Economía
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15-11-2024
El interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados decidió hoy por unanimidad no dar quórum en la sesión prevista para el jueves con el fin de discutir el megaproyecto de emergencia, el primero del gobierno de Alberto Fernández, por considerar que "significa anular el Congreso nacional delegando todas sus funciones constitucionales en el Poder Ejecutivo Nacional".
La decisión se tomó al cabo de una reunión de casi tres horas entre los diputados radicales, macristas y de la Coalición Cívica-ARI, que juntan 116 de las 257 bancas.
Sin al menos una parte de esos diputados sentados en sus bancas, al Frente de Todos (FDT) no le alcanza con el apoyo de otras bancadas opositoras para juntar el cuórum, de manera tal que la sesión prevista para el jueves, con el fin de discutir el megaproyecto, no podría realizarse.
Es que en esa sesión, antes del eventual tratamiento de la iniciativa, está previsto que asuman en sus bancas una veintena de diputados, la mayoría del oficialismo, que van a reemplazar a colegas suyos que renunciaron para asumir como funcionarios del gobierno de Fernández o que fueron elegidos intendentes municipales.
Con esos diputados aún por jurar, el oficialismo cuenta con alrededor de cien diputados. Para iniciar la sesión se necesitan 129 diputados sentados. El interbloque Federal, que agrupa al peronismo no K, tiene 10, y el interbloque Unión para el Desarrollo Federal (UDF), tiene 8. Contando esos eventuales apoyos, el oficialismo reuniría alrededor de 118 diputados, con lo cual quedaría a 11 del quórum.
"A poco más de un mes de las elecciones del 27 de octubre en la que más de un 40 por ciento del electorado nos eligió para defender los valores republicanos que se conjugan en JPC, no podemos traicionar a la ciudadanía delegando el mandato popular que hemos recibido en el Gobierno nacional", dice el comunicado de la coalición opositora, en el que se subrayó que "por unanimidad, el interbloque resolvió no dar quórum en la sesión del próximo jueves".
Por lo tanto la decisión de JPC rompió todos los esquemas: el FDT tenía organizado el camino parlamentario para el tratamiento del megaproyecto, que incluye 87 artículos, ingresó por Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados recién ayer por la tarde y se denomina ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
El oficialismo pretendía que el texto se debatiera hoy en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, con la presencia de la jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Salud, Ginés González García, y de Trabajo, Claudio Moroni.
Tras ese debate, y con los dictámenes firmados, el oficialismo tenía previsto llevar el texto al recinto el jueves y el mismo viernes, descontando la media sanción de Diputados, propiciar el debate en el recinto del Senado. Todo eso, que hasta hoy era una certeza para el oficialismo, ahora está en duda.
Lo que iba a ser una primera sesión amable de la era Fernández ahora adoptó abruptamente un tenor beligerante por la postura de JPC de rechazo a toda la iniciativa y la posterior decisión de no dar cuórum para impedir la sesión.
Critican el tratamiento a las apuradas de un texto largo, que incluye una batería de medidas que no aceptarán, como facultades delegadas de las emergencias Económica, Social y Sanitaria; la intervención de entes reguladores de servicios públicos y la posibilidad de subir aún más las retenciones.
Pero acaso la medida más irritante para JPC es la suspensión seis meses de la fórmula de movilidad jubilatoria actual, que ata los aumentos a la inflación y que le valió un Perú aprobar en 2017, entre violentas protestas callejeras.
Como la inflación es alta, JPC sostiene que el Gobierno pretende ahorrarse un dineral pagándoles menos a los jubilados.
Opositores moderados
Distinta de la de JPC es la postura del resto de los espacios opositores, a quienes el FDT ya considera eventuales aliados.
Uno de estos espacios es el interbloque Federal, conformado por el peronismo no K y el socialismo, que hizo saber que considera aprobar parte de la ley, pero de todas maneras con reparos a los superpoderes y las retenciones y señalando que la suspensión de la fórmula de movilidad deja a las jubilaciones sin un coeficiente legal y regular para actualizarlas.
Otro espacio es el interbloque Unidad para el Desarrollo Federal (UDF), que preside el mendocino José Luis Ramón, integran diputados "sueltos" de cinco provincias, fue armado por Sergio Massa con el fin específico de que apoyen al oficialismo y que hasta anoche había puesto en duda su posición sobre la propuesta gubernamental.
Con los trotskistas Nicolás del Caño y Romina Del Plá por supuesto que el oficialismo no podrá contar, pero sí con la neuquina Alma Sapag, que conforma el monobloque Movimiento Popular Neuquino (MPN) y es cercana a Massa.
Con estos apoyos, y descontando inicialmente que JPC sí daría quórum, el oficialismo se imaginaba anoche su primera victoria parlamentaria, con una diferencia de votos al menos cómoda. Pero no.
Decisión discutida
La decisión rupturista de JPC se deliberó un buen rato hoy en el Anexo C de la Cámara de Diputados.
La Coalición Cívica-ARI, el bloque que lidera la aún diputada en funciones Elisa Carrió, había avisado temprano y públicamente que sus diputados daría cuórum para "no habilitar ni delegar ningún tipo de facultades que destruyan la Constitución".
Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO, sostuvo después la idea de que dar cuórum para tratar esta ley significaba convalidar el concepto del oficialismo de que el gobierno de Mauricio Macri dejó "tierra arrasada".
Esa postura se enfrentaba a la de parte del radicalismo, que consideraba que no se debía obstaculizar el tratamiento de la agenda legislativa de un gobierno nuevo.
En verdad, los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), que tienen diputados propios, dispondrán de mayores recursos por la suspensión del Consenso Fiscal acordada con el Gobierno nacional, con el que no querían quedar mal.
