La justicia mendocina ordenó al Banco Nación que cobre al titular de un crédito hipotecario UVA una cuota que no supere el 35% de sus ingresos. El monto mensual que debía pagar el beneficiario se había duplicado en menos de dos años y ascendía al 50% de lo que percibe mensualmente. Además, la jueza consideró que el contrato bancario no debe considerarse un acuerdo entre privados, sino encuadrarse en la normativa del derecho al consumidor.
En 2018, EB solicitó un préstamo por $ 2.799.000, lo que equivalía a 121.221 UVA. La primera cuota que abonó, en julio de ese año, era de $ 16 mil. Actualmente, ese monto se elevó a $ 34 mil, lo que ronda el 50% de sus ingresos mensuales.
La abogada Mariela González resaltó que a su cliente le quedan 28 años de pago por delante y que, aun considerando una inflación de 10% anual durante ese plazo, terminará pagando por su vivienda única $ 360 millones y la cuota ascenderá a $ 6 millones. De hecho, hoy, con el valor actual de las UVA, adeuda ya unos $ 6 millones (más del doble del monto original).
La medida cautelar, detalló la letrada, tiene como finalidad única la eliminación del UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) en el cálculo de la actualización de la cuota. Es que se trata de un índice vinculado a la variación de precios al consumidor, que no tiene relación con la vivienda única.
Pero en esta instancia inicial, la acción tenía como objetivo solicitar que el banco no le cobre más del 35% de los ingresos mensuales, lo que equivale a una cuota de $ 24.500, que deberá actualizarse por el coeficiente de variación salarial, publicado por el Indec.
La jueza Graciela Simón, del Primer Tribunal de Gestión Judicial Asociada, le hizo lugar a la medida cautelar y le ordenó a la entidad bancaria que ése sea desde ahora el importe que se le cobre a EB.
Fuentes del Banco Nación explicaron a este diario que efectivamente hay una presentación judicial pero que la entidad ha hecho otro, por incompetencia, ya que la resolcuión fue de un juzgado provincial. Y que ahora esperan la resolución de la justicia.
González resaltó que además, previo dictamen del Ministerio Fiscal, se consideró que el contrato bancario y sus efectos pueden ser analizados a la luz de la normativa de derecho del consumidor, en lugar de como un acuerdo entre privados. Esto significa un antecedente en la provincia y en el país. Además, se reconoció la necesidad de protección de la vivienda única.
La abogada explicó que en el caso de un contrato entre particulares se considera que ambas partes están en igualdad de condiciones al momento de suscribirlo, por lo que no puede ser modificado. En cambio, cuando el acuerdo se toma como una relación de consumo, se entiende que las cláusulas son predispuestas y que, si resultan abusivas o contrarias al derecho del tomador, pueden ser revisadas por un juez y reemplazadas por otras.
De hecho, en febrero de este año, el presidente Alberto Fernández planteó que quienes tomaron créditos valuados en UVA asumieron un compromiso entre privados, que deja afuera al Estado. Pese a eso, el Banco Central conformó una comisión para evaluar las consecuencias sociales y económicas del sistema de préstamos ajustables por UVA para la adquisición de viviendas. Es que, la UVA pasó de tener un valor de $ 14,05 el 31 de marzo de 2016 (la fecha más antigua de cotización de la unidad) a $ 53,87 hoy (+283%), mientras los salarios se han ido quedando por detrás de la inflación.
Mariela González señaló que la opción de pagar parte del aumento al final del crédito no representa una solución para los deudores hipotecarios porque les extiende los años que deberán pagar. Lo que solicitan, en definitiva, es la eliminación del UVA como índice de actualización, para no perder las viviendas.
El proceso que se inicia ahora, después de esta primera resolución, tiene como objetivo discutir la readecuación del contrato con distintos parámetros de actualización de las cuotas. Esto, teniendo en cuenta que se trata de la vivienda única y que, al momento de tomar los créditos, el gobierno proyectaba una inflación anual del 15%, cuando terminó superando el 45%.
EB es uno de los, se estima, 20 mil tomadores de créditos hipotecarios UVA en la provincia. Si bien la resolución de la jueza sólo se aplica a su caso, sienta un precedente y el objetivo es llegar a la declaración de colectivo, cuando los reclamos en la Justicia alcancen un cierto número.
Federico Sangrá, coordinador de la Comisión de Derecho al Consumidor del Colegio de Abogados, indicó que los créditos UVA plantean una cuestión de difícil resolución porque el valor de la cuota va variando de acuerdo a un cociente que no es modificable. De ahí que resulte importante interpretarlo en el sentido de que, si el contrato se hace demasiado onerosos, se puedan hacer modificaciones.
Es que cuando se tomaba el crédito, la cuota no podía exceder el 35% de los ingresos, pero con la escalada de la inflación, se superó ese porcentaje. Después, opinó, quedará resolver si se deja de calcular por UVA, si se condona una parte, si se pagan al final.
Sangrá detalló que, desde una visión del consumidor, se debe considerar que los bancos prestan un servicio financiero y que el Estado tiene que intervenir para proteger a la parte débil. Esto, porque el tomador del crédito no puede discutir ninguna cláusula del contrato, sino simplemente adherir o no. Esto implica una disparidad y, por el monto de los préstamos, además de estar involucrada la vivienda, el perjuicio puede ser muy grande.
Además, planteó que quien tomó el crédito no es que no quiera pagar, sino que quiere poder pagar. Y confió en ciertas promesas de que la economía estaba mejorando, la inflación cedía y el UVA era una opción segura. De ahí que más de 90 mil argentinos hayan accedido a este tipo de préstamos hipotecarios.
