Se acaba de acordar, entre gobernadores y gobierno nacional, un proyecto de redistribución de recursos y decisiones sobre impuestos y reforma previsional. Interesa analizar las repercusiones sobre jubilados y pensionados.
Situación anterior: los jubilados, durante demasiado tiempo, han sido el "pato de la boda", esto es, el sector que soporta todos los males, aquel del que todos se aprovechan, al que le atribuyen culpas o responsabilidades ajenas. Las jubilaciones eran ajustadas discrecionalmente por el Poder Ejecutivo, cuando la presión social u otras circunstancias así lo imponían.
El gobierno anterior introdujo un método de actualización, que proporcionó mayor certidumbre:
1. Movilidad jubilatoria: la ley 26.417 estableció reajustes automáticos a partir de 2009, en marzo y setiembre de cada año, en todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
2. Metodología: el reajuste se determina tomando el promedio entre las variaciones producidas en los recursos tributarios del SIPA (comparando semestres idénticos de años consecutivos) y el índice general de salarios determinado por INDEC o la variación de las remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables (RIPTE), elaborado por la Secretaría de Seguridad Social.
Las variaciones de enero-junio se aplican para el ajuste de setiembre y julio-diciembre para el ajuste de marzo. Al incluir ambos componentes se asegura que los haberes jubilatorios seguirán la evolución de los salarios a la vez que acompañarán el aumento de los ingresos al Sistema Previsional.
Obsérvese la lógica de este enfoque: se espera, con una política económica equitativa, que los salarios por lo menos evolucionen según el índice de precios y a su vez los recursos tributarios crezcan algo más con el desarrollo del país.
Consecuentemente se espera una mejora en términos reales, quizás leve pero constante en el mediano plazo, de los haberes jubilatorios. Hay un tope para el reajuste semestral, que es 1,03 de la variación de los recursos totales de ANSES.
Situación propuesta y sus efectos: ahora, frente a un déficit descontrolado, el recurso disponible más fácil es pretender disminuir los incrementos futuros de las jubilaciones y pensiones.
Se ha acordado eliminar este sistema de actualización y ajustar las jubilaciones trimestralmente por la evolución del índice de precios más un adicional, no especificado.
Diversos estudios han determinado que mientras entre marzo de 2009 y setiembre de 2017 las jubilaciones se incrementaron 950% (pasando de $690 a $7.246), la inflación, medida por índices de consultoras privadas, índices de CABA y desde 2016 INDEC fue 692%.
Entonces, si se hubiera aplicado solo el índice de precios, la jubilación mínima actual sería $ 5.470. Tomando como base estas cifras, para analizar el tema se podrían uniformar y aplicar incrementos semestrales acumulativos, tanto en la evolución de la jubilación como en la inflación.
Entonces, el promedio de reajustes jubilatorios, para pasar de $690 a $7.246 fue 14,83479% acumulativo semestral, mientras que, para el crecimiento de precios, para pasar de $ 690 a $ 5.470, fue 12,9511%.
El acuerdo supone "garantizando aumentos por encima de la evolución de la inflación". Pero para mantener la evolución actual, debería contemplar un adicional, calculado sobre la inflación semestral, de (14,83479%/12,9511%) -1, que da 14,54463%. Verificando: 14,54463% sobre 12,9511% da 1,88368%.
Esta cifra, sumada a 12,9511% nos da el ajuste semestral promedio, ya calculado, del 14,83479%. Suponiendo que se mantuvieran estas cifras promedio calculadas y el primer ajuste trimestral se aplicara en marzo, los jubilados con la mínima perderían en total durante 2018 $ 5.598,70 (la cifra puede variar según criterios y momentos de aplicación).
Efectos en otros sectores: el índice de movilidad también se aplica en el reajuste de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, pensiones no contributivas (invalidez y otros), pensión universal para el adulto mayor y pensiones para ex combatientes Malvinas, que también verán disminuidos sus ingresos futuros en relación con la metodología actual.
Cifras globales: se pretende que Anses ceda 111 mil millones por la quita del 20% del impuesto a las ganancias que antes reforzaba sus ingresos, pierda 43 mil millones por la rebaja propuesta de contribuciones a la seguridad social y 12 mil millones por la devolución de 3 puntos de la coparticipación de la Nación a las provincias a partir del fallo de la Corte Suprema de fines de 2015.
Recibe 51 mil millones por recaudación del impuesto al cheque. El saldo para 2018 es la pérdida de 115 mil millones, que es el ahorro que pretende realizar el gobierno nacional. Cuesta asimilar esta disminución al contraponerlo con el reciente blanqueo de capitales, en que evasores regularizaron con mínimos costos nada menos que us$ 116.800 millones de dólares, que en su mayor parte permanecen en el exterior.
Fondo de Garantía de Sustentabilidad: este deterioro no debería justificar un nuevo ataque contra el FGS, que ya ha sido afectado, pero debería permanecer incólume, como generador de fondos para los jubilados.
Enfoque publicitario: se garantizaría el 82% del salario mínimo vital y móvil para jubilados con aportes jubilatorios efectivos durante 30 años de servicios.
Actualmente el salario mínimo es $8.860, mientras que la jubilación mínima es $ 7.246. El 82% de $ 8.860 es $7.265 o sea que el impactante anuncio significa $ 19 para un grupo limitado de jubilados.
Redistribución provincial: la provincia de Buenos Aires recibirá $ 44 mil millones extras en 2018 y $ 65 mil millones en 2019. Algún mandatario provincial se congratuló pensando que esto no perjudicaba a las demás provincias, sin comprender que hay un monto global de recursos y que una mejora desproporcionada en una provincia perjudica a las demás.
Aportes patronales: afortunadamente para el interior, se habría dado marcha atrás en la pretensión de vincular la disminución en los aportes patronales con la eliminación de los tratamientos diferenciales por zonas desfavorables.
En su versión original, implicaba que las únicas zonas con una disminución sustantiva de aportes eran Capital y Gran Buenos Aires, que no tienen actualmente tratamientos diferenciales, ya que las demás provincias obtendrían beneficios muy inferiores.
