautelar por otros 2 meses. Más tarde, ya con Arrabal a cargo nuevamente, la continuidad del amparo fue por un período similar, vencido a fines de octubre.
Durante los primeros días de noviembre, y con el argumento de que el trasfondo de la causa aún no estaba resuelto, un nuevo pedido de la ONG hizo que la magistrada avalara la continuidad del amparo hasta enero, con lo cual se dilata la sentencia definitiva. Un fallo que, a raíz de la solicitud que acaba de ingresar al Juzgado, podría diferirse al menos hasta abril próximo.
La última vez, los apoderados de Protectora, Mario Vadillo y José Ramón, habían pedido a la magistrada que “atento a la inacción de la demandada y al estado de la causa, llame autos para sentencia”.
Desde el tribunal basan cada una de las últimas admisiones en el hecho de que “se mantienen vigentes las circunstancias evaluadas en su momento”, y la necesidad de reunir más pruebas, tanto de la demandante como la demandada.
"Un parámetro objetivo"
A propósito, Arrabal espera una pericia contable que debe presentarse a pedido de Cuyana, para lo cual concedió 10 días hábiles que se cumplen a principios de febrero, desde donde evitan pronunciarse en tanto prosiga el litigio. Con todo, la solicitud formal de prórroga de Protectora que ingresó en vísperas de Nochebuena incluye la habilitación de la feria de enero si no hay decisión antes del día 30.
En ella se insiste en el perjuicio directo sobre más de 165 mil usuarios al autorizar el primero de los 3 tramos del nuevo cuadro tarifario emitido en 2014, en favor de Ecogas “empresa que presenta un servicio público en forma monopólica”. Y se hace hincapié en la vigencia temporal de la medida cautelar.
“En atención a los plazos escalonados en los que las resoluciones de aumento de la tarifa prevén instrumentar; y cuyo escalonamiento de aumento coincide con el plazo de 60 días que se le pretende dar de vigencia temporal a la medida cautelar; esta parte solicita que en relación a la adecuación de los días de vigencia de la medida se deberá tener en cuenta un parámetro objetivo que permita la correcta protección de los usuarios afectados.... y no una cantidad de días aleatorios y sin resguardo, que tenga sustento en un sistema justificable de protección a los intereses económicos y a la salud, previsto en el art. 42 de la Constitución nacional”.
En esa línea, los argumentos de Protectora exponen, una vez más, la razón por la que la Justicia hizo lugar “parcialmente” al reclamo de los usuarios con el aval a una parte del aumento y no a la totalidad.
“Como si la situación de hecho y de derecho fuere distinta de la planteada para los otros tramos”, señala la presentación.
Respecto al pedido de 120 días, se basa en que la causa se encuentra pendiente de resolución, al solicitar que “se corrija semejante anormalidad, disponiendo la prórroga del plazo de 120 días dispuesto originalmente al sancionar la cautelar”. Para el abogado Ramón, “la jueza debe argumentar porqué del plazo que ha estipulado hasta ahora, cuando el pedido es 120 días y aún no hay resolución”.
Más allá de que la causa siga dilatándose, si el dictamen final de la jueza Arrabal termina por aprobar los incrementos de la tarifa del gas, desde Protectora advierten que la vía de la apelación está disponible. Por eso, en la última presentación se hace reserva de recurrir a la Corte Suprema.
