El 22 de abril de 1985, los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D'Alessio, integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones, empezaron a escuchar centenares de testimonios de los sobrevivientes y familiares de las víctimas del plan sistemático de exterminio que la última dictadura cívico-militar (1976-1983) llevó a cabo en todo el territorio nacional. Fue en el marco de un debate oral y público denominado Juicio a las Juntas. Del inicio de ese proceso inédito en la historia se cumplen hoy 35 años.
Los integrantes de las juntas militares que aplicaron el terrorismo de Estado durante casi ocho años fueron sentados en el banquillo de los acusados, en el contexto de una democracia que apenas intentaba consolidarse en medio de amenazas golpistas y crisis económica. Pero, ¿cómo empezó todo?
El impulso de Alfonsín
A poco de asumir, el presidente Raúl Alfonsín ordenó mediante la sanción del decreto 158 el procesamiento de las tres primeras juntas militares que gobernaron el país a partir del golpe del 24 de marzo de 1976.
El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas había abierto una investigación que no produjo ningún resultado y, en consecuencia, a mediados de 1984, la Cámara Federal tomó la causa y procesó al general Jorge Rafael Videla, al almirante Emilio Eduardo Massera y al brigadier Orlando Ramón Agosti, integrantes de la primera junta militar.
También resultaron acusados Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Omar Domingo Rubens Graffigna, de la segunda; y Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, responsables de la tercera.
El comienzo de las audiencias despertó una gran expectativa entre la ciudadanía, la dirigencia política y los periodistas que iban a narrar las alternativas de este juicio.
El proceso se desarrolló en la Sala de Audiencias de la Cámara Federal, que contenía un enorme crucifijo y un vitreaux con la inscripción "afianzar la justicia".
El juicio se instruyó sobre los datos relevados por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que había sido creada por Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir, y cuyo informe bajo fue entregado el 20 de septiembre de 1984.
La investigación de la Conadep constató en 1984-85 la desaparición de "cerca de nueve mil" personas, precisó entonces su presidente, Ernesto Sábato, en el prólogo del libro que divulgó el informe final bajo el título de "Nunca Más".
Además de recibir e investigar las denuncias de secuestros y otros crímenes de la dictadura, la Conadep aportó un modo de ordenar la acusación y las responsabilidades de la represión por centro clandestino de detención.
Este criterio de agrupamiento fue asumido por la Cámara Federal que juzgó a las Juntas y también por la Fiscalía, integrada por Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, que concluyó su alegato final con la exhortación al "Nunca más".
Las condenas
Durante el juicio, se escucharon numerosísimos testimonios y se consideraron las presentaciones de los gobiernos de Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza sobre ciudadanos de esas naciones desaparecidos en la Argentina.
Las sentencias fueron dictadas por la Cámara Federal el 9 de diciembre de 1985 tras 900 horas de audiencias entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985.
En la sala de audiencias se tomó declaración a más de 800 personas en una sucesión de testimonios que exhibieron ante la opinión pública contornos escalofriantes de una de las etapas más oscuras en la vida del país.
La sentencia se emitió el 9 de diciembre e incluyó las condenas de Videla y Massera, a prisión perpetua, Viola recibió 17 años, Lambruschini ocho y Agosti cuatro, en tanto que el resto de los acusados quedaron absueltos.
Años más tarde, en diciembre de 1990, los represores que fueron condenados en este juicio se vieron beneficiados por los indultos que dictó el expresidente Carlos Menem y quedaron en libertad.
Sin embargo, la derogación y posterior anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en 2003, y la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declararlas inconstitucionales, en 2005, los volvió a sentar en el banquillo de los acusados.
