El 6 de junio es la fecha de la última notificación de la Justicia mendocina a la de Buenos Aires, y el último folio que tiene, por ahora, el voluminoso expediente iniciado por Impsa para alcanzar el APE (Acuerdo Preventivo Extrajudicial) por su pasivo de más de U$S 1.100 millones.
Se trata de un pedido de suspensión de juicios que al menos 4 acreedores le iniciaron, y frenan la homologación del acuerdo: en función de ello, el 2do Juzgado de Procesos Concursales le dió plazo hasta el 4 de julio para negociar un arreglo.
Lograr el mayor consenso necesario para que la jueza Gloria Cortés convalide el APE (Acuerdo Preventivo Extrajudicial), por el cual transferirá 2/3 de sus acciones a acreedores firmantes desvela a Pescarmona. Arrancó el año con 55% de adhesiones y, con 4 firmas alcanzó acuerdos y ya supera el 66% que exige la ley de Concursos.
Son Banco Nación, Bice, Eximbank, un banco de EEUU de crédito al comercio exterior, y el brasileño Badesul, que suman U$S 136 millones y casi 12% de la deuda total.
Los rebeldes
Aun así, Enrique Pescarmona y la cúpula de la compañía tienen una piedra en el zapato. Son las demandas judiciales del Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro), de Orígenes Seguros de Retiro S.A, Garbarino S.A, y el inversor Maximiliano Ruprecht, ante la Justicia Comercial porteña, que en tanto no firmen, complica el cielo de la reestructuración.
Al respecto, desde la compañía evitaron pronunciarse, pero los hechos hablan solos: para ganar tiempo y negociar una salida, sus abogados pidieron, y lograron, una suspensión de los juicios y pedidos de quiebra hasta el 4 de julio, a poco de comenzar la feria judicial, con lo cual cualquier resolución se difiere al menos a agosto. Y por ende, la homologación y en definitiva el traspaso de acciones a los futuros nuevos socios.
Vencido el término, Impsa "deberá informar el grado de avance de la negociación, y el estado de ejecución del proceso de reestructuración de la deuda”, dice el escrito que lleva la firma de Cortés.
Por tamaño de la acreencia, el grupo es liderado por Bapro (U$S 11,4 millones), seguido por Orígenes, Garbarino y Ruprecht.
Según explicaron fuentes judiciales, "más allá del estado de los juicios, lo que se meritúa para homologación es el avance de las negociaciones".
Los firmantes y el futuro
A Eximbank (7,8 millones), Banco Nación (33 millones), Badesul (12,8) y BICE (4,2) hay que sumar un fideicomiso entre BICE y Nación para financiar la Central Eólica Pampa de Malaspina por otros U$S 78,7 millones; con todo, 12% de la deuda que terminó en default en 2014.
A propósito de prórrogas, Impsa había pedido extender el plazo de oferta del 31 de mayo al 12 de junio para tratar de superar el 66% de adhesiones. Al viernes 9 había captado 4 nuevos firmantes.
"Ya se alcanzaron las mayorías previstas legalmente. Esperamos poder la presentación formal al Juzgado lo antes posible", dijo Ismael Jadur, director de la firma, al confirmarse el porcentaje.
Mientras David Seltzer, director financiero y mentor del APE que busca traspasar el 65% de las acciones a los acreedores suscriptos, definía con la cúpula de Impsa los pasos a seguir, Hernán Iglesias, responsable de Relaciones con el Mercado, señaló que la firma "continuará trabajando a efectos de culminar exitosamente el proceso de reestructuración".
Desde las asambleas con accionistas y acreedores de febrero, la agenda fue intensa. El 18 de mayo se notificó a la Justicia concursal la firma de Corporación Interamericana de Inversiones (IIC), del BID, la agencia de crédito a la exportación Export Development Canadá (EDC) y los bancos Bradesco, de Brasil, y el checo Raiffeisenbank. Juntos, otros U$S 300 millones, casi 30% del pasivo total.
Luego de algunos inversores particulares, la lista se extendió en junio con el Eximbank, Nación, Bice y Badesul.
