Con su inesperada reacción contra la justicia mendocina a raíz de la inseguridad, el Gobernador redondeó una semana no muy afortunada si se tienen en cuenta los conflictos reiterados de productores agrarios, la trabada negociación salarial con los docentes, el rebrote de la protesta de otros sectores gremiales estatales y el cada vez más desacreditado tratamiento del presupuesto provincial, que ya debería estar ejecutándose.
Hay críticos del oficialismo que sostienen que Pérez con su reacción logró distraer la atención de quienes viven sobresaltados por la ola delictiva. Y que también buscó atemperar el impacto que generan las trabas en la gestión.
Si bien Francisco Pérez dijo a los periodistas que lo entrevistaron luego de un acto público muchas cosas que la gente siente y dice a diario y que tal vez le guste escuchar de sus funcionarios, también es cierto que culpar sólo a una parte de los sectores institucionales que tienen la responsabilidad de garantizar seguridad roza claramente la necedad, es decir, la torpeza o la imprudencia.
Si un jefe policial de máximo rango admite que su fuerza no cuenta con clavos miguelitos para detener a un camión que circula a contramano en una doble vía, correspondería que antes de atacar a jueces y fiscales se verifiquen las condiciones en que se encuentra la fuerza policial a cargo del Ejecutivo para prevenir los hechos delictivos.
En este entredicho lo emotivo predominó ampliamente en el ánimo del Gobernador y así se colocó a la provincia al borde de un conflicto de poderes que, sin embargo, supo suavizar la Justicia cuando decidió contar hasta diez, meditar la respuesta y darla a conocer sin mayores estridencias a través de un comunicado de prensa.
Voces vinculadas a la Justicia Penal y abogados de dicho fuero coincidieron en considerar que la actitud de Pérez fue un exceso y que pudo existir falta de asesoramiento previo de su parte para encarar semejante acusación.
La aparición pública del ministro Rodolfo Lafalla al día siguiente señalando que “no estamos pidiendo que la Justicia provincial investigue los casos de droga, que son naturalmente de competencia federal, sino que los delitos comunes que se producen en el marco de la narcocriminalidad, a cargo de los fiscales provinciales, sean investigados de manera ágil, eficiente y coordinada”. Fue la voz oportuna desde el entorno de Francisco Pérez ante la réplica crítica que hizo la Procuración General a los cargos del Gobernador.
Días antes del crimen del comerciante de Dorrego un sector de la oposición le había solicitado a Pérez una audiencia para proponer rediscutir una política de seguridad de la provincia teniendo en cuenta la especial incidencia narco de estos tiempos. Luego del entredicho, prácticamente se impone la necesidad de barajar y dar de nuevo.
Los dos justicialismos.
El debate por el presupuesto provincial terminó dividiendo por uno u otro motivo a los dos partidos mayoritarios.
En realidad, el problema de la división es de mayor envergadura en el justicialismo, no sólo porque ejerce el gobierno de la provincia sino por la distancia que existe, y parece acrecentarse, entre el Ejecutivo (para algunos "El paquismo") y el Legislativo (para los mismos observadores, "La política").
El gabinete de Pérez tiende a ser una estructura sin figuras sobresalientes entre las cuales debería surgir en algún momento el candidato a suceder al Gobernador en 2015. Y en los bloques oficialistas de diputados y senadores conviven las principales líneas internas del PJ mendocino, que poco tienen que ver en estos momentos con la estructura de gobierno. En ellas se encuentran los referentes que también quieren anotarse para el próximo año.
La historia de desencantos y enojos, bien vale recordarlo una vez más, comenzó a fines de diciembre, cuando el oficialismo legislativo había llegado a un acuerdo con el radicalismo para reducir a 1.200 millones de pesos la autorización para endeudarse al gobierno provincial. En ese momento Pérez no estuvo del todo de acuerdo con dicha negociación y prefirió encarar por su cuenta un mano a mano con los presidentes de los dos principales partidos de la oposición.
Fue entonces cuando en el ala política del oficialismo (diputados y senadores) decidieron postergar hasta febrero el abordaje de la pauta de gastos y recursos de este año y se fueron de vacaciones.
Pérez, en cambio, permaneció todo el mes de enero en Mendoza para terminar de ajustar su gabinete y a la espera de que el calor veraniego ablandara la dura postura del radicalismo sobre su presupuesto. No sólo no lo logró, sino que con su postura condujo al partido opositor a una división de criterios que tiende a llevar a los números provinciales a un final mucho más cerrado aún, como veremos más adelante.
Difícilmente las diferencias entre el Ejecutivo y los legisladores del oficialismo lleguen al extremo de una ruptura estridente (el viernes el presidente de Diputados, Jorge Tanús, hizo público su respaldo a Pérez por lo que dijo de la Justicia), pero está a la vista que no hay en las cámaras portavoces claros de las políticas del Gobierno.
Dicen quienes observan el día a día del gobierno provincial que aquella decisión de Pérez de ponerse desde un primer momento por encima de la interna del peronismo terminó aislándolo del mismo. Y las consecuencias se advierten ahora.
Los dos radicalismos.
La división en el radicalismo es mucho más coyuntural y responde a lógicas escaramuzas entre dirigentes de un partido que cree posible volver a gobernar la provincia y en el que sus dirigentes quieren asegurarse un lugar preferencial.
Así, mientras un grupo de senadores de la UCR se preparaba para dar una sana señal republicana aportándole al desorientado gobierno un presupuesto alternativo, el intendente Cornejo, que ya no preside el partido pero tiende a ser el dirigente de mayor peso interno, resolvió decirle que no a cualquier tipo de acercamiento al Ejecutivo.
No importó que el sector liderado por Biffi y Moralejo, con el asesoramiento del diputado nacional Vaquié, sellara un marco de entendimiento en el Senado por un endeudamiento acotado a 750 millones de pesos y un presupuesto acomodado a la actual coyuntura, que evite que el Gobierno maneje discrecionalmente los fondos que llegarán por la segura mayor recaudación.
El cornejismo espera atrincherado en el bloque de diputados radicales, donde tiene más influencia, lo que pueda llegar del alumbramiento en el Senado. Ciurca y compañía sonríen no tanto por el gesto institucional de legisladores radicales y de otros partidos que le ofrecieron a Pérez un presupuesto alternativo, sino porque lograron de algún modo resquebrajar la hasta no hace mucho monolítica estructura de la UCR. A Cornejo por el momento no parece interesarle tanto cuándo y cómo llegará a tener el gobierno de Pérez su presupuesto.
El jefe godoicruceño quiere demostrar a sus eventuales competidores para las primarias que este nuevo sistema de elección de candidatos deja bien parados a quienes ganan y afuera del juego a quienes pierden. Y que si alguien quiere evitar los riesgos de las internas es preferible sentarse antes a conversar sobre qué lugar podría ocupar cada uno si el radicalismo llegase a ser gobierno otra vez en la provincia.
