Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
El Congreso aprobó el martes dos iniciativas tendientes a generar ciertos beneficios sociales de corto plazo a la población que terminará afectando a todos porque se corre el riesgo de desatar una carrera inflacionaria o una corrida hacia el dólar.
La sanción del proyecto que unió a los peronistas en el Congreso, bajo la batuta de Axel Kicillof, es muy peligrosa, aunque algunos tributaristas, con más elegancia, lo calificaron como un “mamarracho”. Es que fijaron un mínimo no imponible muy alto y, para financiarlo, propusieron una serie de impuestos que son distorsivos y riesgosos.
En primer lugar, hubo una actitud poco flexible por parte del oficialismo que llevó una propuesta en la que, por ejemplo, el mínimo para un matrimonio con dos hijos casi no tenía modificación. El gobierno confiaba en que los gobernadores podían contener a sus legisladores ya que la pérdida fiscal no sólo impacta en las cuentas nacionales sino también en las de provincias y municipios.
Cuando estaban confiados en que los demás bloques (tenían diferentes proyectos y ninguno podía conseguir mayoría) se inclinarían por apoyar el del oficialismo para que los trabajadores pudieran tener alguna mejora, apareció un proyecto en el que trabajó Kicillof y convenció a Massa al poner los mínimos muy cerca de su propuesta. Pero después le agregó una cosa enmarañada, muy típica del ex ministro marxista-keynesiano.
Los cálculos iniciales indican que la propuesta tendría un costo fiscal de 30.000 millones de pesos y los que lo proponen suponen que quienes perciban el beneficio lo volcarán al consumo y, de esa manera, el gobierno lo recuperará, a mediano plazo, con aumentos de ingresos por el mayor consumo. Todo muy lineal.
Por otra parte, vuelven a crear el impuesto a los dividendos, que el mismo Congreso había derogado cuando se aprobó la ley del blanqueo. Esto no hace más que generar inseguridad jurídica y poner una suerte de trampa al blanqueo, porque muchos ahora dudan de que se cumplan las promesas que habían legislado hace 4 meses.
Asimismo, crean un impuesto a las propiedades improductivas, que ya están gravadas por el impuesto al patrimonio, con lo cual están duplicando un gravamen sobre un mismo bien. Además, extienden el impuesto a los nuevos jueces, pero lo mantiene a los antiguos y a los funcionarios judiciales. Dos medidas claramente inconstitucionales e inaplicables.
Con pretensión de demostrar que se grava a los ricos, aplican el impuesto a los intereses de los plazos fijos superiores a 1,5 millón de pesos, suponiendo que las personas o empresas se quedarán quietas para que el gobierno les saque una parte de su ganancia y que la imposición no resulte rentable. Más grave aún es el impuesto aplicado a los intereses de las Lebac. Si los inversores desaparecen, el Banco Central no podrá contener la cantidad de dinero y el destino puede ser explosivo.
No hay que subestimar a los argentinos
El ciudadano argentino está cansado de crisis, pero es un experto en surfear en ellas. Los que ya tenemos muchos años hemos vivido siempre en crisis y hemos transferido nuestras experiencias a las generaciones que nos siguen. Ante determinadas señales, el argentino medio sabe cómo protegerse. Los funcionarios y algunos economistas son tan soberbios que creen que moviendo una o dos variables cambian las cosas y que todas las demás se mantendrán fijas.
No terminan de entender que la economía es movida por personas que tienen necesidades y aspiraciones y se mueven en función de los incentivos que reciben. Cuando estos incentivos son negativos, no se quedan quietos a esperar cómo el Estado los va a perjudicar. Los argentinos ya saben que el peor enemigo es el Estado.
Este error lo cometió en su momento Machinea, justamente cuando hizo la reforma impositiva en el gobierno de De la Rúa, que incluía la creación del impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Ése fue el principio del fin de ese gobierno ya que de ahí comenzó un proceso recesivo, la gente bajó el consumo y se refugió en dólares y esto llevó a una deflación y posteriormente a una depresión.
Con estas decisiones, si la ley fuera aprobada en el Senado, es de esperar que los que reciban el beneficio no van a aumentar sus gastos y seguirán comprando dólares como lo hacen hoy, porque perciben que el valor de la divisa norteamericana está atrasado. Esto agudizará la recesión, aumentará el desempleo, retrasará inversiones y llevará al dólar a niveles insospechados.
La Emergencia Social
Todos creen que una ley es una panacea. ¿Hace falta una ley que la declare para que nos enteremos que en la Argentina hay una emergencia social? Parecen una pandilla de justicieros que salió de un sótano donde estuvieron encerrados treinta años.
Esta versión de la emergencia es más suave que la que se había aprobado en el Senado, cuando proponían pagar un sueldo del Estado a 1.000.000 de desocupados, con aportes jubilatorios y sociales. Por detrás se escondía el objetivo de los dirigentes piqueteros de tener su propia obra social y manejar ellos los fondos.
Con todo, lo que se sancionó, de una prestación adicional de 2.200 pesos mensuales para beneficiarios de planes sociales, implica un costo fiscal de 10.000 millones, pero no soluciona el problema. Los pobres seguirán siendo pobres y los desocupados no tendrán incentivos para buscar trabajo ya que la prestación no les genera ninguna obligación.
No se puede seguir jugando a la ruleta rusa abusando del déficit. El gasto excesivo del Estado frena la economía, sin importar las fuentes de financiamiento, y ésta es la parte más grave en la que el gobierno se ha dejado enmarañar por la oposición con la excusa de consensuar. Está claro que la oposición peronista quiere llevar al gobierno a una situación insostenible, pero Macri debe ponerse los pantalones de una vez por todas y poner un freno.
Consensuar con el peronismo es como dormir con el enemigo y, si políticamente es necesario, hay que sentarse a una mesa con una gama de alternativas como para no pasar papelones como el del martes. Es verdad que el papelón más grande lo pasó Massa sentado al costado de Kicillof, pero el gobierno hoy deberá pensar en afrontar un costo político, vetando la ley, o un costo fiscal aplicándola. Dado el alcance de la ley, es probable que le convenga más el costo político a esta altura e instruir a ciertos ministros a ser menos soberbios, más realistas y a sostener valores, pero dejar de lado ortodoxias.
