El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, instruyó al fiscal de Estado Jorge Albo para que se haga parte en la causa penal que exige a la minera chilena Antofagasta Minerals a erradicar un depósito de residuos sobre suelo sanjuanino, que, según un informe oficial, provocó contaminación grave.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación concluyó en un estudio conocido este fin de semana que los más de 55 millones de toneladas de residuos vertidos por la mina de cobre Los Pelambres, que opera del lado chileno, son peligrosos, producen contaminación ácida y aportan metales pesados a los cursos de agua de la zona.
El trabajo de los peritos de la cartera, elaborado a pedido del juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, y del fiscal federal Francisco Maldonado, determinó que la minera afectó lagunas, al punto de que en las más cercanas se encontraron valores hasta 71 mil veces por encima de lo que marca la ley nacional de Residuos Peligrosos.
Según el informe, los desechos depositados del lado argentino "siguen siendo una fuente de alteración de la naturaleza y un foco de generación de drenaje ácido y metales pesados con potencial de producir daño ambiental".
El estudio subraya que hay "una gran posibilidad" de que los metales pesados lleguen a los suelos y a las napas, lo cual "podría afectar con contaminación el río Carnicería", uno de los afluentes del río San Juan, del que la provincia utiliza agua para consumo humano.
"Ante el impacto del estudio", Uñac pidió una reunión urgente con el canciller Jorge Faurie y con el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, "para avanzar en las gestiones por el retiro del botadero".
Se espera además que el juez Rago Gallo avance en la investigación contra ex directivos y actuales autoridades de la compañía chilena por los delitos de contaminación y usurpación de tierras y agua.
La investigación involucra a los ex gerentes Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery y Robert Mayne-Nicholls, así como el actual titular de Antofagasta Minerals, Francisco Veloso.
En tanto, la empresa minera emitió un comunicado en el que destacó que las conclusiones del estudio muestran "que no ha habido afectación de las aguas del río Carnicería" y que es necesaria la participación de los estados chileno y argentino para llegar a una "solución definitiva al conflicto por botadero Cerro Amarillo".
En el comunicado, la empresa reconoció "la necesidad de adoptar acciones preventivas" para evitar daños al ambiente, tales como las "dos alternativas de obras" que presentó ante la Justicia de San Juan durante 2017.
"El depósito de rocas Cerro Amarillo fue construido en el lugar luego de obtener todos los permisos ambientales y mineros requeridos para ello según la legislación chilena" en los que constaba que el territorio de la escombrera era íntegramente chileno, por lo que el conflicto del traspaso limítrofe "no es de su responsabilidad".
Sin embargo, aclaró su disposición "a colaborar en la búsqueda de una solución definitiva" e instó "en la necesidad de la participación de ambos estados, ya que se trata de un asunto vinculado a la demarcación de la línea fronteriza".
