Jury a camaristas: esta vez Cornejo prefirió el silencio

Por un voto, la mayoría de la Corte y el PJ le ganaron la pulseada a la UCR, que apoyaba la idea de investigar a la 8va Cámara del Crimen.

Jury a camaristas: esta vez Cornejo prefirió el silencio
Jury a camaristas: esta vez Cornejo prefirió el silencio

El Jury de Enjuiciamiento contra los jueces que liberaron a los líderes de la Tupac Amaru no tuvo los resultados que el Gobierno buscaba. La mayoría de los representantes de la Suprema Corte y el peronismo impusieron, con su voto, la decisión de no investigar a los miembros de la 8va Cámara del Crimen denunciados por las víctimas de esa organización kirchnerista.

Sin embargo, el gobernador Alfredo Cornejo -a diferencia de otras ocasiones- esta vez no hizo declaraciones públicas.

Dicen que el mandatario estaba muy enojado, sobre todo con algunos ministros supremos. Pero prefirió el silencio.

Sólo el senador radical Juan Carlos Jaliff, miembro del Jury, esbozó alguna opinión, que se tomó como la voz del oficialismo.

“Nos parece un tanto extraño que un sector del PJ defienda a la Tupac y que un sector de la Justicia defienda a los camaristas”, dijo.

Pero su crítica política quedó ahí y optó por levantar la voz contra la discusión del propio tribunal. “Se ha desvirtuado el Jury”, agregó.

Ni siquiera ante el embate periodístico de que éste era un revés para el Gobierno, el legislador-vocero rebatió. “Es un revés para las víctimas de la Tupac y para la Justicia misma”, señaló.

Sólo cuestionó el accionar de los camaristas Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel, al que consideró "arbitrario" y "perjudicial" para las víctimas.

Lo hizo por el fallo que en setiembre pasado emitió la Cámara, rechazando la figura de “asociación ilícita” que planteaba la fiscal Gabriela Chaves contra los integrantes de la Tupac y dejando sin efecto la prisión preventiva que tenían hasta entonces.

Hay que recordar que tanto en ese momento, como hace una semana, cuando se supo que la Tupac reclamaba la devolución de los bienes que se les secuestraron en medio de la investigación, Cornejo cruzó duro a los camaristas.

En la primera oportunidad los tildó de “garantistas” y de ser de Justicia Legítima, sector filo kirchnerista al que pertenecen varios magistrados, incluyendo al miembro de la Suprema Corte, Omar Palermo.

Días atrás estalló ante el pedido de los familiares de Nélida Rojas, jefa de la Tupac. "Este acto de caradurez e impunidad se lo debemos a la 8va Cámara del Crimen", escribió en Twitter.

Esa actitud provocó que la Asociación de Magistrados le saliera al cruce por la “intromisión” del Ejecutivo “en las decisiones del Poder Judicial”. Hasta insinuó que Cornejo podría tener incidencia en el pedido del Jury contra los camaristas ahora salvados.

Incluso en esa instancia el Gobierno respondió. No lo hizo Cornejo directamente, pero sí un funcionario suyo. Y la respuesta no fue leve. "Cornejo tiene autoridad moral para opinar porque su Gobierno puso al día los sueldos de los magistrados, a quienes se les adeudaban aumentos desde la gestión de Francisco Pérez", lanzó el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino.

Ahora los cuestionamientos -hechos únicamente por Jaliff- apuntaron sólo al Jury. “Lo que más nos preocupa es su funcionamiento. Lo que queríamos era que los camaristas tuvieran la oportunidad de defenderse de las gravísimas acusaciones”, resaltó el senador.

Lo dijo atendiendo a las acusaciones de “amedrentar a la jueza (de Garantías) y a la fiscal Chaves” y de “tener una postura favorable a la defensa”. E insistió. “Hoy (por ayer) se terminó juzgando en vez de dar vista y esperar que ellos explicaran el porqué de su fallo”.

Dudas por lo que viene

Más allá del resultado de este tribunal político, tanto en el Gobierno como en el Ministerio Público Fiscal tienen una preocupación mayor.

Es que ahora, la Sala Penal de la Suprema Corte, donde sí actuarán los tres ministros que se excusaron de participar en el Jury, José Valerio, Omar Palermo y Julio Gómez, debe decidir sobre el recurso de queja que la fiscal presentó contra el fallo de los camaristas.

En el ámbito de los fiscales entienden que si el Máximo Tribunal rechaza ese pedido, no sólo refrendará la decisión de la 8va Cámara, sino que irá en una misma línea del Jury, dejando a Chaves prácticamente sin causa.

Claves

11 a 10. De los 21 miembros del Jury, votaron por desestimar la denuncia los 6 legisladores peronistas, dos miembros de la Corte (Jorge Nanclares y Alejandro Pérez Hualde) y dos camaristas civiles.

Cuestión de conducta. La UCR justificó su postura en que es necesario investigar "la conducta" de los jueces. El PJ, en tanto, planteó que el Jury "no tiene atributos" para juzgar un fallo judicial.

Juicio abreviado. Para Jaliff en lugar de cumplir con "un trámite" que permitiera investigar el comportamiento de los jueces, directamente "se los juzgó" en primera instancia.

Eliminan las listas de papel en los Tribunales

Los pasillos de tribunales de toda la provincia comenzaron a lucir ayer distintos, sin los largos y tradicionales listados en papel con las publicaciones de las resoluciones judiciales sobre el estado de tramitación de las causas.

Los dio de baja la acordada 28.624 que resolvió, “a partir del 15 de marzo de 2018, la eliminación de la confección en soporte papel de la lista diaria de notificaciones”.

La medida se extiende por “todas las circunscripciones judiciales de la provincia”. En su remplazo ordena que la notificación “se realice a través de la publicación en la página web del Poder Judicial”.

La norma, no obstante, prevé 12 excepciones para los juzgados de Paz letrados de Lavalle, Costa de Araujo, Fray Luis Beltrán, Uspallata, Bowen, Villa Atuel, Monte Comán, Real del Padre, Las Catitas, La Dormida, La Consulta y San Carlos. Aquí seguirá habiendo una doble notificación -virtual y en papel- por un año, hasta que las listas tradicionales desaparezcan el 15 de marzo de 2019.

La acordada está firmada por los jueces de la Sala III del máximo tribunal, Jorge Nanclares, Pedro Llorente y José Valerio.

Se funda “en la vigencia del nuevo Código Procesal Civil, Comercial y Tributario” que “autoriza la utilización de expedientes, documentación, comunicaciones y firma electrónicos y rúbrica digital”.

Agrega que “la práctica judicial (de los listados en papel) se ha visto superada por los avances tecnológicos” presentes y considera necesario suprimir “la duplicidad de trabajo y el costo que implica el papel y otros insumos”.

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