A propósito del tercer juicio por jurados realizado en la provincia con el fallo absolutorio de Claudia Cortez, este sistema de enjuiciamiento se instaló para ofrecer una respuesta a la actual demanda social. Control popular, participación ciudadana, confianza y transparencia en el sistema judicial, son al menos algunos reclamos reiterados al Poder Judicial en los últimos tiempos, acompañados del ideal de justicia.
Cierto es que este sistema fue previsto en nuestra Constitución Nacional en 1853 –art. 24, 75 inc. 12 y 118 CN-. Y si bien algunas provincias ya lo han puesto en marcha hace varios años (Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, Rio Negro), en Mendoza comenzamos este año y únicamente para los delitos contemplados en el art. 80 del Código Penal, esto es, aquellos que prevén la sanción de prisión perpetua.
En mi experiencia –única en el país- tuve un jurado estanco, es decir que no alcanzaron la unanimidad para dictar un veredicto y en el órgano acusador decidió no continuar con la acción penal. Por esto, Claudia quedó en libertad desde los estrados del tribunal en forma inmediata.
Ahora, una vez finalizado el arduo trabajo que conllevó este caso, me posiciono como espectador de aquel juicio y quiero resaltar la excelente tarea desarrollada por los operadores del Tribunal Penal Colegiado N° 3, la oficina de Juicio por Jurados y todo aquel personal del sistema judicial que colaboró en las extensas y agotadoras jornadas.
Pero, también me atrevo a formular algunas críticas constructivas de este modelo de juicio por jurados con el objetivo de mejorar su funcionamiento y el de todo el Poder Judicial. En primer orden debe tenerse presente que la cantidad de causas aumenta significativamente año tras año y con ello obviamente el cúmulo de trabajo para los empleados, funcionarios y magistrados, cuyo número no se ha incrementado en relación a esto. Un juicio por jurados, para un tribunal, significa afectar a más operadores que los necesarios para un juicio común, más carga horaria laboral y la cantidad de tarea de cada uno se mantienen intacta. Por esto, es evidente la insuficiencia de recursos humanos para la implementación de este sistema. Sin perder de vista las demás causas en trámite y a la espera de una pronta resolución. Por otro lado, resulta necesario reforzar la difusión de información acerca de este tipo de procesos y la responsabilidad que conlleva la participación ciudadana, ya que los jueces técnicos instruidos y preparados en la materia solo se limitarán a imponer una pena, más no a juzgar la existencia de un hecho y responsabilidad criminal del imputado/a.
Por último, es importante resaltar el compromiso social asumido por nuestros jurados, quienes dejaron a un lado sus responsabilidades personales para avocarse plenamente a decidir sobre la vida de Claudia, en representación del pueblo mendocino y la democracia.
