El régimen político argentino que nos rige desde hace más de once años está preocupado por una serie de investigaciones periodísticas y fallos judiciales que están demostrando la existencia de un impresionante sistema de corrupción política-económica que danza cerca de las principales figuras del Estado y de una cantidad creciente de nuevos empresarios que desarrollaron su potencial a la luz de los cobijos que les brindó el poder gubernamental. Por eso es que la han emprendido contra jueces, fiscales y periodistas, en un intento fenomenal por doblegar su voluntad, ganándolos para la “causa” o, en el peor de los casos, comprando su silencio mediante amenazas.
Olvidan que el silencio se puede llegar a pagar, pero en el fondo no se vende ni se compra porque siempre, por algún lado, reaparecen las voces que se pretende acallar. La verdad trasciende siempre.
Eso es precisamente lo que está ocurriendo en nuestro país. Pese a una ofensiva despiadada que ya lleva varios años contra el periodismo y los periodistas independientes, éstos han aumentado su prestigio frente a la mayoría de la sociedad, que quiere escuchar todas las voces y, sobre todo, entender cómo funciona en serio el poder, ese que bajo un relato falso miente como si hacerlo fuera política de Estado.
Algo parecido ocurre en el Poder Judicial; los magistrados se están dando cuenta de que la única forma de no alejarse definitivamente de la sociedad es ser implacables con los pecados de los poderosos, en particular de los que usan el Estado para lucrar con el dinero de todos.
Por más “justicias legítimas” con que se pretenda reclutar militantes judiciales para la ideología oficial o por más “leyes de medio” con las que se disfrace el intento gubernamental de poner el periodismo al servicio de la propaganda partidaria, ninguno de esos intentos podrá consolidarse porque van en contra de la naturaleza de las cosas.
El Poder Judicial es una institución cuya valía se verifica cuando aporta sustantivamente a la división efectiva del poder. Y el periodismo es un contrapoder cuya misión esencial es la de decir la verdad que el poder oculta.
Así, cuando el periodismo y la Justicia devienen “enemigos” del Estado, es que algo podrido anida en las entrañas de sus élites dirigentes. Cuando un juez y un fiscal decidieron investigar al vicepresidente Amado Boudou, sobre ambos (e incluso sobre el procurador general de la Nación) tronó el escarmiento y fueron reemplazados. Al no alcanzar ello para intimidar a todos los jueces y fiscales, se intentó una contrarreforma judicial que partidizaba de modo absoluto dicho poder, inutilizándolo en la lucha por la verdad y la justicia.
Pero aun así, las investigaciones prosiguieron y hoy rozan a la misma familia presidencial. Es ese el preciso momento en que se habla de una supuesta conspiración mediático-judicial contra la política, cuando en realidad la verdadera conspiración fue la de aquellos poderosos que usaron al Estado para su provecho propio y hoy sus fechorías, imposibles de ocultar están comenzando a aparecer.
En síntesis, las garantías del funcionamiento republicano y de que una democracia no se destruya por dentro es que sus principales sujetos públicos cumplan las funciones para las que han sido designados, en particular jueces y periodistas porque ellos tienen acceso a los principales instrumentos para avanzar sobre toda forma de corrupción que atente contra las instituciones.
Y que el Estado los declare enemigos públicos, en vez de un estigma es señal de que se está por el buen camino; que los que engañaron la confianza pública estén preocupados y buscando hacer desaparecer a los que pueden desnudarlos ante la opinión pública. Razón de más para aumentar la velocidad en las tareas propias de encontrar la verdad sin renunciamientos de todo tipo. Porque sólo la verdad nos hará libres, siendo ella la única que permitirá la justicia y el castigo de quienes la infringieron.
