Esta semana la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó en su función a un juez que venía siendo permanentemente recusado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a raíz de los juicios de jubilados al Estado por el ajuste de haberes. De esa manera, con la ratificación del magistrado Luis Herrero, el máximo tribunal del país permitió que sigan su curso unos 10.000 juicios que venían siendo demorados a raíz de los planteos del Gobierno.
Es la misma estrategia que utiliza el Poder Ejecutivo para frenar la causa por la ley de Medios: poner trabas en la acción judicial para actuar aplicando la ley según su propia interpretación y conveniencia.
Así como, en una actitud intimidatoria y de enorme presión, inédita en casi 30 años de democracia, el ministro de Justicia calificó la posible resolución judicial a favor de la prolongación de la medida cautelar que planteó el grupo Clarín como un “alzamiento” contra una ley de la Nación, del mismo modo y el mismo día la conducción de la Anses resolvió ignorar lo resuelto por la Corte con respecto a los juicios de jubilados y continuar con las apelación de sentencias judiciales emitidas a favor de los demandantes.
Como broche de oro para los peligrosos desatinos escuchados desde el poder, el Vicepresidente acusó a periodistas de Clarín de estar en “connivencia” con estudios jurídicos que llevan a cabo las múltiples demandas contra la Anses.
Una semana antes, desde un atril, la Presidenta de la Nación también había hecho referencia a la gran cantidad de juicios que afronta el Estado por la insatisfacción remunerativa de los jubilados. Utilizó en ese momento términos descalificadores que de ninguna manera condicen con la altura que debe caracterizar a un jefe de Estado. Dijo entonces Cristina Fernández de Kirchner que “los buitres y caranchos no están solamente afuera sino que hay también, desafortunadamente, adentro (del país) y muchas veces se lanzan sobre el Estado”.
Lo dijo para referirse a la notable cantidad de juicios contra el sistema previsional, pero lo peor es que la primera mandataria puso en un mismo plano a los integrantes de la tercera edad con los bonistas que no entraron en la operación de canje de deuda y que embistieron contra la Argentina a través del fallo del juez Griesa, luego frenado por la misma Justicia estadounidense.
El gobierno nacional sigue generando fuertes divisiones entre los argentinos con esa persistente actitud de catalogar de enemigo a todo aquel que, aunque sea mínimamente, se atreva a plantear un punto de vista diferente al del proyecto del kirchnerismo. A los ofensivos calificativos de golpistas o desestabilizadores utilizados desde todos los despachos oficiales para denostar a cada uno de los participantes de las masivas protestas nacionales del 13 de setiembre y el 8 de noviembre, ahora se le suma la mayor humillación posible hacia quienes, con aciertos o no, dejaron gran parte de su vida poniendo el hombro con su trabajo a la Argentina.
Lo que no se dice, porque es difícil que no se advierta, es que seguramente muchos de esos que reclaman judicialmente contra la Anses fueron también activos participantes de aquellas marchas de protesta espontáneas con las que el pueblo pretendió poner un freno a la desmesura oficialista.
