Más allá de que Mauricio Macri la haya instalado como crítica habitual, la litigiosidad laboral parece ceder en varios lugares del país salvo Mendoza. Según la Uart (Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo), en lo que va de 2017 ingresaron 3,5% más demandas a la Justicia mendocina, unos 150 casos por encima de 2016.
En la provincia, sólo en julio, ingresaron 428 denuncias, con lo que en los primeros 7 meses del año acumulan 4.664. Para igual período de 2016 eran unas 4.500.
Pero la curva ha sido irregular. Tras un récord de casi 1.000 demandas en marzo (17,2%más que igual mes anterior), hubo altibajos, un "empate técnico" en junio y otra suba del 8,3% en julio.
Así, Mendoza se coloca encima del promedio nacional (1%) y con un comportamiento distinto al de CABA, donde si bien crecieron las denuncias 21,9% enero-julio, en julio bajó 17% interanual y 2 puntos la participación en el total país.
"Existe alta litigiosidad hace años, es multicausal. El grueso de la masa de juicios laborales corresponde a petróleo, minería y construcción, rubros de alta informalidad y riesgo, y no hay prevención", señaló Pablo Teixidor, representante del Colegio de Abogados de Mendoza ante la Federación nacional.
Al respecto, Jorge Sanchís, de la Cámara Argentina de la Construcción, que integra un órgano cuatripartito con la UOCRA, Gobierno y las ART, consideró que "la Superintendencia obliga a las empresas con alta siniestralidad a capacitar a operarios y mandos gerenciales. El tema es cuantificar la siniestralidad: en eso mucho tienen que ver los heridos de "los lunes", que terminan directamente en la ART".
Para Teixidor, en tanto, entre las razones directamente atribuibles a las ART, "que no han sido propensas al pago dentro de los 15 días posteriores al siniestro. Con una tasa de interés baja, del 17%, les era más negocio litigar, que cambió con la aplicación de la tasa libre. Eso equiparó todo y obliga a volver a negociar".
La pyme de los 6 juicios
La minería es otro rubro en donde se constata el aumento de acciones judiciales. Gustavo Santecchia, de Geoandina Minerales, no duda: "Por supuesto que ha crecido, estén los trabajadores en blanco, en gris o en negro porque los abogados les hacen creer que cualquier cosa es posible y arman las causas. Teníamos 6 juicios que afortunadamente pudimos resolver a un costo elevado".
El empresario, que supo tener un plantel de 10 empleados y ahora mantiene sólo 4, admite que "la vía extrajudicial fue un recurso en la mitad de los casos, pero nunca implicó pagar menos del 60% de lo reclamado. A algunos les cuesta un embargo preventivo y a varias pymes obligó a cerrar: un fallo en contra equivale a la ganancia de más de un año".
Al ejemplificar una causa "inventada" el recuerdo llega rápido. Una demanda que reclamó en base a 4 años de antigüedad cuando sólo registraba 5 meses, y, de acuerdo a Santecchia, "el resto del tiempo había estado preso".
A propósito de tiempo, es la medida de la cantidad de causas en los juzgados laborales, que en ciertos casos ya remiten a marzo de 2019, con la consiguiente capitalización de intereses al actualizarse montos ya de por sí elevados.
Esperando ley y mediación
Para el subsecretario de Trabajo, Alejandro Jofré, la adhesión a la nueva ley en Mendoza, que tiene despacho favorable de la Comisión de LAC y espera ser tratado por la Cámara de Senadores, es clave.
"Es conveniente para que se resuelvan mas rápido las causas. Eso explica la baja del promedio nacional", afirmó el funcionario, para quien "40% de causas se resolverían extrajudicialmente".
Desde la UART destacan "cambios cualitativos", como el fallo que avaló la acción de Comisiones Médicas, y que por primera vez la Justicia fijó costas a un trabajador por faltar a una pericia física, en base a la Tabla de Evaluación de Incapacidades (ley 27.348), a fin de objetivar porcentaje de incapacidad y usar "la misma vara".
Paralelamente, la Provincia sigue adelante con la Oficina de Conciliación Laboral, pese a la acción de inconstitucionalidad de la CGT. Con más de 100 abogados, quieren que abra en octubre
"Adherir a la ley no es la solución de fondo, como tampoco la oficina será traba al acceso a la Justicia si se respetan los 60 días de plazo para acordar o litigar", remarcó Teixidor.
