La acordada 29.489, firmada por Jorge Nanclares, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, junto a los supremos de origen peronista Julio Gómez y Omar Palermo, sigue trayendo cola por la decisión de reforzar al colapsado fuero de Familia con personal del Civil.
Ayer, magistrados civiles se reunieron con los supremos firmantes, a quienes se sumó Mario Adaro, quien apoya la acordada. Apenas salieron del encuentro, se fueron a ver a los supremos de origen radical Dalmiro Garay y José Valerio, quienes les prometieron pedir un plenario para los primero días hábiles de marzo y resolver el tema con la participación de los siete miembros de la Suprema Corte.
Mientras que se destaca el éxito en la resolución de causas con rapidez y la oralidad que exige el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, el fuero de Familia debe adecuarse a los cambios que dispone el nuevo Código Procesal de Familia y, para ello, necesita recursos de todo tipo. Entonces, Nanclares, Palermo y Gómez desvistieron a uno para vestir al otro.
Los magistrados del fuero civil se plantaron. La queja colectiva se sustentó en el debilitamiento que pasará a tener el caso exitoso que exponen los firmantes de la acordada. Incluso, les cuestionaron las estadísticas que expusieron para justificar la decisión.
Fernando Games, integrante del Tribunal de Gestión Judicial Asociada N° 1, explicó a Los Andes que "la Corte ha incluido unas estadística que cuestionamos, porque hay cosas que hacemos que no se reflejan en las estadísticas. Gestionamos audiencias, hacemos llamados telefónicos y estamos sobre la prueba y eso no está en el reflejo estadístico".
"El proyecto de oralidad ha impactado de una manera fenomenal en la ciudadanía. Hacemos encuestas de satisfacción y nos dan el 90% de conformidad. La gente conoce al juez que le va a resolver, algo que nunca había pasado y hemos bajado de 5 años a 1 año los tiempos y está a la altura de los estándares europeos en lo que respecta a procesos".
Además, aclaró que se pidió la derogación de la acordada y trabajar en conjunto con todos los actores judiciales "para ver de qué manera ayudar al fuero de Familia. Este proyecto es exitoso y nos muestra como líderes de la oralidad en la Argentina y debilitarlo me parece que no sería la forma de ayudar al fuero de Familia".
La grieta judicial
Luego, los supremos Dalmiro Garay y José Valerio se reunieron con los presentes y les comentaron su postura contraria a lo expresado en la decisión de los otros tres supremos. "Nos dijeron también que Llorente estaría de acuerdo y que se comprometían a que la semana siguiente, el primer día hábil, el miércoles, pedirán que se resuelva en plenario por la Suprema Corte, no por la Sala Administrativa", comentó el magistrado.
El único guiño que recibió el fuero Civil fue mantener hasta el 6 de marzo a los prosecretarios que son 30 -uno por cada juez o jueza- y que deberán quedarse la mitad, es decir un funcionario por cada dos magistrados.
El Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza también cuestionó la decisión, además de pedir una audiencia con los supremos, haciendo hincapié en que perjudicará a ambos fueros.
"Hay personal que va a tener que capacitarse porque son fueros muy específicos. Por lo tanto, esto va a lentificar los procesos y el único perjudicado va a ser el servicio de justicia y la ciudadanía. Esta adaptación va a llevar tiempo. Mientras, deben resolverse las causas", aclaró Andrea Disparte, titular de la entidad.
La situación vuelve a poner a la luz la relación de los supremos que, como ya había comentado Los Andes el pasado 3 de febrero, es tensa. Con dos bandos bien definidos, con el ala "peronista" integrada por Adaro, Gómez y Palermo y el ala "radical", compuesta por Garay, Valerio y Llorente. Nanclares, quien históricamente pivoteaba entre los dos grupos, en noviembre se refugió en el apoyo de los tres peronistas para ser reelecto presidente de la Suprema Corte. Eso tensó más aún las relaciones.
Ahora, Palermo, Gómez y Nanclares firmaron el recorte del fuero Civil y los radicales pedirán un plenario.
Los magistrados civiles saben que, de ir a una votación en plenario "está perdida" porque sería 4 a 3 a favor de la reforma, aunque quizás, se puedan hacer modificaciones.
Otro punto, es saber si finalmente el pedido de plenario se concretará y si es aceptado. De no ser así, se podría interpretar una nueva tensión en la relación, mientras el servicio de justicia puede verse afectado y la ciudadanía demanda celeridad.
