El Senado aprobó, por amplia mayoría, la postulación del doctor José Virgilio Valerio, y de ese modo la Suprema Corte de Justicia de la Provincia mantiene su número máximo de miembros: siete. Se trata de un trámite que, saludablemente, se realizó con celeridad pero a su vez con un debate muy intenso sobre las cualidades del nuevo integrante del Máximo Tribunal en base a sus antecedentes como juez camarista y, como tal, a su formación jurídica.
La designación del doctor Valerio en la Corte genera gran expectativa, puesto que es un magistrado que ya como camarista venía respondiendo a un pensamiento sobre la inseguridad y la acción judicial para combatirla que, obviamente, va en sintonía con lo que pretende el equipo de Seguridad que conduce el gobernador Cornejo. Crea, por otra parte, una neta armonía con el perfil del nuevo procurador general, Alejandro Gullé, también nominado por el gobernador Cornejo no mucho antes, luego de la renuncia que presentara el anterior funcionario a cargo de los fiscales.
El nuevo juez supremo defiende el concepto de que la Justicia es un servicio público que, como tal, debe ganar en eficiencia, con acciones rápidas que se reflejen en respuestas certeras a la ciudadanía en general y a las víctimas del delito. Además, dicha celeridad debe quedar de manifiesto, según el pensamiento del nuevo juez supremo, en una más exigente postura del Estado con respecto a las detenciones de quienes delinquen.
La incursión del nuevo juez en la Corte mendocina debe ser vista como una saludable búsqueda de pluralismo entre sus miembros, teniendo en cuenta las públicas diferencias conceptuales y metodológicas sobre el accionar judicial que planteó Valerio desde que se anunció su nominación. Así lo hizo con relación a la forma de expresarse de jueces y fiscales que responden a concepciones totalmente distintas de cómo ejercer el Derecho Penal y que han venido prevaleciendo en los distintos niveles judiciales durante los últimos años.
Que uno o más jueces del Máximo Tribunal tengan visiones distintas en tal sentido debe ser considerado como un avance institucional de envergadura, siempre y cuando las opiniones contrarias o enfrentadas no se transformen en la expresión de bien marcadas facciones dentro del Poder Judicial, sino que sean una suma de aportes en beneficio del bien común, es decir, de los intereses de todos los mendocinos en material penal.
Es de esperar que el respeto a la independencia de la Justicia, como el poder del Estado más alejado de la influencia política, se cumpla a partir de la asunción, en diciembre, del nuevo juez supremo. Corresponde confiar en la distancia que los magistrados deben tener siempre de la dirigencia política y de los intereses corporativos para poder expresarse con libertad y en base a lo que marca la ley.
En ese sentido, bien vale una observación final. A pocas horas del aval del Senado a su designación, el doctor Valerio concurrió al despacho del Gobernador a saludarlo. Quizá no debió ser esa su primera acción en tanto juez supremo ya que simbólicamente puede leerse como un agradecimiento personal al Gobernador por su nombramiento, lo que en realidad corresponde a las instituciones que evaluaron sus méritos y antecedentes. Porque a partir de su inminente asunción, el nuevo juez de la Corte deberá abocarse a la interpretación y aplicación de la ley por parte de los otros poderes del Estado, y para ello es menester que los despachos que se frecuenten sean preferentemente los del poder del que se forma parte.
