La justa rebelión de las provincias

El tratamiento del Presupuesto Nacional no hizo más que sacar nuevamente a la luz lo que sucede con el manejo discrecional del dinero que realiza el Gobierno liderado por Cristina Fernández.

De allí que no resulte extraño que en forma inmediata surgieran los reclamos desde provincias no gobernadas por adherentes a la conducción nacional y que reclamaran la devolución del 15% de la coparticipación federal de impuestos que la Nación está reteniendo desde hace años, por el Pacto Federal.

El reclamo surgió primero desde Santa Fe, pero corrió como reguero de pólvora para que se unieran otras provincias, como Córdoba, San Luis y Corrientes, a los que se sumó luego Santa Cruz.

El planteo lo realizaron tomando en consideración también un estudio realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que indica que desde 2009, fecha en que se reestatizó el sistema jubilatorio, ese 15%, a precios actualizados, acumuló 145 mil millones de pesos y ello surge porque en 1990 las provincias aceptaron ceder a la Nación ese 15%, para cubrir el desequilibrio que tendría la Anses por la aparición de las AFJP.

Luego, cuando el Estado recuperó los aportes y el stock de inversiones que habían acumulado las AFJP en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, las provincias consideraron que correspondía la devolución de ese porcentaje. Sin embargo, cuando el Congreso votó la reestatización del sistema, el tema no fue ni siquiera considerado.

El reclamo de ese 15% es sólo una muestra de lo que a diario se observa con el manejo de los recursos por parte del Gobierno Nacional. En los hechos, el sistema federal se ha debilitado y se produjo un avance impresionante del centralismo.
 
El Gobierno Nacional destina mayores recursos hacia aquellas provincias o municipios que comulgan con su gestión y en muchos de los casos, como sucede esencialmente en la Provincia de Buenos Aires pero que se repite en el interior del país, pasando por encima de los gobernadores para apoyar la gestión de determinados intendentes. Sólo cabría poner como ejemplo lo que está sucediendo actualmente, con la cercanía de las elecciones y el dinero que se destina hacia los municipios más poblados.

Cabe agregar también que ese dinero tiene muchas veces directa relación con el humor con que se encuentre la Presidenta en el momento de tomar la decisión y del cual el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, primero vilipendiado y luego amado, puede dar muestras más que claras.

Mendoza no es ajena a esa situación. Se hace mención a la deuda que la Provincia tiene con la Nación, pero no se considera lo que la Nación le debe a Mendoza, entre lo que podría figurar, por supuesto, la obra de Portezuelo del Viento, puesto que la Nación se comprometió a realizarla a cambio de una deuda que tenía con la Provincia.

Días pasados y con motivo de la campaña electoral, los gobernadores provinciales decidieron ratificar su aval a la Presidenta de la Nación y a movilizarse en defensa de las políticas que se están llevando a cabo a nivel nacional.

Como mecanismo de defensa partidaria podría llegar a entenderse, pero lo que no se puede aceptar es el mantenimiento de esta forma de gobernar. Los gobernadores de Provincia tienen una deuda para con su pueblo y la obligación de defender sus intereses. Es por ello que, más allá de su identificación partidaria, deben unirse para recuperar ese federalismo, que ha sido avasallado en todas sus partes y muy particularmente en el nuevo Presupuesto Nacional.