Con los contadores Pablo Gabriel Prete y Sergio Arturo Delfino ya en la cárcel, en unas semanas se iniciará el juicio contra ambos profesionales, a lo que se le sumarán otros 28 imputados.
La causa se inicio a raíz de una presentación hecha por la AFIP y la DGI, donde denunciaron un perjuicio para las arcas del Estado Nacional que superaría los 200 millones de pesos "sólo de capital". Ambos profesionales están acusados del delito de evasión agravada especificada en la ley 24769, que contempla una pena de hasta 10 años de cárcel y el doble de inhabilitación para ejercer la profesión.
Todo habría comenzado hace 9 años, con la emisión de facturas "truchas", sumando además la comisión de "múltiples e indeterminados delitos tributarios", pero que recién fue descubierta en el 2015. La organización con base en la provincia, tenía ramificaciones en Buenos Aires, San Juan, Misiones y Neuquén.
Por ejemplo acá en la provincia, la causa se tramitó en el Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, cuyo titular Marcelo Garnica, ordenó una serie de allanamientos donde intervinieron más de 150 inspectores de la AFIP que se movilizaron junto a personal de la Gendarmería Nacional y que terminó con la detención de once personas, las que a las pocas horas fueron liberadas, sumando el secuestro de un importante material .
Sin embargo Prete y Delfino no fueron encontrados, por lo que se emitió una orden de captura, que recién tuvo sus frutos mucho tiempo después, cuando en abril de 2017, fue detenido en la ciudad de Mendoza, Pablo Prete, mientras que en agosto del año pasado recién se logró la aprehensión de Sergio Arturo Delfino, procedimiento concretado en Villa María (Córdoba).
Modus operandi
Al detallar la forma de concretar el delito, se hace referencia a varias fases, entre ellas: buscar personas insolventes, dispuestas a recibir una suma de dinero, a cambio de dar sus datos personales para inscribirlas como contribuyentes ante la AFIP-DGI, para hacerlas figurar como integrantes de sociedades falsas (como La Mora, Cemento y Cauchos Mendoza, entre otras). Confeccionar toda la documentación falsa, como contratos de locación, poderes y actas de sociedad, falsificar escrituras públicas; solicitar la impresión de las facturas, miles de ellas fueron encontradas en los allanamientos, además de ofrecer y vender las facturas falsas a potenciales "clientes", por medio de los jefes o por los "punteros", logrando duplicar y hasta cuadruplicar el mismo número de facturas a diferentes usuarios, lo que dificultaba el descubrimiento de las personas que estaban atrás de la organización.
Asociación ilícita
Según la elevación a juicio, con la firma del fiscal federal Fernando Alcaraz, se atribuye haber organizado y formado parte de una asociación ilícita fiscal a los contadores Pablo Prete y Sergio Delfino, ambos en calidad de jefes, a los que se le suma el resto de los procesados, en calidad de miembros. Remarcando que esta organización se formó y mantuvo en el tiempo, por lo menos desde el año 2010 hasta octubre de 2015, cuando se produjo su desarticulación. Habiendo mantenido una conducta delictiva mediante la confección de facturas apócrifas, delito tipificado en la Ley 24.769.
Los otros procesados
Alejandro Fernández (contador); Víctor Paz (odontólogo); Federico Salinas (comerciante); Sergio Carletti (empleado); Ana Mosca (ama de casa); Marta Villafañe (jubilada); Marcelo Calderón (comerciante); Julián Bustelo (contador); Marcelo Pérez (docente); Carlos Delfino (comerciante); Ernesto Romano (comerciante); Omar Medina (empleado); José Condeno (cobrador); Francisco Parejo (comerciante); Marcelino Marcerou (comerciante); Elida Mamy (contadora); Armando López (comerciante); Marcela Canzonieri (ama de casa); José Canzonieri (empleado bancario); Dib Hakim (jubilado); María Fradusco (abogada); Adolfo Rivero (empleado); Mario Perucho (publicista); Juan Romano (comerciante); Eduardo Evans (pensionado); Ramón Manrique (contador) y Raúl Villarreal (comerciante).
