Resistir es la consigna de Carlos Ordóñez. El ex secretario general de Judiciales mantiene el control de la sede sindical, a pesar de que el Ministerio de Trabajo de la Nación ha nombrado a un delegado normalizador para que llame a elecciones para designar autoridades.
Ordóñez sigue en el gremio y para resistir también ataca: presentó una denuncia penal contra el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La pelea es por las elecciones que anuló el Ministerio el año pasado; justamente, la anulación de esos comicios dejó al gremio sin autoridades reconocidas oficialmente y no puede sentarse a representar a los trabajadores. Ordóñez dice que el gremio sigue funcionando administrativamente y que espera que la Justicia resuelva lo más rápidamente posible para normalizar la situación.
Las elecciones fueron en junio y en octubre la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (dependiente del Ministerio de Trabajo) anuló el proceso electoral. El mandato de Ordóñez vencía el 31 de octubre pasado. Desde entonces Judiciales no tiene autoridades reconocidas.
Aún así la electa secretaria general, Adriana Domínguez, llevó adelante algunos actos reconocidos oficialmente; el último fue sentarse a representar a los empleados de la Justicia cuando el gobierno negoció el bono de fin de año. Ésa fue la última vez que esas autoridades electas en junio de 2016 firmaron un acta paritaria. En la paritaria estatal, dos meses después, los Judiciales no tuvieron representación y el incremento salarial salió por decreto.
Desde entonces, Ordóñez resiste. En realidad, desde antes empezó con los reclamos administrativos. Primero pidió una reconsideración a la Dirección de Asociaciones Sindicales, que ese organismo rechazó; luego desde Judiciales se presentó un "recurso de alzada", es decir pidió la misma reconsideración al superior jerárquico que es el propio ministro Triaca.
Ordóñez explicó que Triaca nunca respondió en el plazo que debía hacerlo, sesenta días, por lo que consideran que el ministerio perdió su competencia legal y fueron a la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Nación. Allí pidieron que analice la resolución oficial y una cautelar para evitar la intervención.
La Cámara todavía no resuelve la cautelar porque supuestamente el fiscal de esa cámara no ha podido ver el expediente en el que se resolvió la nulidad de las elecciones. Se dice que se habrían hecho tres pedidos de traslado de esa pieza, que la última bajo amenaza de apercibimiento y que Trabajo no lo habría mandado hasta ahora.
Entonces llegó la nueva jugada de Ordóñez: la denuncia penal contra el causante de todos sus males, Jorge Triaca. La causa la tiene María Romilda Servini de Cubría. Ordóñez y los suyos consideran que la decisión de nombrar un normalizador, que ellos llaman interventor, es un desafío a la libertad sindical y a la Justicia, puesto que aún no se resuelve judicialmente la validez de las elecciones anuladas.
Mientras tanto, el tiempo pasa y el gremio está en el limbo. Sin autoridades reconocidas, con una normalización que no puede hacerse cargo porque la dirigencia resiste la medida, con la esperanza de que la Justicia resuelva el dilema y lo resuelva a favor del grupo que lidera Ordóñez. "El sindicato no está en el limbo, sigue actuando administrativamente", dijo el dirigente.
-Pero no pueden sentarse a paritar en representación de los trabajadores, por ejemplo.
-Esperamos que haya resolución de la Justicia- respondió Ordóñez.
El objetivo del interventor es convocar a nuevas elecciones
El normalizador Hugo Parrino, acompañado por el delegado en Mendoza del Ministerio de Trabajo, Esteban Gargiulo, intentó tomar el control del gremio el 28 de abril pasado, pero lo estaban esperando no sólo la comisión directiva sino también representantes de otros gremios y legisladores provinciales.
Cuando llegaron, Ordóñez y los suyos reclamaron una orden judicial para entregar la llave del sindicato e irse. Obviamente no había orden, sólo la resolución del ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca. Así como llegaron, el normalizador Parrino y el funcionario ministerial Gargiulo se fueron.
Gargiulo dijo ayer que no tienen novedades de la causa en la Cámara de Apelaciones del Trabajo nacional, ni tampoco han sido notificados de cautelar alguna, por lo que “la orden del ministro sigue vigente”.
Luego comentó que Parrino está evaluando cómo llevar adelante la normalización del gremio de los judiciales. “Podría constituir domicilio en otro lugar y organizar desde allí el nuevo llamado a elecciones”, dijo Gargiulo, para luego lamentarse porque “en estas tres semanas se podría haber avanzado y tener lista la elección. Que se vote, que gane el que deba ganar y todo resuelto”.
Del otro lado, el candidato opositor que impugnó la elección, Sergio Mortarotti, dijo que “los judiciales estamos sin posibilidad de que nos representen”.
Mortarotti fue el líder del grupo que presentó 17 impugnaciones y que perdió las elecciones del 8 de junio por menos del 2% de los votos.
