Un informe encargado por el gobierno alemán y publicado ayer revela el funcionamiento de la justicia de Alemania Occidental durante la posguerra, que continuó durante décadas empleando a funcionarios que ya oficiaban bajo el III Reich, en proporciones mucho más importantes de las que se conocían hasta ahora.
“La cantidad de (ex) miembros del NSDAP (Partido nacionalsocialista obrero alemán) dentro del ministerio de Justicia no bajó después de la guerra como se suponía, sino que aumentó en los años 1950”, indicó al periódico Süddeutsche Zeitung, Christoph Safferling, que codirigió el estudio, cuyo informe fue presentado ayer por el ministro de Justicia, Heiko Maas.
En 1957 se alcanzó el apogeo, cuando 77% de los directivos de la administración judicial eran ex miembros del NSDAP, según los resultados de este estudio titulado “Expediente Rosenburg”, por el nombre del edificio que albergó desde 1950 al ministerio de Justicia en Bonn, entonces capital de la República Federal Alemana.
Se sabía que Alemania del oeste recurrió a exnazis para ejercer funciones públicas, pero la proporción -casi ocho directivos sobre diez- es una novedad, según Safferling.
“No creíamos que la cifra fuese tan elevada”, reconoció el historiador. Contrasta además con los estudios similares en el ministerio del Interior o de Relaciones Exteriores, en los que la proporción no fue tan importante.
De 170 personas que entre 1949 y principios de los años 1970 ocuparon cargos directivos en el ministerio, 90 pertenecieron al NSDAP, detalló en la radio pública Deutschlandfunk, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, exministra de Justicia, que encargó el estudio en 2012.
Ninguno de estos funcionarios activos durante la dictadura nazi expresó arrepentimiento y se justifican, según Safferling, explicando que aplicaron el derecho entonces en vigor, a veces “evitando lo peor” permaneciendo en sus puestos.
Según Leutheusser-Schnarrenberger, 34 de estos directivos pertenecieron inclusive a las milicias SA, las secciones de asalto del partido nazi.
La presencia masiva de los exnazis se explica, según ella, por la necesidad de recurrir a funcionarios experimentados para reconstruir el aparato judicial.
Un argumento “poco convincente” para Safferling: el ministerio de Justicia tenía la posibilidad de contratar a jóvenes juristas de la naciente RFA, fundada en 1949, diplomados después de la caída del III Reich, o incluso contratar juristas antinazis exiliados y que regresaron a Alemania tras la derrota de Hitler, estimó.
Otra explicación es que los Aliados, que habían fijado como prioridad la “desnazificación” del país en la inmediata posguerra, se vieron obligados a modificar la prioridad ante la necesidad de reconstruir un país en ruinas para hacer frente al bloque comunista.
Esto último hizo necesario la contratación de funcionarios formados, aunque éstos hayan trabajado en el aparato estatal nazi.
La consecuencia de esta orientación fue la lentitud de la justicia en la posguerra para juzgar los crímenes durante el régimen de Hitler.
Por ello, recién en los últimos años los juicios por esas causas se han multiplicado, más de 7 décadas después de la caída del III Reich.
