El proyecto de ley ómnibus que la Cámara de Diputados está debatiendo para saldar las deudas que el Estado tiene con los jubilados encierra varias polémicas.
Como cuestión de fondo, la mega-ley plantea interrogantes sobre la sustentabilidad futura del sistema previsional. Pero sobre la coyuntura, las dudas apuntan sobre todo al costo real que tendrá la “reparación histórica” de jubilados y pensionados y a cuál será el beneficio “real” que estos tendrán.
Entre lo que informó el Gobierno el pasado jueves (cuando asistieron los funcionarios del Ejecutivo liderados por el mentor de la medida, Mario Quintana -vicejefe de Gabinete- y el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso) y lo que sostiene la oposición hay diferencias sustanciales.
Por un lado, la Casa Rosada afirma que el universo de beneficiarios asciende a 2,3 millones de jubilados que se dividen en tres grupos. Hay 50 mil que tienen sentencias firmes, hay 250 mil que están esperando que la Justicia falle a favor de ellos y hay más de 2 millones que no iniciaron juicios pero que están en condiciones de recibir la actualización salarial producto de la corrección en la liquidación de sus haberes, aunque no tienen derecho a reclamar retroactivos por no haber acudido a tribunales (se les exige renunciar a litigios para acceder al beneficio).
El kirchnerismo -a través de los diputados Axel Kicillof y Juan Carlos Díaz Roig- entiende que el universo de beneficiarios es mucho menor. Esta bancada maneja otros números.
Díaz Roig calcula que 800 mil jubilados tendrían derecho a reclamar la actualización y que sólo 300 mil podrían recibir una gran repercusión en sus haberes, ya que los 500 mil restantes cobran la jubilación mínima, la cual sí fue actualizada luego de la salida de la convertibilidad, a diferencia de los haberes de los jubilados que cobraban más y debieron acudir a tribunales a reclamar subas por el período 2002-2006 en el que sus jubilaciones estuvieron congeladas.
El peronista Diego Bossio, titular de la Anses hasta diciembre, tiene un cálculo intermedio. “El beneficio es sólo para 1,8 millón de jubilados, no para 2,4 millones como dicen ustedes. Este número surge de un informe de la Anses de 2015”, les dijo a los funcionarios del Ejecutivo el jueves en Diputados.
Además, aseguró que aquellos jubilados que “cobran la mínima, salvo casos puntuales, no tendrán actualización. Este beneficio que se anuncia es para el 28% de los jubilados a los que los alcanzan las situaciones que se resolvieron en los fallos de la Corte”, explicó.
Otra gran diferencia -y polémica- es cuánto cobrarán quienes sean beneficiados por la ley de “reparación histórica”. Según las estimaciones de la Anses, una persona alcanzada por los criterios que estableció la Corte Suprema en los fallos Eliff y Badaro, que tiene un haber promedio de 10.256 pesos, pasará a recibir 15.528 pesos, esto es un incremento del 51%.
Un jubilado alcanzado por el mismo fallo con un haber de 10.291 pesos, pasará a cobrar 14.162 pesos, lo que implica un incremento del 40%. Un jubilado comprendido por ese fallo y que cobre 6.936 pesos pasará a recibir 9.379, es decir un incremento del 35%. Por otro lado, el Gobierno calcula que el retroactivo promedio rondará los 300.000 pesos por cada caso.
Para Bossio esto no es tan así. Sostiene que, si se siguen los fallos de la Corte, en especial el del caso Eliff que resolvió tomar como índice de actualización de los haberes el indicador que elabora el Indec sobre las remuneraciones básicas en los sectores de la construcción y de la industria (llamado Isbic), en lugar del indicador escogido por Basavilbaso para pagarle a los jubilados que acepten la propuesta de esta ley, que es el mismo índice que el kirchnerismo votó para la ley de movilidad de 2008 -llamado Ripte-, el salto en el bolsillo de los jubilados litigantes será mucho más grande.
El Gobierno dice que la mejora rondará un 45% promedio, pero Bossio calcula que debería ser superior al 80%, por lo tanto, el macrismo estaría planteando una quita encubierta a los jubilados y no una reparación.
“Durante mi gestión en la Anses cada vez que se pagó una sentencia siguiendo el criterio de la Corte de usar el Ibsic, el salario del jubilado creció 80%. Pero si se aplica el índice Ripte, como quieren ustedes, la ventaja será muy inferior”, explicó Bossio. Dio un ejemplo: “Un jubilado que gana 9.027 pesos pasa a 10.462 según la ley. Pero con el Ibsic pasaría a cobrar 13.600 pesos”.
Este diputado también cuestionó que sólo se ofrezca a los jubilados sin sentencia el cobro de un retroactivo equivalente a los últimos cuatro años. Basavilbaso defiende esta decisión y advierte que el promedio de los reclamos por los retroactivos es inferior a los 48 meses.
La diferencia entre el Gobierno y lo que dice Bossio es importante también para proyectar el costo fiscal de la medida.
Si se paga según el criterio de la Anses a los 2,3 millones de potenciales beneficiarios y se actualizan los haberes según el índice menor -el Ripte- en lugar del mayor que fijó la Corte -el Ibsic-, el esfuerzo de parte del Estado será de más de 47.000 millones para el pago de retroactivos y para el aumento de los nuevos haberes jubilatorios la inversión será de hasta 75.000 millones anuales.
El ex kirchnerista maneja otra evaluación. “El costo fiscal asciende a 150.000 millones sólo en juicios y 80.000 millones anuales en recomposición salarial”, dice Bossio. La suma da 230 mil millones, es decir casi 100 mil millones de pesos más que lo que calcula la Anses.
Desde el kirchnerismo, Díaz Roig cuestiona el pago vía “reparación histórica” de un piso de 60.000 sentencias. Sostiene que un 25% de los juicios que llegan a los tribunales de la seguridad social son favorables a la Anses y no les dan la razón a los jubilados. Entonces, si hay 250 mil causas por resolverse, al menos 60 mil serán favorables al Estado.
Este diputado insinúa que esta misma proporción podría incidir sobre las actualizaciones que el Gobierno quiere darle a quienes no litigaron. Al menos un cuarto de estos jubilados no tendría -estadísticamente- derecho a recibir la mejora.
