La Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, un organismo que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que agrupa a las asociaciones de jueces de todo el país, denunció ayer una "agresión institucional" al Poder Judicial y exigió al Gobierno que evite "el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces".
En bloque
Esa comisión representa a toda la Justicia argentina en sus niveles nacional y provinciales. Está presidida por las juezas de la Corte Elena Highton y Carmen Argibay e integrada por la Junta de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS), la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura (FAM). Los presidentes de esos órganos son, respectivamente, el titular del Tribunal Superior de Justicia porteño, Luis Lozano; los camaristas Luis María Cabral y Víctor María Vélez. Esto significa que la Justicia esta vez se manifestó en bloque, sin fisuras.
El comunicado contiene un mensaje directo a la Presidenta Cristina Fernández: le reclaman "cumplir estrictamente" con el artículo 109 de la Constitución Nacional, que establece que "en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas".
Este pronunciamiento inédito en la historia judicial argentina se conoció ayer, luego de que el ministro de Justicia, Julio Alak, recusara el miércoles por segunda vez a todos los miembros de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal y dijo que habría un "alzamiento" judicial si se aprobaba una extensión de la medida cautelar pedida por el Grupo Clarín, en la causa por la Ley de Medios. Además, el diputado ultra K Carlos Kunkel afirmó que había un hipotético "golpe institucional" de la Corte en marcha.
El comunicado se conoció ayer al mediodía, antes de que la Cámara en lo Civil y Comercial Federal prorrogara la medida cautelar sobre dos artículos de la Ley de Medios a pedido del Grupo Clarín. (Ver página 2)
Frente a esta embestida del Gobierno contra la Justicia, sin precedentes en la democracia, la comisión reportó la preocupación de jueces y juezas "de todo el país" frente a "hechos que agreden institucionalmente a un Poder del Estado y, como consecuencia de ello, a todos los ciudadanos de la Nación, ya que la Justicia es para todos".
La comisión aclaró que "tampoco puede ser afectado el derecho de ejercer la defensa y de criticar las sentencias, ya que ello forma parte de una sociedad transparente y participativa". Aquí los jueces están diciendo que aceptan que se critiquen sus fallos con argumentos y en el marco de debate democrático.
Entre las "agresiones" a los jueces, la comisión nombró, entre otras, la siguiente: "Recusaciones y denuncias penales utilizadas de modo excesivo o con el solo fin de separar a un juez de una causa". El fuero civil y comercial federal prácticamente fue diezmado por el Gobierno para tratar de digitar un juez amigo en la causa por la Ley de Medios.
También, denunció "campañas difamatorias contra jueces agraviándolos de manera personal", en alusión a notas de la revista kirchnerista Veintitrés del grupo Szpolski-Garfunkel contra el camarista y miembro de la magistratura, Ricardo Recondo.
En su enumeración de agresiones resaltó, "pedidos de intervención a los poderes judiciales provinciales", en referencia al proyecto en ese sentido presentado por el senador nacional kirchnerista José María Roldán, para Corrientes.
El organismo defendió la independencia de los jueces, lo que -dijo- "constituye una garantía fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos".
Remarcó que esa premisa "se encuentra protegida por la Constitución Nacional" y es una pieza "fundamental del Estado de Derecho que es sustancial para el funcionamiento de la democracia".
Zaffaroni, en off side
Esta independencia, sostuvo, "no puede ser confundida con la defensa de intereses corporativos, puesto que se trata de hacer pública la preocupación de la magistratura como poder del Estado por la afectación que recibe al tener que decidir sobre cuestiones que atañen a intereses de terceros y no los propios".
Además, la comisión hizo un llamado al Consejo de la Magistratura de la Nación y a Cristina Fernández "para que se cubran los cargos de tribunales vacantes en tiempo oportuno, mediante el procedimiento adecuado".
Instó a "los demás poderes públicos del Estado para que no avancen en la modificación de legislaciones locales en perjuicio de la estabilidad de los magistrados", en alusión al proyecto kirchnerista de modificar el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, entre otras medidas.
Además, reclamó al Gobierno, en cumplimiento de la Ley de Medios, que otorgue a la Justicia espacios en los canales y radios estatales para difundir su labor, tras exhortar "a titulares de medios de comunicación públicos y privados a ejercer el derecho de crítica sobre la base de opiniones y argumentaciones, evitando el agravio personal o familiar".
El miércoles, antes de la embestida de Alak, el ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, había afirmado que "no había presiones" sobre el máximo tribunal pero sí "alegatos de oreja". El ataque de Alak logró, por primera vez, unificar a todos los sectores que integran el Poder Judicial de la Nación.
