A cuatro días de emitido el informe en Periodismo Para Todos (PPT) sobre presunto lavado de dinero del empresario kirchnerista Lázaro Báez, la Justicia arrancó ayer formalmente la investigación. Por orden del juez Sebastián Casanello se hicieron cuatro allanamientos, tres de ellos en Puerto Madero y uno en la ciudad de La Plata, según dijeron anoche fuentes judiciales.
El magistrado ordenó los procedimientos a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que los llevó a cabo mientras se realizaba el cacerolazo en la ciudad e incluso en Puerto Madero. Se trata de las oficinas de la financiera SGI conocida como "La Rosadita", dos departamentos unificados en el séptimo piso de uno de los edificios del complejo Madero Center, a los que se entra por la calle Juana Manso, y del departamento particular del financista Federico Elaskar, al que se ingresa por la calle Azucena Villaflor.
Otro allanamiento fue en una propiedad en la ciudad de La Plata relacionada con el devenido millonario Leonardo Fariña y el cuarto procedimiento en una oficina no identificada de Puerto Madero. No se conocían anoche los resultados de los mismos, aunque es presumible que ya no existieran elementos sensibles en esas propiedades luego de los cuatro días transcurridos desde que se difundiera el informe.
Las medidas fueron ordenadas por el magistrado luego de recibir por la tarde el requerimiento de instrucción del fiscal Ramiro González, un paso necesario para el inicio de toda causa penal. González había pedido una serie de medidas e imputó a Elaskar y Fariña, sobre quienes opinó que ya pueden ser llamados a prestar declaración indagatoria por la presunta comisión del delito de lavado de dinero.
Pese a que la causa lleva en su carátula el nombre de Lázaro Báez, el empresario kirchnerista favorecido por la obra pública en Santa Cruz no figura en el requerimiento firmado ayer por González junto con su colega Carlos Gonella.
Báez está sospechado de haber sido quien entregó unos 55 millones de euros en unos pocos meses a Fariña para que éste lo lavara a través de la financiera CGI de Elaskar durante 2011, según dijo el propio financista al programa de Jorge Lanata.
Sin embargo, la acusación inicial de la Fiscalía no se basa en los dichos de Elaskar y Fariña sino en una información arrimada ayer mismo a la Justicia por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Se trata de una vieja investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en base a Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviadas por diversos bancos sobre transferencias de cuentas bancarias vinculadas a Elaskar, Fariña y la empresa SGI y otras empresas no identificadas, por unos 20 millones de pesos.
El argumento escuchado en Tribunales es que Elaskar y Fariña negaron en otros programas de TV haber dicho lo que dijeron en el de Lanata. Por ello, el fiscal pidió recopilar todo lo publicado y difundido por este tema en estos días, incluido el tape de PPT e incluso citar como testigos a los periodistas que participaron del mismo.
