Los días en Chile del ex juez federal Otilio Romano, acusado de amparar delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar, parecen estar contados, debido a que el magistrado chileno que entiende en el pedido de la Justicia de nuestro país falló a favor de su extradición.
Se trata de Sergio Muñoz, también integrante de la Corte Suprema del vecino país, quien hizo lugar al reclamo argentino de extradición de Romano iniciado en enero de 2012.
De esta manera, y a un año y diez meses de la fuga de Romano de Mendoza, Muñoz tomó esta decisión, luego de analizar el informe de la fiscal Mónica Maldonado, quien consideró que existen méritos suficientes para presumir la complicidad del ex juez federal en Mendoza con la dictadura.
Romano fue destituido de su cargo tras ser acusado de "partícipe primario" en 103 casos de violaciones de los derechos humanos durante el último régimen militar, cuando se desempeñó como fiscal federal de Mendoza.
La fiscal Maldonado analizó las imputaciones hechas al ex magistrado por su dudosa actuación en la privación ilegítima de la libertad de 34 personas, la privación efectiva de libertad de otras 26, además de 36 casos de tortura y cuatro casos de allanamiento ilegal.
Lo que se le achaca a Romano es haber amparado esos delitos que son imprescriptibles para la Justicia argentina y no haber hecho nada al respecto.
A principios de mayo pasado, la fiscal Maldonado entregó su informe a Muñoz, propiciando la extradición del ex juez argentino, con la idea de acelerar el traslado del destituido magistrado a la Argentina para ser juzgado.
Según fuentes judiciales chilenas, para Maldonado "hay presunciones fundadas de la participación (de Romano) en los hechos, y existe mérito suficiente para presumir la participación del requerido en los hechos investigados".
Sólo un paso más
De acuerdo con lo expresado por Pablo Salinas, abogado defensor de los derechos humanos y apoderado legal del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), a Romano le resta una única instancia recursiva ante la sala penal de la Corte Suprema chilena, lo que podría tardar algunos meses en resolverse.
Sobre esto hay que tener en cuenta que el juez Muñoz, quien ya ha mostrado su postura favorable a la defensa de los derechos humanos, habiendo sido incluso uno de los iniciadores de las causas contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, no está solo en la Corte, ya que el cuerpo está integrado por 21 ministros, algunos de los cuales son confesos "pinochetistas", lo que podría complicar la resolución que promueve extraditar a Romano a la Argentina.
Más allá de esto, Sebastián Dal Pozzo, abogado representante del Estado argentino, consideró como "contundente" la resolución de Muñoz "porque se hace cargo de todas las alegaciones o las defensas de Romano y las desecha en su totalidad y acoge la extradición por el 100% de los delitos imputados".
Romano huyó de Mendoza el 24 de agosto de 2011, un día antes de ser destituido. Tiempo después el Gobierno chileno rechazó otorgarle refugio político, más allá de que todavía reside en Reñaca, bajo la figura de "arraigo" y con detención domiciliaria nocturna.
Además, Romano se ha considerado a sí mismo como un "perseguido político" del Gobierno argentino. "Los hechos ponen en evidencia que en Argentina se ha maquinado una persecución política en mi contra por parte del grupo político dominante, liderado por la presidente de la Nación, Sra. Cristina Fernández de Kirchner", aseguró en un escrito presentado a la Justicia chilena.
Salinas destacó la labor judicial de la fiscal Maldonado porque "genera una jurisprudencia que abre un camino que permitirá actuar en otros casos similares".
