Hoy a las 9 de la mañana, la secretaria general de ATE Raquel Blas y el secretario gremial de la misma asociación, Roberto Macho, deberán enfrentar el inicio del juicio oral y público en su contra por amenazas. El proceso será llevado adelante en la Séptima Cámara del Crimen, en el palacio de Tribunales.
Los hechos por los cuales los dos sindicalistas son llevados ante los estrados judiciales se desarrollaron el 17 de diciembre de 2009, en el quinto piso de Casa de Gobierno, un día de furia en la que una reunión entre funcionarios y delegados de ATE terminó con insultos, golpes y vasos rotos. Todo porque el Gobierno habría estado incumpliendo el acuerdo paritario de 2009.
Fue una larga jornada que se inició en la mañana y terminó en la siesta, cuando después de un par de cuartos intermedios, el entonces ministro de Hacienda Adrián Cerroni leyó un borrador que no satisfizo los reclamos sindicales y el papel terminó siendo lanzado por Blas en la cara del ministro, ante las cámaras de televisión.
Esos fueron los hechos. De la lectura de las más de 200 fojas del expediente 98.261/09, no parece quedar claro que lo que se le imputa a Blas sea sustantivo. Sólo una declaración, la del entonces secretario de Salud Pedro Masman, es la que indica que Blas amenazó a Cerroni.
Según Masman, Blas le dijo a Cerroni, mientras le tironeaba la corbata: "Si esto no lo arreglan, voy a salir a hablar con la gente afuera, que ya está rompiendo cosas, y no sé qué pueda pasar acá arriba". Estos dichos serían suficientes para acusar a Blas de amenazas coactivas.
El mismo Masman declaró que Macho dijo: "Son unos hijos de puta, se cagan en nosotros y en los trabajadores. Vamos a seguir luchando y no sé en qué va a terminar esto. Los vamos a hacer mierda (sic)". Estos dichos constituyen lo que se denomina "amenazas simples", delito del que se lo acusa.
Pero, Cerroni dice no haber escuchado eso. Sólo declaró que Blas le dijo: "No le falte el respeto a los trabajadores"; recuérdese que el diálogo era cercano, al punto de que la sindicalista estaba a mano para tomarlo de la corbata. Y luego, Cerroni afirma que no escuchó más nada debido al tumulto.
Las declaraciones de todos los funcionarios presentes tampoco refieren amenaza alguna, aunque si relatan los hechos violentos que se vivieron, no acusan de ellos a Blas y a Macho.
Todos estos elementos difusos, hicieron que la fiscal Claudia Ríos pidiera el sobreseimiento de los dos acusados. Incluso más, Ríos dice que "para que se configure el tipo objetivo de los delitos que se endilgan, debe existir necesariamente el anuncio de un mal, el cual debe ser dependiente de la voluntad de quien lo formula, posible, serio, grave, injusto, etcétera.
Ante la situación que constituye el contexto de los acontecimientos, no deben tomarse las palabras en sentido literal, sino atendiendo a que, en virtud de aquella, son generalmente irreflexivas y equívocas". Es decir que en el medio del tumulto y con los ánimos caldeados es posible que se dijera algo fuera de lugar, pero que no necesariamente constituyera una amenaza.
Pero el expediente sufrió una serie de idas y vueltas (ver aparte), al punto de que hoy se iniciará el juicio oral y público contra los dos imputados.
La jueza de garantías, Patricia Alonso, es la que pide la elevación a juicio oral. A fojas 187 la magistrada argumenta que la amenaza tiene como fin "obligar a alguien a hacer, no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad". Lo que se discute desde ATE es justamente este punto. Es que el conflicto en esa jornada no era que se hiciera algo contra la voluntad de alguien; sino que se respetara el acuerdo paritario 2009, firmado en abril de 2009 y que ya tenía ratificación legislativa.
Es decir, el convenio tenía fuerza de ley y no se estaba cumpliendo. Por lo tanto, para que haya amenazas, la intención de Blas y Macho debería ser obligar a hacer algo a Cerroni y el resto de los funcionarios.
El tema es que ya estaban obligados por la ley, no cabe pues la voluntad de los funcionarios. Lo que debería discutirse, según la visión de ATE, es si a Cerroni, Masman y demás miembros del gabinete no estaban incumpliendo deberes de funcionario público.
