La provincia de Mendoza tiene una oportunidad histórica para saldar una deuda con el juicio por jurados al tratar el proyecto, que tiene media sanción de Diputados, y que prontamente esperemos lo convierta en ley la Cámara de Senadores de nuestra provincia.
Esta fue una institución fundamental en el proceso de ruptura con la monarquía y su forma inquisitiva de juzgamiento, para lograr el modelo de la república federal. Desde el inicio de la Revolución de Mayo estuvo presente, en el proyecto de Ley Fundamental elaborado en 1812, para la Asamblea del año 13, como en el proyecto de Constitución de la Sociedad Patriótica en 1813. Estuvo contemplada en las constituciones de 1819 y 1826. Y finalmente fue consagrado en la Constitución Nacional de 1853 y mantenido hasta la fecha, imponiéndole al Congreso establecer el juicio por jurados, (art. 24); mientras que en el artículo 75 inciso 12 le otorgó la atribución de sancionar leyes para requerir que se estableciera en las provincias. Finalmente, lo dispone como garantía para los juicios criminales ordinarios de competencia federal. (art. 118)
Es un gran logro para la sociedad, la decisión política de enviar el proyecto, como el de darle tratamiento; pero su sanción resultará un avance institucional de calidad inigualable.
El enjuiciamiento por jurados basado en la confianza al ciudadano, constituye nada más -ni nada menos- que la máxima expresión de la soberanía popular de ser juzgado por los pares.
Nadie hoy se atreve a discutir la participación del ciudadano en temas públicos. Pero la máxima intervención siempre se le ha entendido a través de la emisión del voto, eligiendo a los integrantes de dos de nuestros poderes: Ejecutivo y Legislativo. Lo que les otorga legitimidad democrática de origen a cada uno de ellos.
Pero, como los jueces no son elegidos por el voto popular, sino designados por los otros poderes, la Constitución diseñó el juicio por jurados otorgándole legitimidad republicana al ejercicio del poder.
Este mandato constitucional propio del modelo elegido de república federal, que es tributario de la idea helénica, parte del concepto que “Un ciudadano en el sentido pleno del término se define adecuadamente por su doble participación en una función judicial y en una función política” (Aristóteles).
Como las funciones de votar y juzgar son dimensiones inseparables de la soberanía popular en nuestro Contrato Social, no debe extrañarnos que los cuestionamientos al juicio por jurado tengan las mismas características que históricamente tuvieron las objeciones al ejercicio del voto, fundados en la idea de que se debe tutelar a la sociedad porque el pueblo es incapaz, ignorante, con falta de responsabilidad. Así el voto fue inicialmente para los grupos selectos que se auto consideraban “los capaces”, como para los propietarios, los padres de familia. Hasta que la lucha del pueblo dio como fruto la ley Sáenz Peña otorgando la primera universalidad para los varones, luego la segunda, ampliándola a las mujeres y recientemente habilitando el ejercicio a quienes tengan 16 y 17 años.
Los ciudadanos-jurados no sólo participarán en la decisión de juzgar al dictar el veredicto, sino que podrán ver, sentir, analizar y estar al lado de quienes normalmente tomamos decisiones judiciales que afectan la vida de nuestros pares.
Esa vista, ese ponerse en el lugar del juez del pueblo, permite una cercanía inigualable entre el ciudadano y el Estado, entre el justiciable y el Poder Judicial. Ello trae como consecuencia, la transparencia de la actuación de la justicia, la legitimidad del poder judicial y la mayor calidad institucional.
Pues es el pueblo el que define, con sus costumbres, sus virtudes y sus defectos, la realidad social que nos rodea, realidad que no debe ser ajena a las decisiones que tomamos quienes somos parte del servicio de justicia.
Por estos motivos, entre otros, deseamos fuertemente contar después de tantos años con una herramienta de democratización del servicio de justicia y de legitimación del Poder Judicial.
