En un reciente mensaje en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, emitió una rotunda definición del papel que les corresponde desempeñar a los jueces. “No somos una corporación sino un poder del Estado, porque no defendemos intereses personales sino que defendemos las libertades de los ciudadanos frente a los poderes económicos y a los otros poderes del Estado”.
El titular del máximo tribunal de justicia de nuestro país salió de ese modo al cruce de las críticas y presiones ejercidas desde el Poder Ejecutivo en el marco del diferendo por la denominada Ley de Medios. Por ello, el momento elegido para la significativa advertencia por parte del doctor Lorenzetti resulta muy oportuno.
El accionar del Poder Judicial ha sido objeto de controversias y críticas por parte de la sociedad durante muchos años. Las demoras en los procesos y la calidad de los fallos y resoluciones son aspectos por lo general cuestionados y nunca del todo observados convenientemente para su eventual corrección por parte del mismo Poder Judicial y del resto de los poderes del Estado.
Sin embargo, lo que nunca debe permitirse es la directa injerencia de quienes participan en un litigio, tanto desde el sector público como del ámbito privado, en la capacidad de decisión que debe tener un magistrado judicial.
Desde todo punto de vista, este gobierno nacional ha venido ejerciendo una desmedida e ilegítima presión sobre la Justicia. Un claro ejemplo lo constituye su comportamiento en el Consejo de la Magistratura, organismo que participa en la selección de los candidatos a jueces y también en su eventual remoción.
La adopción por parte del Poder Ejecutivo de una estrategia política tendiente a contar a cualquier costo con un plantel de jueces adictos y confiables a sus intereses ha repercutido de la peor manera entre muchos magistrados. Lamentablemente, no todos pueden soportar estoicamente campañas de desacreditación y difamación que se valen para su principal ejecución del soporte mediático del poder de turno. Así, muchos se apartan de las causas comprometidas por temor o directamente prefieren alejarse de la función.
Es por ello que, en ese contexto, se debe rescatar a quienes desde el noble ejercicio de la magistratura tienen la valentía de emitir sus fallos en medio de la tremenda presión ejercida contra ellos. Estos jueces se diferencian nítidamente de muchos otros que, o bien sí aceptan las condiciones que pone el poder político de turno, con lo cual su reputación cae abruptamente y los transforma en tan criticables como los gobernantes que sólo toleran una Justicia sometida a sus designios, o bien se caracterizan por su ineficacia o su incapacidad para sobreponerse a intereses poderosos. El reciente caso de Tucumán puede servir como ejemplo en este último aspecto.
Dice el prestigioso doctor en Derecho Gregorio Badeni que un “grave error reside en afirmar que los jueces son administradores de justicia”, cuando en realidad no deben ser considerados como administradores sino como “titulares de un poder”.
Ese poder es el que la ciudadanía debe reclamar que sea ejercido en su plenitud, para hacer alarde de honestidad y valentía y así impartir justicia en medio de injustos embates.
