Los jubilados y pensionados de Argentina hace años que no estamos bien. Desde 2008 nos conducen a la pobreza. Lo ratifican estudios de prestigiosas organizaciones.
El “Índice Global de Pensiones de Melbourne (Australia) Mercer 2016”, sobre salarios, salud y calidad de vida de los jubilados, 28º Foro Internacional de Recursos Humanos, concluyó que el sistema de retiros de Argentina es malo. Ocupamos el último lugar.
La Universidad Católica Argentina, Observatorio de la Deuda Social, y la Fundación Navarro Viola, estudian "los problemas económicos de los mayores” y su vulnerabilidad. Afirman que el 40% de los jubilados no llega a fin de mes. Uno de cada diez adultos pasó por experiencias de riesgo alimentario. El 38% de los mayores considera que sus ingresos son insuficientes, afectando su salud; generando malestar psicológico, ansiedad o depresión (37,5%). El 31,6% la estima bastante comprometida. Se sienten poco o nada felices (19,2%) y carecen de proyectos que les permitan trascender el 30%.
Evaluacon resume: “Las personas de la ‘tercera edad en Mendoza en los últimos años están padeciendo las consecuencias nefastas de bajas jubilaciones, malas prestaciones asistenciales, permanente incremento de los precios de los productos y servicios que más consumen (medicamentos, alimentos especiales), etc.”
En 2015 solicitamos a los candidatos que apoyaran la sanción del 82% móvil y normalizar el PAMI.
Ningún jubilado debería cobrar menos de $ 14.900 (canasta básica).
El PAMI, leyes 19.032 y 25.615, es una persona jurídica de derecho público no estatal. No es un organismo del Estado ni sus funcionarios son empleados públicos. PAMI es de y para los jubilados. Como obra social, debe otorgar a jubilados y pensionados y su grupo familiar directo, prestaciones sanitarias y sociales, con criterios de solidaridad, eficacia y eficiencia, que respondan al mayor nivel de calidad, que se consideran servicios de interés público, siendo intangibles los recursos destinados a su financiamiento (Art. 2º).
Debe conducirlo un Directorio tripartito, de 11 directores, 7 en representación de los jubilados; 2 por los trabajadores activos y 2 del Estado (Art. 3º). El presupuesto de gastos y funcionamiento del PAMI no podrá exceder del 8% de sus recursos, porcentaje que hace años no se respeta. Se gasta más en personal, créditos al Estado y otros que en servicios para los jubilados, que aportamos 30 ó 40 años, y lo seguimos haciendo.
Durante el gobierno anterior, su planta fue duplicada de 10.000 a 20.000 empleados. No se respetó la obligación de designar por concurso. Fueron incorporadas 220 personas con ingresos superiores a $ 100.000. No desplazaron a los designados por razones políticas, incrementando gastos.
Existe una costosa burocracia en Buenos Aires. Los directores locales tienen escasas potestades. Cualquier funcionario de cuarta de la central tiene más facultades.
El ex director Carlos Ragazzoni convocó al Primer Encuentro Nacional de Adultos Mayores, entre PAMI y Anses (5 al 7 de diciembre de 2016). La resolución 1568 pasó por 7 gerencias, subgerencias y jefaturas. Había más empleados que representantes de los jubilados.
Los excedentes son intangibles. Sin embargo, durante la gestión de Luciano Di Césare, más de $ 5.000.000.000 fueron destinados al Tesoro Nacional para paliar su déficit. Se ha prestado dinero de PAMI a un club de fútbol.
La Sindicatura debería fiscalizar y controlar. Desde 2011 no se presentaron balances. Según TN, el déficit habría aumentado $ 900.000.000 por compras de medicamentos a ciertos laboratorios.
El Instituto podrá ser intervenido cuando graves situaciones afecten su funcionamiento. La intervención no podrá exceder de 180 días (Art. 14º). Lleva 15 años ilegalmente intervenido.
Realizan ajustes sobre medicamentos y prestaciones para los jubilados, no en los elevados sueldos jerárquicos.
Hay deudas con las provincias por prestaciones a jubilados en hospitales públicos. Con Mendoza superan los $110.000.000.
A los centros de jubilados, circular 44/17, les han suspendido el pago de actividades social-preventivas, como danza, canto, yoga, manualidades, memoria y otras, con grave perjuicio a los adultos y los centros.
Se modificó -Resolución 005/2007- el sistema de subsidios en medicamentos para enfermos.
Investigar es positivo para concluir con los fraudes y los abusos pero eliminar los subsidios en medicamentos a hipertensos, o con enfermedades crónicas, urológicas, cardíacas y pulmonares o diabéticas, constituye un ataque a la salud y probablemente a la vida. Esta medida fue mal instrumentada y peor aplicada. Genera pérdidas de tiempo y hartazgo a millones de jubilados que deben esperar 2 ó 3 horas, (como en los bancos) o días, para ser atendidos.
Los requisitos son certificados de pobreza. No ganar más de $ 8.500 (que no alcanzan para vivir) y no tener casas ni un auto de menos de 10 años. Afectan derechos adquiridos con la salud de quienes son mayores y están más desprotegidos. Mientras se aumentan los ingresos por la reparación histórica de Anses, se los reduce con la quita por medicamentos.
Cuestionamos el necio argumento sobre aviones y barcos. En Mendoza sobre 250.000 jubilados, sólo dos tienen lanchitas, frente a miles que deberán justificar que son pobres.
Como contrapartida, nombran 220 funcionarios con sueldos que superan $ 100.000; compran 40 camionetas 4 x 4 para jerárquicos; adquieren 80 ambulancias, destinadas al Gran Buenos Aires; prestan millones al Estado y gastan fortunas en publicidad y otros.
Mediante resolución 395/07 se vuelve al perimido, retrógado y absurdo sistema de pago capitado, que generó corrupción. Abandonan el prestacional, que es más justo y obliga a la atención del paciente.
Profesionales, oftalmólogos y otros especialistas resolvieron dejar en libertad para atender o no a los afiliados de PAMI. Igual posición adoptarían clínicas y sanatorios.
La insatisfacción, las pérdidas de horas y días para obtener prestaciones médicas, remedios, muletas, sillas de ruedas, o un par de anteojos, generan hartazgo, sobre todo en adultos que tienen 70, 80, o 90 años. Faltan el respeto. Violan la Constitución, leyes y acuerdos internacionales.
Hace 2 años falleció en la sede de PAMI la señora Mireya Córdoba. Llevaba 15 días esperando una receta para su tratamiento cardíaco. ¿Tendrá que repetirse otro lamentable suceso para que los funcionarios adviertan la gravedad de la situación?
Quisimos informar al ministro de Gobierno, Dalmiro Garay. Llevamos 5 meses esperando una audiencia.
Todos los días mueren jubilados sin importarle a nadie. Somos humanos privados de derechos a buena salud y una vida digna.
Las opiniones vertidas en este espacio no necesariamente coinciden con la línea editorial de Diario Los Andes.
