Los empleados judiciales cobrarán a fin de mes un aumento del 5% y a mediados de abril los retroactivos de ese 5% correspondientes a enero y febrero. También recibirán un incremento del adicional 2585 de la época de Julio Cobos que pasará del 10 al 11,5% sobre la suma de la asignación de clase, la antigüedad, el presentismo, el título y un segundo Ítem de 2005. Desde junio recibirán 5,5% más y desde el primero de noviembre otro 5,2%. Los aumentos no serán acumulables. Habrá una cláusula gatillo que se aplicará en el momento en el que la inflación supere el 15,7%.
La Asociación de Empleados del Poder Judicial se convirtió así en el gremio que acordó la última paritaria estatal y se sumó al resto de los sindicatos del sector, salvo el SUTE.
Los judiciales de las clases 8 a 23 pudieron votar 'por escrito' entre el viernes 17 y el lunes 20 -incluidos sábado y domingo en la Primera Jurisdicción- en las cuatro circunscripciones judiciales. "Más del 92% aceptó la propuesta", manifestó el dirigente Carlos Ordoñez.
La complicada paritaria judicial debió sortear los inconvenientes que surgieron a raíz de impugnaciones internas en el último proceso electoral del sindicato, en 2016. El Ministerio de Trabajo anuló el proceso y el gremio -al borde de una intervención nunca refrendada por sede judicial- llevó el tema a Tribunales.
Un nuevo fallo de la Sala 9 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Laboral que desestimó un recurso extraordinario del ministro de Trabajo, Jorge Triaca destrabó la complicada paritaria judicial. Esta decisión fue tomada a principios de mes y permitió que la Subsecretaría de Trabajo de la provincia reconociera a los miembros paritarios de la Asociación de Empleados Judiciales Adriana Domínguez, Carlos Ordoñez y César Llano. Los tres aún son rechazados por Triaca quien nunca expidió los certificados habilitantes. Esto le valió una denuncia penal por 'desacato' por parte del gremio.
La negociación se inició el miércoles 15 en la Subsecretaría de Trabajo con la presencia de su titular Alejandro Jofré y los paritarios del Estado, Ulpiano Suárez y Andrea Molina. Se constituyó una comisión técnica, el gobierno presentó la oferta y el gremio la puso a consideración de los judiciales. Todo se resolvió en cinco días incluyendo los de votación.
"La Subsecretaría de Trabajo ha permitido la negociación paritaria tras aplicar criterios de participación y tras emplazar al sindicato a presentar en un plazo perentorio las credenciales necesarias", confirmó el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay.
Según trascendió el gremio -al que Trabajo de la Nación no ha otorgado las certificaciones- presentó el fallo de la Cámara que ordena la reposición transitoria de las autoridades salientes (a cargo de Ordoñez), las certificaciones anteriores sobre las cuales reclamó validez en base a la decisión judicial y un listado de firmas de empleados judiciales avalando a los tres paritarios del gremio.